Clientelismo en trámites del CIV

Prensa Libre

Jorge F. Cáceres, director de Precalificados, ofreció investigar y corregir irregularidades.

El Registro de Precalificados, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), fue señalado ayer de favorecer a empresas de familiares de quienes integran la Junta Calificadora, aunque no cumplan con requisitos legales.

El presidente de la Comisión legislativa de Comunicaciones, Noé Orellana, afirmó que Eduardo Daccarett, Byron Rodolfo Chinchilla y Jorge Alfonso Estrada —vocales de la Junta Calificadora— “han actuado de forma clientelista”, al autorizar o actualizar la inscripción de empresas que no reúnen las calidades necesarias para ello o que presentaron información falsa.

El Registro de Precalificados es el que determina qué empresas son aptas para participar en las licitaciones de obras que ejecuta el CIV. Las autoridades de esta dependencia acudieron ayer al Congreso, por citación de Orellana.

El legislador dijo que las autorizaciones se han emitido en uno o dos días, mientras otros contratistas se quejan de que demoran meses para atender sus solicitudes.

Como ejemplo citó el caso de la Constructora Arista, que pidió ser incluida en ese registro el 22 de febrero último, y fue admitida ese mismo día, a pesar de que presentó una declaración falsa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y no demostró que posee la maquinaria y el equipo que describió en su expediente.

Esa empresa es propiedad de Nydia Verónica Tejeda, esposa de Daccarett, quien, además de ser vocal de la Junta Calificadora de Precalificados, figura como director de obras de esa constructora, y afirma en el expediente que prestará sus servicios en sus oficinas y en el campo.

“No solo hubo falsedad, sino que el vocal calificó su propia hoja de vida y le dio el visto bueno a su empresa —en tiempo récord—, para que le preste servicios al Estado”, criticó Orellana.

Jorge Filiberto Cáceres, director de ese registro, ofreció disculpas a los contratistas por esas irregularidades, y prometió que hará esfuerzos porque “no ocurran más en el futuro”. “Yo confiaba en los dictámenes de la comisión calificadora; he trabajado con amor y pasión”, afirmó con voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

Escuintla clama por seguridad a Gobernación

Prensa Libre
Los vecinos de Escuintla tienen temor hasta de salir a las calles. La delincuencia en ese lugar se ha incrementado tanto que ese departamento se ha convertido en el segundo más violento del país, lo que ha llevado a sus alcaldes a clamar por ayuda.

Los jefes ediles de 10 municipios de Escuintla y su gobernador, Pedro René Escobar, se reunieron ayer en el Congreso con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para pedirle acciones inmediatas de combate del crimen en ese departamento, donde se comete 6.51 por ciento de los delitos del país —el primer lugar en inseguridad lo tiene Guatemala, con 47.15 por ciento de los crímenes—, según el último reporte de la Policía computado de agosto a septiembre últimos.

Estadísticas señalan que, del 1 de enero al 31 de agosto del 2008, en ese departamento hubo 319 muertes violentas, de las cuales 280 fueron ocasionadas con arma de fuego.

En ese período, en el 2007, se registraron 265 crímenes.

Soluciones conjuntas
Los alcaldes acordaron reunirse con el ministro de Gobernación el lunes próximo, para definir estrategias conjuntas de combate contra la criminalidad.

“Tenemos un déficit en el número de agentes de la Policía Nacional Civil, por lo que debemos trabajar con el poder local para lograr hacer más eficientes nuestros recursos. Los alcaldes y gobernadores deben jugar un papel fundamental, para coordinar la seguridad”, explicó Jiménez.

Francisco Vásquez Montepeque, alcalde de La Gomera y presidente de la Asociación de Municipalidades de Escuintla, manifestó que tienen voluntad de colaborar para solucionar un problema que los preocupa.

Escuintlecos han declarado que están desesperados por robos, extorsiones, secuestros, asaltos y asesinatos contra hombres y mujeres, a cualquier hora del día.

Ordenan a diputada devolver viáticos

Prensa Libre

La diputada Delia Back envió una carta con la que intenta frenar la disposición de la Contraloría.

La diputada Delia Back, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tiene tres días para devolver los Q51 mil 335 que cobró por un viaje pagado a Corea, en junio último, según dictamen de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Carlos Mencos, jefe de la CGC, explicó que los auditores del Congreso, después de haber efectuado una minuciosa investigación, “determinaron la improcedencia del pago que se hizo a la diputada, debido a que la invitación que realizó la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) establecía que esta entidad cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje y alimentación”, según la traducción jurada.

Prensa Libre informó el 20 de septiembre recién pasado que Back cobró viáticos, por un viaje que incluía gastos pagados.

En esa ocasión, al ser consultada, la congresista afirmó que había perdido el vuelo y que gastó US$700 en un nuevo boleto, lo cual fue desmentido por la Dirección Financiera del Legislativo, en un informe que rindió a la Junta Directiva.

Por ello, el Congreso decidió dejar en manos de la CGC el dictamen del expediente, según Arístides Crespo, presidente de ese organismo y quien ha reiterado que los viáticos de Back fueron aprobados por Eduardo Meyer, ex presidente legislativo.

Intenta mediar
La diputada fue notificada de la disposición del ente fiscalizador el jueves recién pasado, y no satisfecha envió una respuesta a la Contraloría, en la que expone: “He iniciado diligencias ante la Junta Directiva del Congreso, conforme al Reglamento de Gastos para Comisiones Oficiales de este organismo, mismas que serán conocidas y resueltas el 21 de octubre (...), de manera que, conforme a lo que resuelva este órgano, me permitirá realizar el procedimiento que estime más conveniente, conforme a las normas legales”.

El argumento de la legisladora es una carta enviada a Crespo, tres horas después de la notificación de la Contraloría, donde le pide que los Q51 mil 335 que cobró por viáticos sean reconocidos como “otros gastos”.

Agota instancias
Sin embargo, Back también eligió a alguien que abogara por ella en la Contraloría: Maura Estrada, de la UNE, tercera vicepresidenta del Congreso y candidata a primera secretaria de la Junta Directiva para el 2009.

Back y Estrada se reunieron con Mencos para exponerle la situación, según el contralor, que afirmó haberle explicado a las diputadas que no es posible intervenir en las decisiones de la auditoría, porque la ley le da independencia a los contralores.

Que devuelva el dinero
El 98 por ciento de los lectores que participaron el 24 de septiembre recién pasado en el Voto Libre de Prensa Libre se pronunció a favor de que la congresista de la UNE y presidenta de la Comisión de la Mujer, Delia Back, devuelva al Congreso los Q51 mil 335 que cobró de viáticos por el viaje a Corea. En la medición participaron tres mil 591 personas.

El martes último, la esposa del presidente, Sandra Torres de Colom, opinó que Back debe devolver los viáticos, aunque expuso que tenía información de que la directiva del Congreso la había eximido de hacerlo, lo cual fue desmentido por Crespo.

Cinco meses han pasado desde que la diputada efectuó ese cobro, con el aval de Meyer. Ahora, el dictamen de la CGC será conocido por la Directiva, el martes próximo, cuando se cumplan los tres días fijados por el ente fiscalizador.

Señalan a magistrados de incumplimiento de deberes

Prensa Libre

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, durante una reunión plenaria.

El Ministerio Público (MP) pidió ayer que se retire la inmunidad a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), después de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) los denunciara por atrasar la elección de presidente de ese organismo.

La PGN presentó ayer, a las 8.47 horas, la denuncia en el MP, porque ve indicios de que los magistrados incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes.

La Procuraduría señaló en su memorial la pasividad de los magistrados en la elección del presidente de la CSJ para el 2009, que debió ser juramentado el 13 de octubre último.

Hasta ahora no se ha elegido al nuevo presidente, debido a que no se alcanza consenso, a pesar de las nueve veces que se han reunido con ese objetivo.

Baudilio Portillo Merlos, procurador general de la Nación, en conferencia de prensa aseguró: “No han cumplido con el mandato constitucional de elegir a su presidente, como lo norma la ley suprema. Al no hacerlo en el tiempo debido, es criterio de esta institución que han incurrido en el ilícito de incumplimiento de deberes; consecuencia de eso es la denuncia”.

Agregó: “El incumplimiento de deberes es la norma que ha sido violentada por los magistrados (de la CSJ), que no han acatado lo que establece la Constitución en cuanto a cumplir los tiempos de elegir a su presidente”.

Al ser consultado respecto de si se desestimaría la denuncia si la elección se llevara a cabo en los próximos días, respondió: “El ilícito ya fue cometido; la ley ya se infringió”.

Plantean acción
Tatiana Morales, fiscal de Delitos Administrativos, expresó que a las 16.06 horas de ayer se remitió la solicitud de antejuicio al Organismo Judicial, pues los magistrados gozan de inmunidad.

“La petición se hizo contra los 13 magistrados, por incumplimiento de deberes, y si se declara con lugar, esperaríamos iniciar las pesquisas correspondientes para establecer el grado de responsabilidad de éstos”, afirmó Morales.

El memorial del MP fue recibido en el Juzgado de Paz de turno, que deberá remitirlo a Gestión Penal para que asigne a un juez de Primera Instancia Penal, quien deberá inhibirse y remitirlo a la CSJ.

Debido a que el antejuicio es contra ellos, los magistrados también deberán inhibirse y se integrará un pleno con suplentes, quienes, después de analizar la petición, deberán determinar si hay indicios de delito.

Después deberán trasladar el expediente al Congreso, para que decida si procede retirarle la inmunidad a los magistrados titulares.

Esta es la segunda acción planteada por la tardanza de los magistrados en elegir al presidente de la CSJ, luego de que, el martes último, Manuel Barquín, diputado de la Gran Alianza Nacional, presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que les fijara fecha límite.

Los candidatos han sido Raúl Pacay, Luis Fernández, Francisco De Mata Vela, Leticia Secaira y Víctor Rivera Woltke. Ninguno ha sumado los nueve votos necesarios para ocupar la presidencia.

El proceso de elección se inició el 17 de septiembre último. Pacay y De Mata han participado en la mayoría de rondas.

El disenso entre los magistrado ha prevalecido, lo cual ha sido criticado por diversos sectores.

Materias primas nacionales empiezan a resentir crisis

Prensa Libre

El café es el principal producto de exportación.

La crisis financiera mundial originada en Estados Unidos empieza a generar problemas para el café guatemalteco, que en los últimos días ya registra menores precios de compra en el mercado internacional.

Junto al azúcar, el café es uno de los principales comodities (materia prima), de Guatemala.

El efecto se empezó a sentir a finales de septiembre, y desde esa fecha los precios del grano han reportado una baja de alrededor de 35 por ciento.

Christian Rasch, presidente de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), afirmó que el precio por saco de 69 kilos pasó de US$155 a US$115 (cierre al 10 de octubre).

“Esta situación significa una pérdida de alrededor de US$40 por saco, en las últimas semanas”, afirmó Rasch.

El ejecutivo de Anacafé explicó que eso perjudica a los productores, ya que los precios de insumos como fertilizantes y combustibles no muestran una tendencia a la baja.

Especulación
De acuerdo con Rasch, la baja de los precios del café en el contrato C de la Bolsa de Nueva York, se debe a que los “especuladores” se han visto en la necesidad de vender “posiciones” (equivale a un contrato o lote de 375 quintales de café oro).

Al haber más oferta, los precios bajan, dijo. No obstante, el grano guatemalteco tiene una oportunidad debido a que por su calidad no solo tiene mayor demanda, sino que obtiene mayores sobreprecios o premios.

Según Rasch, varios meses atrás el café guatemalteco recibía premios de alrededor de US$8, pero ahora los mismos fluctúan entre US$15 y US$20.

La razón del alza en el sobre precio es porque tostadores, importadores y distribuidores de los países que compran café guatemalteco aún están dispuestos a pagar más por el grano.

Según Rasch en el mejor de los escenarios, la demanda podría continuar, mientras que en uno negativo, las compras podrían bajar como resultado de que las grandes empresas tostadoras perciben que el consumo está bajando.

Temor por consumo
En el caso del azúcar, José Oribe, director ejecutivo de Azucareros del Istmo Centroamericano, comentó que la crisis les afecta y el principal impacto podría darse en el consumo del edulcorante en mercados como Estados Unidos y Asia.

Sin embargo, indicó que de acuerdo con expertos en el tema, durante los siguientes 18 meses, el precio del azúcar en el mercado internacional permanecerá estable.

Agregó que se prevé que la libra del azúcar fluctuará entre US$0.12 y US$0.14.

El analista de Economía opina que es muy prematuro pensar que los precios de los comodities como el café, y el azúcar mostrarán una tendencia hacia la baja.

Según explicó “esta es una época convulsa que podría durar unos días, semanas o meses”.

Agregó que tanto los productores de café como los de azúcar podrían soportar la crisis, como sucedió en el pasado.

Sin embargo, precisó que el efecto va a estar en otros productos que Guatemala exporta, entre ellos los migrantes guatemaltecos.

Iglesia afirma que campea impunidad en el país

Prensa Libre

Víctor Hugo Palma Paúl

La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) resaltó el incremento de la impunidad en el país, producto de la escasa credibilidad en el sistema de justicia, y pidió prudencia para proteger al país de las turbulencias financieras internacionales.

En un comunicado firmado por Pablo Vizcaíno Prado, presidente de la CEG, y Gonzalo de Villa, secretario general, los obispos resaltaron: “Se generaliza por todo el país la percepción de que la impunidad es la más poderosa aliada del crimen”.

Afirmaron que la debilidad profunda del Estado, para enfrentar con eficacia y con la ley en la mano el crimen organizado, y lo poderoso de éste empujan al país hacia “escenarios de ingobernabilidad”.

“La ola de violencia en que vivimos es cada día más grande; el narcotráfico y el crimen organizado se enseñorean en más regiones del país, captando a jóvenes, agentes y sicarios”, reza el comunicado.

Los religiosos externaron su preocupación porque las fuerzas criminales son cada vez más poderosas e impunes.

Otro de los malestares de la Iglesia es por el anuncio del presidente Álvaro Colom sobre el incremento de efectivos del Ejército. “Luego de la debilidad de la Policía Nacional Civil (PNC), el Gobierno propuso garantizar más seguridad, al asignar tareas policiales al Ejército, que no corresponden a sus funciones”, sostienen los líderes católicos.

Los religiosos recomendaron al presidente la profesionalización de la PNC.

Programas clientelares
La Iglesia recordó al Gobierno que su obligación fundamental es el apoyo a los más pobres. “Consideramos muy importante la ayuda que ofrecen a los sectores empobrecidos, pero censuramos las tentaciones de politizarla y de establecer mecanismos clientelares que ayudan materialmente, pero no favorecen la productividad”, resalta el análisis de la CEG, que hace énfasis en programas sociales que impulsa la Presidencia de la República.

Los obispos expresaron que la crisis financiera que afecta a EE. UU. es motivo de alarma para todos los guatemaltecos, por lo que exhortaron a las autoridades bancarias y monetarias a que protejan al país de las consecuencias que la depresión económica puede traer.

“Compartimos esta preocupación con los migrantes y sus familias, que verán reducidas las oportunidades de trabajo y las remesas”, exponen.

Gobierno responde
El presidente en funciones, Rafael Espada, reconoció que la impunidad es un problema que persiste, pero que no comparte la oposición al incremento de efectivos del Ejército. "Vamos a invitar a la Iglesia para que entienda técnicamente por qué se necesita ese aumento”, afirmó.

Espada rechazó que se vayan a politizar los programas sociales que impulsa el Consejo de Cohesión Social.

Fiscalía contra la Corrupción quiere que Portillo vaya a prisión

Prensa Libre

El ex presidente Alfonso Portillo fue fichado en tribunales, el martes último, luego de haber sido extraditado de México.

La Fiscalía impugnó ayer la resolución del Juzgado Quinto de Instancia Penal, para que se deje sin efecto la libertad del ex presidente Alfonso Portillo bajo fianza de Q1 millón.

Omar Contreras, fiscal contra la Corrupción, presentó en la oficina de Gestión Penal de la Torre de Tribunales la apelación del fallo del juez Julio Jerónimo Xitimul.

“Aunque respetamos el fallo, no lo compartimos, porque el licenciado Portillo no llena los requisitos para que se le haya otorgado la libertad bajo fianza, ya que no es una persona de arraigo en el país y existe peligro de fuga”, expresó Contreras.

El martes recién pasado, Jerónimo Xitimul benefició al ex gobernante con una fianza de Q1 millón, le prohibió que salga del país, le ordenó que firme el libro de asistencias el 5 de cada mes y lo ligó a proceso por peculado.

El ex gobernante fue extraditado por las autoridades de México, después de que permaneció refugiado en ese país por cuatro años y siete meses.

Contreras aseguró que el hecho de que Portillo haya estado en México por más de cuatro años demuestra que no tiene residencia en el país, y que sus familiares tampoco viven aquí.

“Este es uno de los requisitos que el juez tenía que tomar en cuenta para otorgar las medidas sustitutivas al ex presidente Portillo”, aseveró el fiscal.

Contreras afirmó que la Fiscalía también se opone a la libertad de Portillo porque puede obstaculizar las pesquisas.

Reiteró que por ahora al ex gobernante no se le podrán imputar otros delitos, porque el tratado con México establece que el acusado no podrá ser detenido, juzgado o sancionado en el territorio por un delito distinto al que motivó la extradición.