Europa, por fin, accedió ayer a la petición que tanto pedía Centroamérica: comenzar la negociación comercial a partir de los beneficios que ya obtiene, a través del sistema de preferencias arancelarias.
Ese parece ser el único avance de fondo al término de la V ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación (AA) entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica.
“La UE ha decidido mejorar su oferta e incluir la liberación y consolidación total del Sistema Generalizado de Preferencias plus (SGP plus)”, afirmó Rupert Shlegelmilch, jefe de unidad para relaciones comerciales con América Latina de la UE.
En el 2006, la UE concedió a la región un tratamiento especial (SGP plus), al quitar o disminuir aranceles a unos nueve mil productos importados desde el Istmo.
Sin embargo, al momento de sentarse a negociar el AA, en octubre del 2007, la UE dejó fuera de su oferta a dos productos que antes formaban parte del SGP plus, el camarón y el etanol.
El primero, que tenía un arancel (impuesto de ingreso), de 3.5 por ciento, ahora se pretendía subirlo al 12 por ciento, y para el etanol no se había contemplado una cifra.
Con el anuncio de ayer, se incluye esos productos y se acepta la insistente propuesta de los negociadores y de empresarios del Istmo de tomar como base de partida los beneficios que ya gozan en el SGP plus.
Ello significa que a la entrada en vigencia del acuerdo, Europa no disminuirá la preferencia a ningún producto en la lista, afirmó Rubén Morales jefe de negociadores de la región y viceministro de Economía de Guatemala.
Facilitación con precio
Pero la flexibilidad europea tiene un precio. Centroamérica deberá presentar una nueva oferta, en la cual se incluya el 90 por ciento de las líneas arancelarias (de productos), ya que durante la V ronda, ésta fue de 85.3 por ciento, mientras que la europea llegó al 94 por ciento.
“Hemos hecho esto en la confianza que (el gesto) llevará a una mejor oferta del lado centroamericano”, añadió Shlegelmilch.
Por aparte, en el área de cooperación hubo algunos acuerdos y adelantos, pero el pilar político que no se abordó, debido a que la región aún no se ha puesto de acuerdo en una postura, según Joao Aguiar Machado, jefe de negociación de la UE .
La VI ronda se prevé del 26 al 31 de enero del 2009. Sin embargo, habrá una reunión extraordinaria del 8 al 11 de diciembre, en Bruselas, Bélgica.
sábado, 11 de octubre de 2008
Congreso ha pagado Q1 millón en sedes sin uso
Prensa Libre
El Legislativo alquiló este año el edificio que hasta hace poco ocupaba el Ministerio Público.
Casi Q1 millón ha pagado el Congreso este año en trabajos y renta de dos edificios que aún no ocupa, cuya remodelación se ha retrasado debido al desacuerdo entre el Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) y la Dirección del Centro Histórico de la municipalidad.
Representantes del Idaeh y de la Dirección del Centro Histórico visitaron el jueves último las instalaciones que pertenecieron a la Camisería España y del antiguo edificio del Ministerio Público; el primero está situado a la par de la casa Larrazábal, en la 8a. avenida 9-67, y el segundo está entre la 10a. y 11 calles, zona 1.
La diferencia de criterios entre estas instituciones ha retrasado la extensión de los permisos para iniciar la remodelación, se quejó el equipo técnico de la Primera Secretaría del Congreso, durante una evaluación del avance de los trabajos.
“El Centro Histórico nos dice que se pueden botar las paredes y que no hay problema, solo se debe cuidar la fachada y otros aspectos; luego viene el Idaeh y nos prohíbe tocar la infraestructura, con el argumento de que es patrimonio cultural”, relataron los arquitectos a cargo de esas obras.
El diputado Roberto Alejos afirmó que —aunque los dictámenes no se han emitido— trabajan en la construcción de separaciones modulares que serían instaladas al obtener las autorizaciones, y confían en que éstas se obtendrán antes de finalizar este año.
Ambos recintos son alquilados por el Legislativo desde marzo y abril recién pasados, respectivamente, por Q60 mil mensuales cada uno.
Es decir que a la fecha se han gastado Q780 mil, más las estructuras que se construyen, a la espera de que el Idaeh y la Dirección del Centro Histórico se pongan de acuerdo.
Se tenía previsto trasladar hace cuatro meses las oficinas de bancadas y administrativas, pero esos inmuebles permanecen desocupados.
Actualmente, el Congreso eroga más de Q6 millones anuales en alquiler de varios edificios y parqueos aledaños, para vehículos de diputados y personal administrativo.
Casi Q1 millón ha pagado el Congreso este año en trabajos y renta de dos edificios que aún no ocupa, cuya remodelación se ha retrasado debido al desacuerdo entre el Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) y la Dirección del Centro Histórico de la municipalidad.
Representantes del Idaeh y de la Dirección del Centro Histórico visitaron el jueves último las instalaciones que pertenecieron a la Camisería España y del antiguo edificio del Ministerio Público; el primero está situado a la par de la casa Larrazábal, en la 8a. avenida 9-67, y el segundo está entre la 10a. y 11 calles, zona 1.
La diferencia de criterios entre estas instituciones ha retrasado la extensión de los permisos para iniciar la remodelación, se quejó el equipo técnico de la Primera Secretaría del Congreso, durante una evaluación del avance de los trabajos.
“El Centro Histórico nos dice que se pueden botar las paredes y que no hay problema, solo se debe cuidar la fachada y otros aspectos; luego viene el Idaeh y nos prohíbe tocar la infraestructura, con el argumento de que es patrimonio cultural”, relataron los arquitectos a cargo de esas obras.
El diputado Roberto Alejos afirmó que —aunque los dictámenes no se han emitido— trabajan en la construcción de separaciones modulares que serían instaladas al obtener las autorizaciones, y confían en que éstas se obtendrán antes de finalizar este año.
Ambos recintos son alquilados por el Legislativo desde marzo y abril recién pasados, respectivamente, por Q60 mil mensuales cada uno.
Es decir que a la fecha se han gastado Q780 mil, más las estructuras que se construyen, a la espera de que el Idaeh y la Dirección del Centro Histórico se pongan de acuerdo.
Se tenía previsto trasladar hace cuatro meses las oficinas de bancadas y administrativas, pero esos inmuebles permanecen desocupados.
Actualmente, el Congreso eroga más de Q6 millones anuales en alquiler de varios edificios y parqueos aledaños, para vehículos de diputados y personal administrativo.
Guatemala tiene la menor cobertura policial del Istmo
La Policía Nacional Civil sumaba 21 mil efectivos, en el 2004, pero en la actualidad tiene solo 18 mil 600. (Foto Prensa Libre: Archivo).
Por leonardo cereser aguirre
Los 18 mil 600 efectivos con que cuenta la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar a los 13 millones de habitantes convierte al país en el de menor cobertura policial en el Istmo.
Según registros oficiales, en Guatemala hay un agente por cada 698 personas.
Las depuraciones constantes por corrupción, o por señalamientos de algún crimen, y las bajas por retiro voluntario han mermado la cantidad de policías.
Esta institución sumaba 21 mil efectivos, en el 2004, pero en la actualidad tiene solo 18 mil 600.
Otro factor que influye son los nuevos requisitos para ingresar en la Academia de la PNC.
La cobertura es mejor en los demás países de Centroamérica.
En Costa Rica hay un agente por cada 372 habitantes, y en El Salvador, uno por cada 388.5. Estas dos naciones tienen los mejores promedios del Istmo.
Honduras está mejor que Guatemala, con un efectivo para resguardar a 569 personas, y Nicaragua, con uno para 540.
Esas cifras toman en cuenta a todo el personal de la PNC, pero los descansos de la mitad de los agentes, por sus turnos, reducen más la cobertura.
Marlene Blanco Lapola, directora de la Policía, afirmó que es más importante la calidad que la cantidad, y que prefiere quedarse “con pocos, pero buenos”.
El Ministerio de Gobernación tiene como objetivo incrementar a 45 mil el número de agentes antes de que concluya el mandato del presidente Álvaro Colom, y para lograrlo se acondiciona una nueva academia en San Juan Sacatepéquez.
Esas instalaciones permitirán dar entrenamiento a más policías, que se sumarán a los cerca de dos mil que prepara la academia de la zona 6.
En Guatemala hay un agente por cada cinco kilómetros cuadrados del territorio nacional.
En lo que va del año, 470 efectivos de esa institución han sido depurados, y 17 comisarios se retiraron el 21 de septiembre recién pasado.
Por leonardo cereser aguirre
Los 18 mil 600 efectivos con que cuenta la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar a los 13 millones de habitantes convierte al país en el de menor cobertura policial en el Istmo.
Según registros oficiales, en Guatemala hay un agente por cada 698 personas.
Las depuraciones constantes por corrupción, o por señalamientos de algún crimen, y las bajas por retiro voluntario han mermado la cantidad de policías.
Esta institución sumaba 21 mil efectivos, en el 2004, pero en la actualidad tiene solo 18 mil 600.
Otro factor que influye son los nuevos requisitos para ingresar en la Academia de la PNC.
La cobertura es mejor en los demás países de Centroamérica.
En Costa Rica hay un agente por cada 372 habitantes, y en El Salvador, uno por cada 388.5. Estas dos naciones tienen los mejores promedios del Istmo.
Honduras está mejor que Guatemala, con un efectivo para resguardar a 569 personas, y Nicaragua, con uno para 540.
Esas cifras toman en cuenta a todo el personal de la PNC, pero los descansos de la mitad de los agentes, por sus turnos, reducen más la cobertura.
Marlene Blanco Lapola, directora de la Policía, afirmó que es más importante la calidad que la cantidad, y que prefiere quedarse “con pocos, pero buenos”.
El Ministerio de Gobernación tiene como objetivo incrementar a 45 mil el número de agentes antes de que concluya el mandato del presidente Álvaro Colom, y para lograrlo se acondiciona una nueva academia en San Juan Sacatepéquez.
Esas instalaciones permitirán dar entrenamiento a más policías, que se sumarán a los cerca de dos mil que prepara la academia de la zona 6.
En Guatemala hay un agente por cada cinco kilómetros cuadrados del territorio nacional.
En lo que va del año, 470 efectivos de esa institución han sido depurados, y 17 comisarios se retiraron el 21 de septiembre recién pasado.
jueves, 9 de octubre de 2008
Guatemaltecos viven drama tras reciente redada en EE UU
Prensa Libre
Greenville, Carolina del Sur — Cuando la guatemalteca Magdalena Domingo Ramírez López se mudó a Greenville, hace casi dos años para trabajar en una planta procesadora de pollos se sintió como en su casa, pero esa felicidad se disipó de un golpe el pasado 7 de octubre, cuando agentes federales realizaron una redada en la planta y arrestaron a 330 presuntos indocumentados.
En la redada fueron detenidos 187 guatemaltecos, 30 de los cuales fueron liberados por razones humanitarias.
Los fines de semana, el barrio vecino de la planta The House of Raeford se llenaba con los sonidos de música salsa y los aromas de la comida de su Guatemala natal. La mujer, de 29 años, iba de compras con sus tres hijos a las tiendas cercanas que abastecen a los inmigrantes hispanos, algunos ilegales en el país, otros no.
Las imágenes y los sonidos le hacían recordar al país, y ella se sentía feliz de vivir en Estados Unidos, un lugar que le ofrecía una vida mejor para su familia.
Ramírez fue arrestada en la redada y podría ser deportada, como sucedió con su esposo hace dos años.
“Toda mi vida ha cambiado”, dijo López, con lágrimas en las mejillas. “No quiero regresar. Mis hijos están mejor aquí. Mi país (Guatemala) es muy pobre; no hay nada allá”.
En respuesta a pedidos de que comentase, una portavoz del servicio de inmigración y aduanas dijo solamente que los arrestados estaban violando las leyes de inmigración.
Un día después de la redada, las familias esperaban por noticias de sus seres queridos en centros de detención. Mientras tanto, calles y negocios estaban vacíos porque quienes no fueron detenidos permanecen en sus casas, temerosos de que regresen los agentes federales.
Apenas días antes, trabajadores de la planta avícola llenaban las calles de los barrios alrededor de la planta.
La transformación de la comunidad fue lenta pero continua durante los últimos 15 años a medida que los recién llegados reemplazaban a los trabajadores negros y blancos.
Los residentes del barrio que estaban al tanto de los cargos federales contra supervisores de plantas acusados de ayudar a inmigrantes sin papeles a falsificar documentos no pensaron que los problemas les alcanzarían.
Después de todo, ellos estaban aquí para dar a la planta largas horas de trabajo pesado, y a los funcionarios locales no parecía importarles. Ese pensamiento probablemente era compartido por inmigrantes en comunidades de todo el país, incluidos estados en el sur, Iowa y Nueva York, que han sido atrapados en redadas similares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
López creía que estaba a salvo. Pero pasó la mayor parte del martes siendo interrogada por agentes federales que le tomaron sus huellas dactilares. En cualquier momento podría ser enviada de regreso a Guatemala. Sus hijos, de cuatro, cinco y seis años de edad, nacieron en Estados Unidos.
“Lloré todo el tiempo que estuve con los policías. Seguía pensando en mis hijos; en que ya no los vería nuevamente”, comentó.
Ella salió de Centroamérica porque no quería que su familia viviese en un lugar en el que ella estaba tan hambrienta que a veces tuvo que comer hierba y tierra.
“Vine a Estados Unidos a trabajar. Vine en paz. Lo que quería era ayudar a mis hijos a crecer en un lugar mejor. Ahora todo eso se esfumó”, dijo López.
House of Raeford procesa pollos y pavos en ocho plantas en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Luisiana y Michigan. La planta de Greenville y sus casi 900 trabajadores han estado bajo escrutinio durante casi un año, mientras las autoridades locales investigaban denuncias de que la compañía contrató a sabiendas a inmigrantes sin papeles. Once supervisores de la planta y el director de recursos humanos han sido arrestados, mayormente por falsificar documentos de inmigración.
La compañía emitió una declaración diciendo que nunca contrató a sabiendas a indocumentados y que estaba cooperando con las autoridades.
Muchos dijeron que no tenían idea alguna de los problemas legales ni de que se avecinaba una redada.
“Nunca pensamos que ellos iban a venir y arrestar a todo el mundo”, dijo Jorge Mendoza, de 35 años, quien no estuvo durante la redada porque trabajaba el segundo turno. “Eso sería como cerrar la planta. Ellos no harían eso, pensamos nosotros. La planta está demasiado atareada”.
Mendoza dice que planea mudar a su familia porque es demasiado peligroso quedarse.
Policías del condado Greenville no podían hacer mucho acerca de los indocumentados porque no hay una ley en Carolina del Sur que prohiba estar en Estados Unidos sin permiso. En lugar de ello, los policías que pensaron que habían arrestado o hablado con un indocumentado recibieron instrucciones de comunicarse con las autoridades federales de inmigración, dijo el subjefe policial Michael Hildebrand.
Los arrestados en la redada enfrentan varios cargos, incluyendo de haber regresado ilegalmente al país tras ser deportados, falsificación de documentos y declaraciones falsas. Todos están bajo custodia federal y se les han iniciado trámites de deportación.
López está bajo arresto domiciliario y tiene que llevar un monitor electrónico en el tobillo hasta su audiencia de deportación el 14 de noviembre. No tiene dinero para contratar a un abogado.
Su hijo de cuatro años, Issias, se recupera de una operación y ella dudad que pueda recibir atención médica apropiada en Guatemala, adonde ella planea llevar a sus hijos para reunirlos con el padre.
Emilio Espinoza es el gerente del Restaurante Guatemala en un centro comercial con una tienda de abastecimientos, una panadería y un club nocturno, todos con clientela hispana.
Su restaurante, usualmente atestado, estaba vacío a la hora de almuerzo el miércoles por primera vez desde que lo abrió hace siete años. La mitad de su empleados no se presentaron por temor a la presencia de los agentes de inmigración en el área.
“La gente tiene miedo de salir de sus casas”, dijo Espinoza, de 35 años.
David Wynn afirmó que ha visto el barrio cambiar alrededor de su tienda de acondicionadores de aire y equipos de calefacción al otro lado de la calle de la planta.
Todo el mundo sabía que la planta contrataba a inmigrantes indocumentados, señaló Wynn, y añadió que nadie hacía nada al respecto porque los trabajadores realizaban labores que nadie más quería hacer. Con el deterioro de la economía, eso probablemente ya no es así, y a Wynn le preocupa qué va a suceder a las personas atrapadas en la redada.
Greenville, Carolina del Sur — Cuando la guatemalteca Magdalena Domingo Ramírez López se mudó a Greenville, hace casi dos años para trabajar en una planta procesadora de pollos se sintió como en su casa, pero esa felicidad se disipó de un golpe el pasado 7 de octubre, cuando agentes federales realizaron una redada en la planta y arrestaron a 330 presuntos indocumentados.
En la redada fueron detenidos 187 guatemaltecos, 30 de los cuales fueron liberados por razones humanitarias.
Los fines de semana, el barrio vecino de la planta The House of Raeford se llenaba con los sonidos de música salsa y los aromas de la comida de su Guatemala natal. La mujer, de 29 años, iba de compras con sus tres hijos a las tiendas cercanas que abastecen a los inmigrantes hispanos, algunos ilegales en el país, otros no.
Las imágenes y los sonidos le hacían recordar al país, y ella se sentía feliz de vivir en Estados Unidos, un lugar que le ofrecía una vida mejor para su familia.
Ramírez fue arrestada en la redada y podría ser deportada, como sucedió con su esposo hace dos años.
“Toda mi vida ha cambiado”, dijo López, con lágrimas en las mejillas. “No quiero regresar. Mis hijos están mejor aquí. Mi país (Guatemala) es muy pobre; no hay nada allá”.
En respuesta a pedidos de que comentase, una portavoz del servicio de inmigración y aduanas dijo solamente que los arrestados estaban violando las leyes de inmigración.
Un día después de la redada, las familias esperaban por noticias de sus seres queridos en centros de detención. Mientras tanto, calles y negocios estaban vacíos porque quienes no fueron detenidos permanecen en sus casas, temerosos de que regresen los agentes federales.
Apenas días antes, trabajadores de la planta avícola llenaban las calles de los barrios alrededor de la planta.
La transformación de la comunidad fue lenta pero continua durante los últimos 15 años a medida que los recién llegados reemplazaban a los trabajadores negros y blancos.
Los residentes del barrio que estaban al tanto de los cargos federales contra supervisores de plantas acusados de ayudar a inmigrantes sin papeles a falsificar documentos no pensaron que los problemas les alcanzarían.
Después de todo, ellos estaban aquí para dar a la planta largas horas de trabajo pesado, y a los funcionarios locales no parecía importarles. Ese pensamiento probablemente era compartido por inmigrantes en comunidades de todo el país, incluidos estados en el sur, Iowa y Nueva York, que han sido atrapados en redadas similares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
López creía que estaba a salvo. Pero pasó la mayor parte del martes siendo interrogada por agentes federales que le tomaron sus huellas dactilares. En cualquier momento podría ser enviada de regreso a Guatemala. Sus hijos, de cuatro, cinco y seis años de edad, nacieron en Estados Unidos.
“Lloré todo el tiempo que estuve con los policías. Seguía pensando en mis hijos; en que ya no los vería nuevamente”, comentó.
Ella salió de Centroamérica porque no quería que su familia viviese en un lugar en el que ella estaba tan hambrienta que a veces tuvo que comer hierba y tierra.
“Vine a Estados Unidos a trabajar. Vine en paz. Lo que quería era ayudar a mis hijos a crecer en un lugar mejor. Ahora todo eso se esfumó”, dijo López.
House of Raeford procesa pollos y pavos en ocho plantas en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Luisiana y Michigan. La planta de Greenville y sus casi 900 trabajadores han estado bajo escrutinio durante casi un año, mientras las autoridades locales investigaban denuncias de que la compañía contrató a sabiendas a inmigrantes sin papeles. Once supervisores de la planta y el director de recursos humanos han sido arrestados, mayormente por falsificar documentos de inmigración.
La compañía emitió una declaración diciendo que nunca contrató a sabiendas a indocumentados y que estaba cooperando con las autoridades.
Muchos dijeron que no tenían idea alguna de los problemas legales ni de que se avecinaba una redada.
“Nunca pensamos que ellos iban a venir y arrestar a todo el mundo”, dijo Jorge Mendoza, de 35 años, quien no estuvo durante la redada porque trabajaba el segundo turno. “Eso sería como cerrar la planta. Ellos no harían eso, pensamos nosotros. La planta está demasiado atareada”.
Mendoza dice que planea mudar a su familia porque es demasiado peligroso quedarse.
Policías del condado Greenville no podían hacer mucho acerca de los indocumentados porque no hay una ley en Carolina del Sur que prohiba estar en Estados Unidos sin permiso. En lugar de ello, los policías que pensaron que habían arrestado o hablado con un indocumentado recibieron instrucciones de comunicarse con las autoridades federales de inmigración, dijo el subjefe policial Michael Hildebrand.
Los arrestados en la redada enfrentan varios cargos, incluyendo de haber regresado ilegalmente al país tras ser deportados, falsificación de documentos y declaraciones falsas. Todos están bajo custodia federal y se les han iniciado trámites de deportación.
López está bajo arresto domiciliario y tiene que llevar un monitor electrónico en el tobillo hasta su audiencia de deportación el 14 de noviembre. No tiene dinero para contratar a un abogado.
Su hijo de cuatro años, Issias, se recupera de una operación y ella dudad que pueda recibir atención médica apropiada en Guatemala, adonde ella planea llevar a sus hijos para reunirlos con el padre.
Emilio Espinoza es el gerente del Restaurante Guatemala en un centro comercial con una tienda de abastecimientos, una panadería y un club nocturno, todos con clientela hispana.
Su restaurante, usualmente atestado, estaba vacío a la hora de almuerzo el miércoles por primera vez desde que lo abrió hace siete años. La mitad de su empleados no se presentaron por temor a la presencia de los agentes de inmigración en el área.
“La gente tiene miedo de salir de sus casas”, dijo Espinoza, de 35 años.
David Wynn afirmó que ha visto el barrio cambiar alrededor de su tienda de acondicionadores de aire y equipos de calefacción al otro lado de la calle de la planta.
Todo el mundo sabía que la planta contrataba a inmigrantes indocumentados, señaló Wynn, y añadió que nadie hacía nada al respecto porque los trabajadores realizaban labores que nadie más quería hacer. Con el deterioro de la economía, eso probablemente ya no es así, y a Wynn le preocupa qué va a suceder a las personas atrapadas en la redada.
Guatemala pierde ante Argentina en Futsal
Prensa Libre
Erick Acevedo disputa el balón a un jugado argentino
Con un gran esfuerzo por igualar el marcador, la selección nacional cayó 1-2 contra Argentina y se despidió de la oportunidad de clasificar a la segunda ronda del Campeonato Mundial de Futsal.
Sobre la duela del gimnasio Nilson Nelson de Brasilia, el quinteto guatemalteco luchó de forma incansable en la segunda parte para encontrar la victoria que le permitiera ocupar el segundo puesto del Grupo C, pero solo fue posible hacer el gol del descuento en los segundos finales.
Matías Lucuix en el primer minuto abrió la cuenta para los sudamericanos, en la segunda parte, al 28, Fernando Wilhelm marcó el 2-0. El descuento nacional lo convirtió Manuel Aristondo al 39.
Guatemala concluyó en tercer lugar del grupo con 6 puntos, producto de los triunfos sobre Egipto (1-0) y China (10-1).
Erick Acevedo disputa el balón a un jugado argentino
Con un gran esfuerzo por igualar el marcador, la selección nacional cayó 1-2 contra Argentina y se despidió de la oportunidad de clasificar a la segunda ronda del Campeonato Mundial de Futsal.
Sobre la duela del gimnasio Nilson Nelson de Brasilia, el quinteto guatemalteco luchó de forma incansable en la segunda parte para encontrar la victoria que le permitiera ocupar el segundo puesto del Grupo C, pero solo fue posible hacer el gol del descuento en los segundos finales.
Matías Lucuix en el primer minuto abrió la cuenta para los sudamericanos, en la segunda parte, al 28, Fernando Wilhelm marcó el 2-0. El descuento nacional lo convirtió Manuel Aristondo al 39.
Guatemala concluyó en tercer lugar del grupo con 6 puntos, producto de los triunfos sobre Egipto (1-0) y China (10-1).
martes, 7 de octubre de 2008
Hombre mantuvo como rehenes a trabajadores, por más de cuatro horas
Prensa Libre
al filo de la medianoche los rehenes fueron liberados.
Cerca de 50 empleados de una empresa que opera en el edificio situado en la 15 avenida 17-30, zona 13, fueron tomados como rehenes anoche, por más de cuatro horas, por un hombre que exigía que otra persona, por asuntos sentimentales, llegara al inmueble, informó la Policía.
La acción, que comenzó cerca de las 19.30 horas, movilizó a un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) y ocho unidades de los bomberos Voluntarios y Municipales, entre motobombas y un autoescala, para auxiliar a personas evacuadas que sufrían de crisis nerviosas. A las 23.50 horas, los trabajadores fueron liberados.
El individuo, que fue identificado como Luis Fernando Escobar Martínez, de 29 años, encañonó al guardia Marco Tulio Jiménez, a quien despojó de su arma para ingresar en el edificio, y luego tomó como rehenes a los empleados de un centro de llamadas que opera en el quinto nivel del inmueble.
Trascendió que Escobar llegó a la empresa en busca de su esposa, Beatriz Hernández, quien labora en el edificio, y la tomó de rehén junto con el resto de empleados.
Tres horas después, la tensión se mantenía en el lugar, pues el individuo mantenía retenidos a los trabajadores.
Familiares de los rehenes se presentaron a preguntar por sus seres queridos, en las afueras del edificio.
Agentes del Grupo de Acción Rápida, entrenado para este tipo de situaciones, intentaban, a las 23 horas, negociar con Escobar, para que liberara a los rehenes. Sin embargo, 45 minutos después, depuso su actitud.
Según investigadores de la PNC, Escobar mantenía un explosivo plástico y amenazaba con detonarlo.
A las 22.50 horas, se observó que un comisario, acompañado de varios agentes de la Policía, llevó comida, supuestamente para los rehenes, que permanecían en el quinto nivel del edificio.
Rony López, fiscal contra el Crimen Organizado, se presentó anoche para negociar con el individuo, que, según investigadores, enfrenta varias demandas por deudas.
Cerca de 50 empleados de una empresa que opera en el edificio situado en la 15 avenida 17-30, zona 13, fueron tomados como rehenes anoche, por más de cuatro horas, por un hombre que exigía que otra persona, por asuntos sentimentales, llegara al inmueble, informó la Policía.
La acción, que comenzó cerca de las 19.30 horas, movilizó a un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) y ocho unidades de los bomberos Voluntarios y Municipales, entre motobombas y un autoescala, para auxiliar a personas evacuadas que sufrían de crisis nerviosas. A las 23.50 horas, los trabajadores fueron liberados.
El individuo, que fue identificado como Luis Fernando Escobar Martínez, de 29 años, encañonó al guardia Marco Tulio Jiménez, a quien despojó de su arma para ingresar en el edificio, y luego tomó como rehenes a los empleados de un centro de llamadas que opera en el quinto nivel del inmueble.
Trascendió que Escobar llegó a la empresa en busca de su esposa, Beatriz Hernández, quien labora en el edificio, y la tomó de rehén junto con el resto de empleados.
Tres horas después, la tensión se mantenía en el lugar, pues el individuo mantenía retenidos a los trabajadores.
Familiares de los rehenes se presentaron a preguntar por sus seres queridos, en las afueras del edificio.
Agentes del Grupo de Acción Rápida, entrenado para este tipo de situaciones, intentaban, a las 23 horas, negociar con Escobar, para que liberara a los rehenes. Sin embargo, 45 minutos después, depuso su actitud.
Según investigadores de la PNC, Escobar mantenía un explosivo plástico y amenazaba con detonarlo.
A las 22.50 horas, se observó que un comisario, acompañado de varios agentes de la Policía, llevó comida, supuestamente para los rehenes, que permanecían en el quinto nivel del edificio.
Rony López, fiscal contra el Crimen Organizado, se presentó anoche para negociar con el individuo, que, según investigadores, enfrenta varias demandas por deudas.
El ex presidente Alfonso Portillo es extraditado al país
El ex presidente Alfonso Portillo ha vivido en México desde 2004. (Foto Prensa Libre: Archivo)
El Estado mexicano ha extraditado al ex presidente Alfonso Portillo y fue entregado inmediatamente al país, informó hoy el fiscal general Amílcar Velásquez.
“Fuimos notificados del Estado mexicano al de Guatemala y ahora los fiscales están a la espera de la recepción” del ex mandatario, explicó a Emisoras Unidas Velásquez.
Portillo fue trasladado en un avión de la Procuraduría General de la República (PGR) de México y llegó a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), de donde fue trasladado al edificio del Organismo Judicial para comparecer ante un tribunal.
Portillo es sindicado de los delitos de abuso de autoridad y peculado, por un desfalco de Q244 millones en el extinto Estado Mayor Presidencial.
El juez Quinto de Primera Instancia Penal, Julio Xitumul, señaló que espera la comparecencia de Portillo para celebrar la audiencia de primera declaración.
El Estado mexicano ha extraditado al ex presidente Alfonso Portillo y fue entregado inmediatamente al país, informó hoy el fiscal general Amílcar Velásquez.
“Fuimos notificados del Estado mexicano al de Guatemala y ahora los fiscales están a la espera de la recepción” del ex mandatario, explicó a Emisoras Unidas Velásquez.
Portillo fue trasladado en un avión de la Procuraduría General de la República (PGR) de México y llegó a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), de donde fue trasladado al edificio del Organismo Judicial para comparecer ante un tribunal.
Portillo es sindicado de los delitos de abuso de autoridad y peculado, por un desfalco de Q244 millones en el extinto Estado Mayor Presidencial.
El juez Quinto de Primera Instancia Penal, Julio Xitumul, señaló que espera la comparecencia de Portillo para celebrar la audiencia de primera declaración.
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