Prensa Libre
El presidente Colom dijo ayer que se tomó la decisión luego de un mes de análisis y consultas con diversos sectores.
Un no al indulto presidencial dio ayer el gobernante Álvaro Colom, por considerar que ese decreto, aprobado por el Congreso en febrero recién pasado y que restituía la aplicación de la pena de muerte, contiene inconstitucionalidades.
Colom vetó esa ley, y la regresó ayer mismo al Congreso; por lo tanto, continúa el impedimento para ejecutar las penas de muerte dictadas por los tribunales, debido a que no hay quién conozca el indulto o recurso de gracia, mediante el cual un reo busca que se le cambie esa sentencia por una de prisión.
“El Gobierno ha tomado la decisión de vetar la ley del indulto”, anunció el mandatario en conferencia de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura. Atrás de Colom, permanecieron de pie miembros de su Gabinete.
“El presidente debe ser el garante de la Constitución, y mal haría en sancionar una ley que a nuestra percepción tiene inconstitucionalidades”, señaló.
El Ejecutivo cree que el decreto 06-2008, aprobado por el Congreso el 12 de febrero recién pasado, viola varios artículos de la Carta Magna. Entre sus argumentos, esgrime que restaura la aplicación de la pena de muerte, “lo que va en contra del principio del derecho a la vida”.
El decreto 06-2008 contó con el apoyo de la mayoría de las bancadas, incluida la oficial, y proponía resolver un vacío legal existente desde el 2000, cuando se derogó el decreto que regulaba el recurso de gracia. “Así, al darle nueva vida al recurso del indulto presidencial, le otorgaría vía libre a reanudar la práctica de la pena capital en el país”, adujo.
División profunda
El anuncio de ayer del presidente había generado gran expectación, porque sectores nacionales y extranjeros se mostraron en posiciones opuestas respecto de la posibilidad de reiniciar la ejecución de reos condenados a morir.
Por un lado, sondeos revelaron que gran parte de la población favorece la pena de muerte. Además, grupos como las iglesias evangélicas y algunos partidos políticos indicaron que se debe aplicar, porque es parte de las leyes nacionales.
Por el otro, la Iglesia Católica, gobiernos de países cooperantes y organizaciones humanitarias internacionales reiteraron su rotundo rechazo a la sanción.
Al respecto, Colom dijo ayer: “En este mes, vimos la división que provoca el tema de la pena de muerte”. Por eso, anunció que, como parte del sistema nacional de diálogo, convocará a una mesa en la que se discutirá específicamente ese asunto.
Aseguró que está consciente de que la decisión de vetar el indulto podrá representar un costo político para su gestión, pero afirmó que “un presidente no trabaja para votos; trabaja por el beneficio del país al corto, mediano y largo plazos”.
En ese sentido, expresó: “Como gobernante, debo ver hacia el futuro, y cualquier ejecución por pena de muerte nos enfriaría sustantivamente las relaciones con los países más solidarios con Guatemala”.
En días anteriores, la Unión Europea, por medio de sus representantes, había señalado que el apoyo de algunos de sus miembros hacia el país podría estar en riesgo por el regreso de la pena capital.
Camino a derogarla
Durante el anuncio de ayer, el presidente agregó que la mesa de diálogo sobre la pena de muerte debe considerar que el país es uno de los últimos que todavía tiene en sus leyes esa sanción, y que el Estado ha hecho compromisos a nivel internacional en vías para eliminarla.
El mandatario envió, además, un mensaje al Congreso: “Hay formas de sustituir la pena de muerte para garantizar la certeza de castigo para estos criminales, que ya han sido condenados”.
Ahora, el indulto queda en manos del Legislativo, que deberá consultar a la Corte de Constitucionalidad sobre las correcciones que advierte el Ejecutivo.
Entre tanto, los 41 reos sentenciados a morir por medio de inyección letal se encuentran lejos de ser ejecutados.
El presidente Colom dijo ayer que se tomó la decisión luego de un mes de análisis y consultas con diversos sectores.
Un no al indulto presidencial dio ayer el gobernante Álvaro Colom, por considerar que ese decreto, aprobado por el Congreso en febrero recién pasado y que restituía la aplicación de la pena de muerte, contiene inconstitucionalidades.
Colom vetó esa ley, y la regresó ayer mismo al Congreso; por lo tanto, continúa el impedimento para ejecutar las penas de muerte dictadas por los tribunales, debido a que no hay quién conozca el indulto o recurso de gracia, mediante el cual un reo busca que se le cambie esa sentencia por una de prisión.
“El Gobierno ha tomado la decisión de vetar la ley del indulto”, anunció el mandatario en conferencia de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura. Atrás de Colom, permanecieron de pie miembros de su Gabinete.
“El presidente debe ser el garante de la Constitución, y mal haría en sancionar una ley que a nuestra percepción tiene inconstitucionalidades”, señaló.
El Ejecutivo cree que el decreto 06-2008, aprobado por el Congreso el 12 de febrero recién pasado, viola varios artículos de la Carta Magna. Entre sus argumentos, esgrime que restaura la aplicación de la pena de muerte, “lo que va en contra del principio del derecho a la vida”.
El decreto 06-2008 contó con el apoyo de la mayoría de las bancadas, incluida la oficial, y proponía resolver un vacío legal existente desde el 2000, cuando se derogó el decreto que regulaba el recurso de gracia. “Así, al darle nueva vida al recurso del indulto presidencial, le otorgaría vía libre a reanudar la práctica de la pena capital en el país”, adujo.
División profunda
El anuncio de ayer del presidente había generado gran expectación, porque sectores nacionales y extranjeros se mostraron en posiciones opuestas respecto de la posibilidad de reiniciar la ejecución de reos condenados a morir.
Por un lado, sondeos revelaron que gran parte de la población favorece la pena de muerte. Además, grupos como las iglesias evangélicas y algunos partidos políticos indicaron que se debe aplicar, porque es parte de las leyes nacionales.
Por el otro, la Iglesia Católica, gobiernos de países cooperantes y organizaciones humanitarias internacionales reiteraron su rotundo rechazo a la sanción.
Al respecto, Colom dijo ayer: “En este mes, vimos la división que provoca el tema de la pena de muerte”. Por eso, anunció que, como parte del sistema nacional de diálogo, convocará a una mesa en la que se discutirá específicamente ese asunto.
Aseguró que está consciente de que la decisión de vetar el indulto podrá representar un costo político para su gestión, pero afirmó que “un presidente no trabaja para votos; trabaja por el beneficio del país al corto, mediano y largo plazos”.
En ese sentido, expresó: “Como gobernante, debo ver hacia el futuro, y cualquier ejecución por pena de muerte nos enfriaría sustantivamente las relaciones con los países más solidarios con Guatemala”.
En días anteriores, la Unión Europea, por medio de sus representantes, había señalado que el apoyo de algunos de sus miembros hacia el país podría estar en riesgo por el regreso de la pena capital.
Camino a derogarla
Durante el anuncio de ayer, el presidente agregó que la mesa de diálogo sobre la pena de muerte debe considerar que el país es uno de los últimos que todavía tiene en sus leyes esa sanción, y que el Estado ha hecho compromisos a nivel internacional en vías para eliminarla.
El mandatario envió, además, un mensaje al Congreso: “Hay formas de sustituir la pena de muerte para garantizar la certeza de castigo para estos criminales, que ya han sido condenados”.
Ahora, el indulto queda en manos del Legislativo, que deberá consultar a la Corte de Constitucionalidad sobre las correcciones que advierte el Ejecutivo.
Entre tanto, los 41 reos sentenciados a morir por medio de inyección letal se encuentran lejos de ser ejecutados.
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