Marero irá a prisión 50 años, por doble crimen

Prensa Libre

Áxel Cruz Acevedo, alias Tizoca, escucha la sentencia de 50 años de prisión, por doble asesinato.

El pandillero Áxel Cruz Acevedo, alias Tizoca, pagará con 50 años de prisión el haber matado a una mujer y su hija, en el 2004.

El Tribunal Noveno de Sentencia, presidido por Carlos Rivera Clavería, halló a Cruz culpable del delito de doble asesinato.

La acusación del Ministerio Público refiere que, el 12 de noviembre del 2004, Cruz, en compañía de otros cuatro pandilleros, ingresó en la vivienda de Justina Del Cid, de 84 años, y su hija María Luisa Lima Del Cid, de 50.

Los criminales asfixiaron a las mujeres y les causaron heridas con una tijera.

La Fiscalía determinó que el móvil del crimen fue el robo, ya que las dos víctimas se dedicaban a prestar dinero.

Los antisociales también sustrajeron electrodomésticos y otros objetos de la casa, ubicada en la colonia La Esperanza, zona 12 de Villa Nueva.

Argumentos
El tribunal validó las pruebas científicas, documentales y testimoniales que aportó la Fiscalía.

El informe científico sobre las causas de la muerte de las víctimas y el testimonio de Francisca Hernández fueron fundamentales para que los tres jueces hallaran culpable a Cruz.

El lunes recién pasado, Hernández, testigo protegida, señaló a Cruz como la persona que le exigió unas tijeras que fueron halladas en la escena del crimen.

La Fiscalía determinó que ese instrumento fue usado para cometer el doble crimen.

Hernández contó que ese día, Cruz, acompañado de otros cuatro pandilleros, llegó a su tienda y le exigió que le entregara unas tijeras, porque querían comer carne.

La testigo identificó las tijeras halladas junto a los cadáveres. Agregó que esos individuos la extorsionaban y por esa razón huyó de esa colonia.

El fiscal Édgar Hernández manifestó que aportaron las pruebas suficientes para condenar a Cruz.

Prensa Libre

Bocas del Polochic es una reserva natural de flora y fauna que enfrenta muchas amenazas.

Los humedales del Polochic y el refugio de vida silvestre Bocas del Polochic se encuentran en peligro de deterioro, debido a la presencia de plomo, residuos de agroquímicos y prácticas no compatibles con los objetivos del lugar.

Durante un año, un equipo de la organización Defensores de la Naturaleza efectuó un muestreo de la calidad del agua en 23 puntos de la cuenca. Se descubrió que se está dando un proceso acelerado de eutrofización o deterioro de esos cuerpos de agua, lo cual puede afectar todo el ecosistema del área.

El nivel máximo permitido de plomo es de 0.01 miligramos por litro de agua, y en algunos de esos puntos de análisis se encontró más del doble.

Heidy García, de Defensores de la Naturaleza y directora del refugio Bocas del Polochic, expresó que no se conoce el origen de ese plomo, aunque no descarta que la presencia de otro mineral haya causado que ese metal diera positivo falso.

“Lo importante es que se demuestra que hay deterioro, y es urgente hacer un estudio a profundidad de esos cuerpos de agua”, agregó.

Refirió que la pesca sin control y el uso desmedido de fertilizantes y pesticidas contribuyen al detrimento de esos humedales, los cuales evitan desastres naturales.

La ambientalista refirió que esos estudios servirán para hacer una base de datos y determinar el estado del Lago de Izabal antes de que opere la industria minera, para hacer comparaciones posteriores.

También aluminio
La Autoridad para el Manejo Sustentable de Río Dulce y Lago de Izabal también ha efectuado sus propios monitoreos y ha encontrado plomo y aluminio en ese cuerpo de agua.

Jóvenes especiales se integran a producción

Prensa Libre

Los jóvenes del programa han desarrollado gran habilidad en el manejo de utensilios de cocina.

Un grupo de jóvenes especiales integra un taller productivo en el que se encargan de la preparación artesanal de leche y galletas de soya, quesos, tortillas, salpicón y otros productos, que proyectan comercializar muy pronto.

Yadira Méndez, de 29 años y una de las participantes en el programa, se mostraba feliz ayer, durante la inauguración del taller. Explicó que entre las tareas a su cargo está limpiar la soya, que después se muele para mezclarla en un recipiente, donde la leche se fermenta.

En este taller, que pertenece a la escuela para personas especiales de la Fundación Faces, participan cuatro estudiantes y dos maestras.

Esos jóvenes, que no pueden integrarse con normalidad en el mercado laboral, reciben una oportunidad para desarrollar habilidades. Según los maestros, en estas actividades los estudiantes aprenden a compartir y desarrollan destrezas muy útiles.

Apoyo externo
Para la instalación del taller, la organización Food for the Poor donó US$3 mil 500, con los cuales se adquirió equipo como un molino para la soya, un quemador y dos quintales de materia prima para elaborar la leche.

También se financió la capacitación técnica que recibieron los jóvenes y maestros. Ingenieros de la Universidad de San Carlos se encargan del control de calidad en el programa.

Buscan ser proveedores
La Fundación Faces acoge a 32 estudiantes en distintos talleres, y más de 40 personas están en lista de espera. En la actualidad negocia con la Secretaría de Bienestar Social la posibilidad de convertirse en proveedora de leche de soya.

“Con un Centro de Atención Integral que nos den, el programa sería autosostenible”, opinó Olga Alicia de Berchel, directora del programa.

La idea es que una vez den a conocer la leche de soya y la variedad de alimentos que se pueden preparar, el taller funcione por pedidos.

En esta escuela para personas especiales existen otros espacios productivos, como la elaboración de piñatas. Faces ha logrado reinsertar a 12 de sus estudiantes en el mercado laboral, en empresas como McDonald’s o Supermercados La Torre.

Clientelismo en trámites del CIV

Prensa Libre

Jorge F. Cáceres, director de Precalificados, ofreció investigar y corregir irregularidades.

El Registro de Precalificados, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), fue señalado ayer de favorecer a empresas de familiares de quienes integran la Junta Calificadora, aunque no cumplan con requisitos legales.

El presidente de la Comisión legislativa de Comunicaciones, Noé Orellana, afirmó que Eduardo Daccarett, Byron Rodolfo Chinchilla y Jorge Alfonso Estrada —vocales de la Junta Calificadora— “han actuado de forma clientelista”, al autorizar o actualizar la inscripción de empresas que no reúnen las calidades necesarias para ello o que presentaron información falsa.

El Registro de Precalificados es el que determina qué empresas son aptas para participar en las licitaciones de obras que ejecuta el CIV. Las autoridades de esta dependencia acudieron ayer al Congreso, por citación de Orellana.

El legislador dijo que las autorizaciones se han emitido en uno o dos días, mientras otros contratistas se quejan de que demoran meses para atender sus solicitudes.

Como ejemplo citó el caso de la Constructora Arista, que pidió ser incluida en ese registro el 22 de febrero último, y fue admitida ese mismo día, a pesar de que presentó una declaración falsa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y no demostró que posee la maquinaria y el equipo que describió en su expediente.

Esa empresa es propiedad de Nydia Verónica Tejeda, esposa de Daccarett, quien, además de ser vocal de la Junta Calificadora de Precalificados, figura como director de obras de esa constructora, y afirma en el expediente que prestará sus servicios en sus oficinas y en el campo.

“No solo hubo falsedad, sino que el vocal calificó su propia hoja de vida y le dio el visto bueno a su empresa —en tiempo récord—, para que le preste servicios al Estado”, criticó Orellana.

Jorge Filiberto Cáceres, director de ese registro, ofreció disculpas a los contratistas por esas irregularidades, y prometió que hará esfuerzos porque “no ocurran más en el futuro”. “Yo confiaba en los dictámenes de la comisión calificadora; he trabajado con amor y pasión”, afirmó con voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

Escuintla clama por seguridad a Gobernación

Prensa Libre
Los vecinos de Escuintla tienen temor hasta de salir a las calles. La delincuencia en ese lugar se ha incrementado tanto que ese departamento se ha convertido en el segundo más violento del país, lo que ha llevado a sus alcaldes a clamar por ayuda.

Los jefes ediles de 10 municipios de Escuintla y su gobernador, Pedro René Escobar, se reunieron ayer en el Congreso con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para pedirle acciones inmediatas de combate del crimen en ese departamento, donde se comete 6.51 por ciento de los delitos del país —el primer lugar en inseguridad lo tiene Guatemala, con 47.15 por ciento de los crímenes—, según el último reporte de la Policía computado de agosto a septiembre últimos.

Estadísticas señalan que, del 1 de enero al 31 de agosto del 2008, en ese departamento hubo 319 muertes violentas, de las cuales 280 fueron ocasionadas con arma de fuego.

En ese período, en el 2007, se registraron 265 crímenes.

Soluciones conjuntas
Los alcaldes acordaron reunirse con el ministro de Gobernación el lunes próximo, para definir estrategias conjuntas de combate contra la criminalidad.

“Tenemos un déficit en el número de agentes de la Policía Nacional Civil, por lo que debemos trabajar con el poder local para lograr hacer más eficientes nuestros recursos. Los alcaldes y gobernadores deben jugar un papel fundamental, para coordinar la seguridad”, explicó Jiménez.

Francisco Vásquez Montepeque, alcalde de La Gomera y presidente de la Asociación de Municipalidades de Escuintla, manifestó que tienen voluntad de colaborar para solucionar un problema que los preocupa.

Escuintlecos han declarado que están desesperados por robos, extorsiones, secuestros, asaltos y asesinatos contra hombres y mujeres, a cualquier hora del día.

Ordenan a diputada devolver viáticos

Prensa Libre

La diputada Delia Back envió una carta con la que intenta frenar la disposición de la Contraloría.

La diputada Delia Back, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tiene tres días para devolver los Q51 mil 335 que cobró por un viaje pagado a Corea, en junio último, según dictamen de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Carlos Mencos, jefe de la CGC, explicó que los auditores del Congreso, después de haber efectuado una minuciosa investigación, “determinaron la improcedencia del pago que se hizo a la diputada, debido a que la invitación que realizó la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) establecía que esta entidad cubrió los gastos de boleto aéreo, hospedaje y alimentación”, según la traducción jurada.

Prensa Libre informó el 20 de septiembre recién pasado que Back cobró viáticos, por un viaje que incluía gastos pagados.

En esa ocasión, al ser consultada, la congresista afirmó que había perdido el vuelo y que gastó US$700 en un nuevo boleto, lo cual fue desmentido por la Dirección Financiera del Legislativo, en un informe que rindió a la Junta Directiva.

Por ello, el Congreso decidió dejar en manos de la CGC el dictamen del expediente, según Arístides Crespo, presidente de ese organismo y quien ha reiterado que los viáticos de Back fueron aprobados por Eduardo Meyer, ex presidente legislativo.

Intenta mediar
La diputada fue notificada de la disposición del ente fiscalizador el jueves recién pasado, y no satisfecha envió una respuesta a la Contraloría, en la que expone: “He iniciado diligencias ante la Junta Directiva del Congreso, conforme al Reglamento de Gastos para Comisiones Oficiales de este organismo, mismas que serán conocidas y resueltas el 21 de octubre (...), de manera que, conforme a lo que resuelva este órgano, me permitirá realizar el procedimiento que estime más conveniente, conforme a las normas legales”.

El argumento de la legisladora es una carta enviada a Crespo, tres horas después de la notificación de la Contraloría, donde le pide que los Q51 mil 335 que cobró por viáticos sean reconocidos como “otros gastos”.

Agota instancias
Sin embargo, Back también eligió a alguien que abogara por ella en la Contraloría: Maura Estrada, de la UNE, tercera vicepresidenta del Congreso y candidata a primera secretaria de la Junta Directiva para el 2009.

Back y Estrada se reunieron con Mencos para exponerle la situación, según el contralor, que afirmó haberle explicado a las diputadas que no es posible intervenir en las decisiones de la auditoría, porque la ley le da independencia a los contralores.

Que devuelva el dinero
El 98 por ciento de los lectores que participaron el 24 de septiembre recién pasado en el Voto Libre de Prensa Libre se pronunció a favor de que la congresista de la UNE y presidenta de la Comisión de la Mujer, Delia Back, devuelva al Congreso los Q51 mil 335 que cobró de viáticos por el viaje a Corea. En la medición participaron tres mil 591 personas.

El martes último, la esposa del presidente, Sandra Torres de Colom, opinó que Back debe devolver los viáticos, aunque expuso que tenía información de que la directiva del Congreso la había eximido de hacerlo, lo cual fue desmentido por Crespo.

Cinco meses han pasado desde que la diputada efectuó ese cobro, con el aval de Meyer. Ahora, el dictamen de la CGC será conocido por la Directiva, el martes próximo, cuando se cumplan los tres días fijados por el ente fiscalizador.

Señalan a magistrados de incumplimiento de deberes

Prensa Libre

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, durante una reunión plenaria.

El Ministerio Público (MP) pidió ayer que se retire la inmunidad a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), después de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) los denunciara por atrasar la elección de presidente de ese organismo.

La PGN presentó ayer, a las 8.47 horas, la denuncia en el MP, porque ve indicios de que los magistrados incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes.

La Procuraduría señaló en su memorial la pasividad de los magistrados en la elección del presidente de la CSJ para el 2009, que debió ser juramentado el 13 de octubre último.

Hasta ahora no se ha elegido al nuevo presidente, debido a que no se alcanza consenso, a pesar de las nueve veces que se han reunido con ese objetivo.

Baudilio Portillo Merlos, procurador general de la Nación, en conferencia de prensa aseguró: “No han cumplido con el mandato constitucional de elegir a su presidente, como lo norma la ley suprema. Al no hacerlo en el tiempo debido, es criterio de esta institución que han incurrido en el ilícito de incumplimiento de deberes; consecuencia de eso es la denuncia”.

Agregó: “El incumplimiento de deberes es la norma que ha sido violentada por los magistrados (de la CSJ), que no han acatado lo que establece la Constitución en cuanto a cumplir los tiempos de elegir a su presidente”.

Al ser consultado respecto de si se desestimaría la denuncia si la elección se llevara a cabo en los próximos días, respondió: “El ilícito ya fue cometido; la ley ya se infringió”.

Plantean acción
Tatiana Morales, fiscal de Delitos Administrativos, expresó que a las 16.06 horas de ayer se remitió la solicitud de antejuicio al Organismo Judicial, pues los magistrados gozan de inmunidad.

“La petición se hizo contra los 13 magistrados, por incumplimiento de deberes, y si se declara con lugar, esperaríamos iniciar las pesquisas correspondientes para establecer el grado de responsabilidad de éstos”, afirmó Morales.

El memorial del MP fue recibido en el Juzgado de Paz de turno, que deberá remitirlo a Gestión Penal para que asigne a un juez de Primera Instancia Penal, quien deberá inhibirse y remitirlo a la CSJ.

Debido a que el antejuicio es contra ellos, los magistrados también deberán inhibirse y se integrará un pleno con suplentes, quienes, después de analizar la petición, deberán determinar si hay indicios de delito.

Después deberán trasladar el expediente al Congreso, para que decida si procede retirarle la inmunidad a los magistrados titulares.

Esta es la segunda acción planteada por la tardanza de los magistrados en elegir al presidente de la CSJ, luego de que, el martes último, Manuel Barquín, diputado de la Gran Alianza Nacional, presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que les fijara fecha límite.

Los candidatos han sido Raúl Pacay, Luis Fernández, Francisco De Mata Vela, Leticia Secaira y Víctor Rivera Woltke. Ninguno ha sumado los nueve votos necesarios para ocupar la presidencia.

El proceso de elección se inició el 17 de septiembre último. Pacay y De Mata han participado en la mayoría de rondas.

El disenso entre los magistrado ha prevalecido, lo cual ha sido criticado por diversos sectores.