Prensa Libre
Entre aplausos de unos y críticas de otros, el Congreso aprobó ayer una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), propuesta por la bancada oficial, que rebaja el pago —de 30 a 10 por ciento— a los canales de televisión abierta, radio, cines, entre otros, que publiquen materiales importados.
Mientras el Gobierno promueve una reforma fiscal, que contempla elevar a 13.2 por ciento la carga tributaria, el Legislativo, con 113 votos, aprobó ayer esa rebaja que beneficiará a “empresas productoras, distribuidoras o intermediarias (...), por la utilización de pe-lículas cinematográficas para televisión, video-tape, radionovelas, discos fonográficos, cintas magnetofónicas, cassettes, tiras de historietas, fotonovelas y cualquier otro medio similar de proyección, transmisión o difusión de imágenes o sonidos (...)”.
Para algunos, ello resulta incongruente, para otros es una forma de beneficiar al empresario mexicano Ángel González, dueño de los canales de televisión abierta y de cadenas de radio y cine.
Los únicos que no apoyaron la ley fueron los diputados de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Encuentro por Guatemala (EG).
Nineth Montenegro, de EG, explicó que actualmente hay un déficit nacional y presupuestario de Q40 mil millones anuales, equivalentes a un presupuesto, y que a eso se suman las exenciones y exoneraciones fiscales que reducen la carga tributaria y, por si fuera poco, todavía el Congreso debe trabajar para reunir el financiamiento para la ampliación presupuestaria, aprobada ayer.
Aníbal García, también de EG, manifestó que con la aprobación se viola el artículo 243 de la Constitución que establece: “El sistema tributario debe ser justo y equitativo”, y que las leyes tributarias “serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago”.
“Lo que tratamos fue de hacer justicia tributaria. Si los medios de comunicación escrita reciben exenciones fiscales, ¿por qué no habrían de recibirla la televisión y la radio?”, argumentó Mario Taracena, jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, aunque reconoció que sí se beneficiará “al ángel de la democracia” (González).
En julio recién pasado, el intendente de Aduanas, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Óscar Funes, informó que no existe ninguna clase de exenciones tributarias o privilegios para productos como el papel y la tinta que utilizan los medios escritos.
“Él (González) es el único que no se ha rendido ante el poder económico; los políticos sí sentimos su ayuda, y por eso esta ley tuvo consenso”, apuntó Taracena.
El decreto 55-2008 es el segundo beneficio que el Congreso le da a González, debido a que hubo otra rebaja en el 2005. En ese entonces, la tasa de 60 por ciento de ISR se bajó a 30 por ciento, por lo que el país ha dejado de percibir cerca de Q25 millones por año, según la SAT.
jueves, 4 de septiembre de 2008
Definen trámites a cargo del Renap
Sede central del Renap
A partir de hoy, los ciudadanos deberán efectuar al menos 17 trámites en el Registro Nacional de Personas (Renap), como inscripciones de matrimonios y de nacimientos, porque entró en vigor el reglamento que sustituye las funciones que antaño desempeñaban las municipalidades.
La normativa, que se publicó ayer en el diario oficial, describe todos los pasos para inscribir nacimientos, reconocimientos y matrimonios y para las demás atribuciones que anteriormente tenían los registros civiles municipales, ahora a cargo del Renap.
La modalidad involucra todos los actos que puedan modificar el estado civil y la capacidad civil de las personas. Las inscripciones extemporáneas de los recién nacidos están sujetas a otros requisitos, como registrar a los niños solo en las sedes ubicadas en el lugar donde ocurrió el nacimiento o de residencia del infante.
Si el niño está en edad escolar y no fue inscrito cuando nació, los solicitantes del trámite deberán adjuntar partidas de bautismo o certificados de matrículas escolares con detalle de grados cursados, entre otros datos, más una declaración jurada de dos ciudadanos.
Se llevará control de médicos y de comadronas, a fin de certificar los nacimientos, y se faculta a los hospitales públicos para inscribir, de oficio, cada alumbramiento, en las sedes auxiliares del Renap en esas instalaciones (cuando las hubiere).
El reglamento publicado regula la forma en que los nuevos registros civiles desarrollarán sus actividades y los servicios que les corresponde brindar a los ciudadanos cuando éstos efectúen trámites.
Las autoridades del Renap divulgarán el contenido de ese acuerdo en todas las sedes y dependencias de la entidad.
Se crea la figura del registrador civil, quien se encargará de velar por la excelencia del servicio que se brinda a los ciudadanos que acudan a esas instalaciones, y representará al Renap en los actos oficiales de las comunidades cuando se requiera de su presencia.
Toda la información que quede consignada en los registros civiles deberá ser resguardada en formatos electrónicos, y los documentos se conservarán en un archivo digital.
Enrique Cossich, director ejecutivo del Renap, afirmó que aún persisten dudas entre quienes acuden a efectuar trámites en esa entidad, por lo que esperan, con la divulgación del contenido del nuevo reglamento, resolver inquietudes de la población.
Comentó que es un proceso metódico. Cada día, más de algún ciudadano debe regresar a las municipalidades, por algún trámite, y luego al Renap, o viceversa.
Se resisten
El Renap ya funciona en 204 municipios, y ha suscrito convenios en 32, para abrir sus oficinas. Varios son los alcaldes que aún se resisten a ceder sus registros civiles, pese a que la ley los obliga.
Esta tendencia se observa en algunos lugares de occidente, cuyos alcaldes se han quejado de que trasladar toda la información hacia el Renap tardaría unos tres años.
En Totonicapán, los alcaldes aseguran que no tienen certeza sobre la forma en que se emitirá el Documento Personal de Identificación (DPI), y se resisten a permitir el ingreso de las oficinas del Renap.
El presidente Álvaro Colom refirió ayer, durante su gira por ese departamento, que los alcaldes lo habían puesto al tanto de sus inconformidades. Describió que éstos temen que no se les consulte sobre el precio del DPI.
Expuso: “Me uno a los alcaldes, para que ese tipo de costos estén contemplados dentro de un reglamento de la ley”. Por ahora no se ha especificado cuánto costará el DPI, que sustituirá a la cédula de vecindad.
Valentín Gramajo, de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, dijo que las comunas que aún retienen los registros civiles deben entregar todo al Renap antes del 30 de septiembre.
A partir de hoy, los ciudadanos deberán efectuar al menos 17 trámites en el Registro Nacional de Personas (Renap), como inscripciones de matrimonios y de nacimientos, porque entró en vigor el reglamento que sustituye las funciones que antaño desempeñaban las municipalidades.
La normativa, que se publicó ayer en el diario oficial, describe todos los pasos para inscribir nacimientos, reconocimientos y matrimonios y para las demás atribuciones que anteriormente tenían los registros civiles municipales, ahora a cargo del Renap.
La modalidad involucra todos los actos que puedan modificar el estado civil y la capacidad civil de las personas. Las inscripciones extemporáneas de los recién nacidos están sujetas a otros requisitos, como registrar a los niños solo en las sedes ubicadas en el lugar donde ocurrió el nacimiento o de residencia del infante.
Si el niño está en edad escolar y no fue inscrito cuando nació, los solicitantes del trámite deberán adjuntar partidas de bautismo o certificados de matrículas escolares con detalle de grados cursados, entre otros datos, más una declaración jurada de dos ciudadanos.
Se llevará control de médicos y de comadronas, a fin de certificar los nacimientos, y se faculta a los hospitales públicos para inscribir, de oficio, cada alumbramiento, en las sedes auxiliares del Renap en esas instalaciones (cuando las hubiere).
El reglamento publicado regula la forma en que los nuevos registros civiles desarrollarán sus actividades y los servicios que les corresponde brindar a los ciudadanos cuando éstos efectúen trámites.
Las autoridades del Renap divulgarán el contenido de ese acuerdo en todas las sedes y dependencias de la entidad.
Se crea la figura del registrador civil, quien se encargará de velar por la excelencia del servicio que se brinda a los ciudadanos que acudan a esas instalaciones, y representará al Renap en los actos oficiales de las comunidades cuando se requiera de su presencia.
Toda la información que quede consignada en los registros civiles deberá ser resguardada en formatos electrónicos, y los documentos se conservarán en un archivo digital.
Enrique Cossich, director ejecutivo del Renap, afirmó que aún persisten dudas entre quienes acuden a efectuar trámites en esa entidad, por lo que esperan, con la divulgación del contenido del nuevo reglamento, resolver inquietudes de la población.
Comentó que es un proceso metódico. Cada día, más de algún ciudadano debe regresar a las municipalidades, por algún trámite, y luego al Renap, o viceversa.
Se resisten
El Renap ya funciona en 204 municipios, y ha suscrito convenios en 32, para abrir sus oficinas. Varios son los alcaldes que aún se resisten a ceder sus registros civiles, pese a que la ley los obliga.
Esta tendencia se observa en algunos lugares de occidente, cuyos alcaldes se han quejado de que trasladar toda la información hacia el Renap tardaría unos tres años.
En Totonicapán, los alcaldes aseguran que no tienen certeza sobre la forma en que se emitirá el Documento Personal de Identificación (DPI), y se resisten a permitir el ingreso de las oficinas del Renap.
El presidente Álvaro Colom refirió ayer, durante su gira por ese departamento, que los alcaldes lo habían puesto al tanto de sus inconformidades. Describió que éstos temen que no se les consulte sobre el precio del DPI.
Expuso: “Me uno a los alcaldes, para que ese tipo de costos estén contemplados dentro de un reglamento de la ley”. Por ahora no se ha especificado cuánto costará el DPI, que sustituirá a la cédula de vecindad.
Valentín Gramajo, de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, dijo que las comunas que aún retienen los registros civiles deben entregar todo al Renap antes del 30 de septiembre.
jueves, 28 de agosto de 2008
SYP baja calificación creditidicia de EEGSA
Prensa Libre
Compañía de generación se queja porque su flujo de ingreso podría ser negativo.
La calificadora de riesgo estadounidense Standard & Poor’s Ratings (S&P) bajó la calificación crediticia de riesgo para la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) de BB (+) estable a BB menos (-) con perspectiva negativa.
De acuerdo con un comunicado de la entidad calificadora, la baja obedece a las diferencias que la EEGSA tiene con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), por el cobro de las nuevas tarifas de distribución, fijadas por esta última entidad.
La baja en la calificación elevaría las probabilidades de impago de las obligaciones de la EEGSA con acreedores e inversionistas.
La empresa ha emitido bonos por cerca de US$100 millones en los mercados internacionales, y más de US$6 millones en Guatemala.
“Esta nueva calificación provoca un grave daño a nuestra empresa por la desconfianza que pueda causarle a quienes les debemos dinero, tanto local como internacional, pues (BB-) quiere decir riesgo de impago”, dijo ayer Jorge Alonso, gerente comercial de EEGSA.
Alonso comentó que dependiendo de las resoluciones posteriores se podría requerir el reintegro de los US$100 millones, lo que nos “llevaría a la quiebra porque no los tenemos en efectivo”.
La baja en la calificación de riesgo también podría provocar una baja en la calificación del país por parte de esta calificadora.
En desacuerdo
La EEGSA mantienen litigio legal con la CNEE por las tasas de distribución fijadas a partir del 1 de agosto y las cuales, según la distribuidora, provocarán una reducción en su flujo de caja de unos US$20 millones anuales.
La CNEE fijó el VAD para los usuarios de EEGSA, de baja tensión —principalmente clientes residenciales—, en US$8.22 por kilovatio (kW) al mes, y en US$4.24 por kW al mes para los de media tensión —en donde se ubican algunas pequeñas y medianas empresas—.
Con anterioridad, la EEGSA cobraba US$9.19 para el sector residencial y US$11.37 para consumidores de media tensión.
En una entrevista la semana pasada, Miguel Calleja, gerente de Planificación, Control y Regulación de la EEGSA expresó: “Esperamos que estos precios fijados sean revocados por la vía legal”, puntualizó.
La calificadora de riesgo estadounidense Standard & Poor’s Ratings (S&P) bajó la calificación crediticia de riesgo para la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) de BB (+) estable a BB menos (-) con perspectiva negativa.
De acuerdo con un comunicado de la entidad calificadora, la baja obedece a las diferencias que la EEGSA tiene con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), por el cobro de las nuevas tarifas de distribución, fijadas por esta última entidad.
La baja en la calificación elevaría las probabilidades de impago de las obligaciones de la EEGSA con acreedores e inversionistas.
La empresa ha emitido bonos por cerca de US$100 millones en los mercados internacionales, y más de US$6 millones en Guatemala.
“Esta nueva calificación provoca un grave daño a nuestra empresa por la desconfianza que pueda causarle a quienes les debemos dinero, tanto local como internacional, pues (BB-) quiere decir riesgo de impago”, dijo ayer Jorge Alonso, gerente comercial de EEGSA.
Alonso comentó que dependiendo de las resoluciones posteriores se podría requerir el reintegro de los US$100 millones, lo que nos “llevaría a la quiebra porque no los tenemos en efectivo”.
La baja en la calificación de riesgo también podría provocar una baja en la calificación del país por parte de esta calificadora.
En desacuerdo
La EEGSA mantienen litigio legal con la CNEE por las tasas de distribución fijadas a partir del 1 de agosto y las cuales, según la distribuidora, provocarán una reducción en su flujo de caja de unos US$20 millones anuales.
La CNEE fijó el VAD para los usuarios de EEGSA, de baja tensión —principalmente clientes residenciales—, en US$8.22 por kilovatio (kW) al mes, y en US$4.24 por kW al mes para los de media tensión —en donde se ubican algunas pequeñas y medianas empresas—.
Con anterioridad, la EEGSA cobraba US$9.19 para el sector residencial y US$11.37 para consumidores de media tensión.
En una entrevista la semana pasada, Miguel Calleja, gerente de Planificación, Control y Regulación de la EEGSA expresó: “Esperamos que estos precios fijados sean revocados por la vía legal”, puntualizó.
Jueza ordena cambio de Raúl Falla, interventor de MDF
Prensa Libre
Las dudas sobre el trabajo efectuado por el interventor de la casa de bolsa Mercado de Futuros, S.A. (MDF), originaron que Dora Monroy, jueza quinto de Instancia Civil, exigiera ayer su destitución.
Monroy fijó tres días al registrador Eduardo Palacios, de Mercado de Valores y Mercancías, para que busque al sustituto de Falla, quien fue designado para localizar las inversiones en MDF, entre ellas, los Q82.8 millones del Legislativo.
Sin embargo, a 20 días de su nombramiento, el trabajo de Falla ha dejado más dudas que respuestas.
El 19 de agosto último, Falla aseguró que los fondos invertidos en el Congreso se habían perdido en su totalidad, y el martes recién pasado en el Legislativo no se atrevió a confirmar ese extremo.
La resolución de la jueza señala: “A criterio de este órgano jurisdiccional (Falla) no cumplió con las atribuciones y obligaciones mínimas con las que fue nombrado (...). No es la persona idónea, versada en el área bursátil y administrativa, para que funja como interventor de la entidad Mercado y Futuros”.
Las dudas de Monroy sobre el trabajo de Falla se originaron por el escueto informe que entregó sobre el trabajo de los primeros 15 días de intervención.
En cuatro líneas, Falla informó que los activos no eran suficientes para cubrir las obligaciones que tiene MDF, y que era necesario desembargar las cuentas monetarias, para cumplir con pagos a proveedores.
Monroy ordenó a Falla presentar otro informe con sus argumentos del porqué entregó poca información.
Si Falla se resiste a dar tal informe, Monroy ordenará que sea procesado por la vía penal, por desobediencia.
Consultado sobre el fallo de la jueza, Palacios expresó: “Estoy buscando al nuevo interventor, pero hasta ahora no tengo candidatos. Ya empecé a dejar encargos, para que me hagan recomendaciones”.
Respecto de la decisión de la jueza de sustituir a Falla, Palacios refirió que respeta la decisión, y que él no lo nombra, solo propone, y el juez decide.
Añadió que no conoce a Falla, y que lo tomó en cuenta porque él se propuso personalmente.
Monroy fijó tres días al registrador Eduardo Palacios, de Mercado de Valores y Mercancías, para que busque al sustituto de Falla, quien fue designado para localizar las inversiones en MDF, entre ellas, los Q82.8 millones del Legislativo.
Sin embargo, a 20 días de su nombramiento, el trabajo de Falla ha dejado más dudas que respuestas.
El 19 de agosto último, Falla aseguró que los fondos invertidos en el Congreso se habían perdido en su totalidad, y el martes recién pasado en el Legislativo no se atrevió a confirmar ese extremo.
La resolución de la jueza señala: “A criterio de este órgano jurisdiccional (Falla) no cumplió con las atribuciones y obligaciones mínimas con las que fue nombrado (...). No es la persona idónea, versada en el área bursátil y administrativa, para que funja como interventor de la entidad Mercado y Futuros”.
Las dudas de Monroy sobre el trabajo de Falla se originaron por el escueto informe que entregó sobre el trabajo de los primeros 15 días de intervención.
En cuatro líneas, Falla informó que los activos no eran suficientes para cubrir las obligaciones que tiene MDF, y que era necesario desembargar las cuentas monetarias, para cumplir con pagos a proveedores.
Monroy ordenó a Falla presentar otro informe con sus argumentos del porqué entregó poca información.
Si Falla se resiste a dar tal informe, Monroy ordenará que sea procesado por la vía penal, por desobediencia.
Consultado sobre el fallo de la jueza, Palacios expresó: “Estoy buscando al nuevo interventor, pero hasta ahora no tengo candidatos. Ya empecé a dejar encargos, para que me hagan recomendaciones”.
Respecto de la decisión de la jueza de sustituir a Falla, Palacios refirió que respeta la decisión, y que él no lo nombra, solo propone, y el juez decide.
Añadió que no conoce a Falla, y que lo tomó en cuenta porque él se propuso personalmente.
Inseguridad: Terror a bordo de ruta 40R
Prensa Libre
Miguel Arriola, de 18 años, resultó con heridas de bala en un pie. Los cuerpos de socorro lo encontraron en la Avenida de las Américas, a una cuadra del lugar del asalto a una unidad de la ruta 40R.
En segundos, el recorrido de un autobús de la ruta 40R se convirtió ayer en una pesadilla; la calma dio paso al terror cuando un grupo de delincuentes atacó esa unidad en la Avenida de las Américas, zona 13.
Ayer, junto a otros 20 pasajeros, viví una dramática experiencia cuando iba a una cobertura periodística.
Tenía dos opciones: usar una pasarela ubicada en el área y llegar a mi destino en la zona 9, o abordar la camioneta y caminar una cuadra hasta el sitio.
Me incliné por la segunda opción luego de calcular que llegaría en menos de cinco minutos.
Un autobús de la ruta 40R se detuvo en la última parada del bulevar Liberación, frente al ingreso de la 15 avenida, y comenzaron a descender varios pasajeros. “Va vacía”, me dije, y subí sin temor alguno.
Me senté en una especie de caja de herramientas que los pilotos colocan en la entrada de las unidades y que casi siempre sirve de asiento para sus amigos; mientras, el autobús avanzaba por la Avenida de las Américas.
Observé el interior de la unidad y todo parecía en orden: el piloto y el ayudante conversaban animadamente, ninguna persona ofrecía sus productos y el tránsito fluía sin problemas, a las 10.30 horas.
Para entonces yo solo pensaba que estaba a punto de bajarme del bus para llegar a mi destino, pero en cuestión de segundos todo cambió.
Histeria colectiva
Habían transcurrido unos dos minutos, cuando el autobús cruzó hacia la Avenida de las Américas y se disponía a doblar frente a la plaza Costa Rica (3a. calle) hacia El Obelisco, cuando, sin que me diera cuenta, el terror se apoderó de los pasajeros.
Con histeria y los rostros desencajados por el miedo, unas 15 personas se aglomeraron frente a la puerta de ingreso de la unidad y exigían al piloto que detuviera la marcha.
Yo los miraba y no comprendía qué pasaba. Imaginé que la camioneta se incendiaba o algo así, pero todo cambió cuando un hombre gritó: “¡Tírense!”
En un segundo el individuo descendió los escalones y, como pudo, se lanzó del autobús en movimiento.
Sentada, observé al piloto y a una mujer que le exigía que se detuviera. “¡Mire atrás, es un asalto!”, le dijo.
Junto con el conductor, giré la cabeza y vi en el fondo a un grupo de hombres, tres o cuatro, que peleaban a puñetazos.
Los cuerpos de los individuos apenas se distinguían. Observé que uno yacía en el piso y recibía una paliza.
En estampida
El autobús se detuvo y la gente bajaba desesperada. “¡Bajen, bajen, tienen un arma!”, expresó alguien. Me empujaron y salí de la camioneta.
Cuando corría hacia la plaza escuché: uno, dos, tres balazos. Volví la mirada y observé que el conductor y su ayudante se encontraban en sus lugares y que un hombre joven caía herido por la puerta de atrás del bus.
Conté hasta tres. El piloto arrancó el autobús y se marchó del lugar, mientras el grupo de aterrorizados pasajeros corría hacia la Avenida de La Reforma.
El hombre herido permaneció en el suelo los siguientes seis minutos, mientras acudían al lugar los cuerpos de socorro.
Tres policías de Tránsito fueron los primeros en llegar a la escena, que les resultó extraña. Un hombre herido de bala en la calle y sin mayores señas. Un minuto después se presentaron los bomberos.
Con la sirena encendida, la ambulancia avanzó por la vía. Pasadas dos cuadras, retrocedió. Varios transeúntes pedían que atendieran a otro hombre herido de bala en el pie. ¿Coincidencia?
Como Miguel Arriola, de 18 años, y Julio Armando Rodríguez, de 23, fueron identificadas las personas lesionadas.
Un hombre armado fue capturado en la zona 13. La Policía cree que se trata de uno de los pasajeros que repelió el ataque.
En segundos, el recorrido de un autobús de la ruta 40R se convirtió ayer en una pesadilla; la calma dio paso al terror cuando un grupo de delincuentes atacó esa unidad en la Avenida de las Américas, zona 13.
Ayer, junto a otros 20 pasajeros, viví una dramática experiencia cuando iba a una cobertura periodística.
Tenía dos opciones: usar una pasarela ubicada en el área y llegar a mi destino en la zona 9, o abordar la camioneta y caminar una cuadra hasta el sitio.
Me incliné por la segunda opción luego de calcular que llegaría en menos de cinco minutos.
Un autobús de la ruta 40R se detuvo en la última parada del bulevar Liberación, frente al ingreso de la 15 avenida, y comenzaron a descender varios pasajeros. “Va vacía”, me dije, y subí sin temor alguno.
Me senté en una especie de caja de herramientas que los pilotos colocan en la entrada de las unidades y que casi siempre sirve de asiento para sus amigos; mientras, el autobús avanzaba por la Avenida de las Américas.
Observé el interior de la unidad y todo parecía en orden: el piloto y el ayudante conversaban animadamente, ninguna persona ofrecía sus productos y el tránsito fluía sin problemas, a las 10.30 horas.
Para entonces yo solo pensaba que estaba a punto de bajarme del bus para llegar a mi destino, pero en cuestión de segundos todo cambió.
Histeria colectiva
Habían transcurrido unos dos minutos, cuando el autobús cruzó hacia la Avenida de las Américas y se disponía a doblar frente a la plaza Costa Rica (3a. calle) hacia El Obelisco, cuando, sin que me diera cuenta, el terror se apoderó de los pasajeros.
Con histeria y los rostros desencajados por el miedo, unas 15 personas se aglomeraron frente a la puerta de ingreso de la unidad y exigían al piloto que detuviera la marcha.
Yo los miraba y no comprendía qué pasaba. Imaginé que la camioneta se incendiaba o algo así, pero todo cambió cuando un hombre gritó: “¡Tírense!”
En un segundo el individuo descendió los escalones y, como pudo, se lanzó del autobús en movimiento.
Sentada, observé al piloto y a una mujer que le exigía que se detuviera. “¡Mire atrás, es un asalto!”, le dijo.
Junto con el conductor, giré la cabeza y vi en el fondo a un grupo de hombres, tres o cuatro, que peleaban a puñetazos.
Los cuerpos de los individuos apenas se distinguían. Observé que uno yacía en el piso y recibía una paliza.
En estampida
El autobús se detuvo y la gente bajaba desesperada. “¡Bajen, bajen, tienen un arma!”, expresó alguien. Me empujaron y salí de la camioneta.
Cuando corría hacia la plaza escuché: uno, dos, tres balazos. Volví la mirada y observé que el conductor y su ayudante se encontraban en sus lugares y que un hombre joven caía herido por la puerta de atrás del bus.
Conté hasta tres. El piloto arrancó el autobús y se marchó del lugar, mientras el grupo de aterrorizados pasajeros corría hacia la Avenida de La Reforma.
El hombre herido permaneció en el suelo los siguientes seis minutos, mientras acudían al lugar los cuerpos de socorro.
Tres policías de Tránsito fueron los primeros en llegar a la escena, que les resultó extraña. Un hombre herido de bala en la calle y sin mayores señas. Un minuto después se presentaron los bomberos.
Con la sirena encendida, la ambulancia avanzó por la vía. Pasadas dos cuadras, retrocedió. Varios transeúntes pedían que atendieran a otro hombre herido de bala en el pie. ¿Coincidencia?
Como Miguel Arriola, de 18 años, y Julio Armando Rodríguez, de 23, fueron identificadas las personas lesionadas.
Un hombre armado fue capturado en la zona 13. La Policía cree que se trata de uno de los pasajeros que repelió el ataque.
Gobernadores dan cuentas a Gloria Torres
Prensa Libre
Todas las gestiones, solicitud de información y detalles de los proyectos que llevan a cabo los gobernadores pasan por las manos de Gloria Torres, hermana de la esposa del presidente.
Aunque no es funcionaria pública y, por ende, está libre de fiscalización, la hermana de Sandra Torres está al tanto de todos los proyectos de los Consejos de Desarrollo, presididos por los gobernadores, representantes del mandatario en los departamentos.
A través de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, Prensa Libre obtuvo copia de correspondencia entre Clemente Rodríguez, gobernador de Chimaltenango y otro funcionario, el aludido envió copia de todas las gestiones a Torres.
Consultado al respecto, el gobernador reconoció que con la hermana de la esposa del presidente Álvaro Colom mantiene una relación de coordinación total, “ella nos da el apoyo para ejercer nuestras funciones”, enfatizó.
Afirmó que, con Torres, los gobernadores coordinan proyectos y programas, especialmente los de tipo social. “A ella le informamos de los procesos de nuestros planes”, finalizó.
Algunos diputados aseguran que hasta parlamentarios han acudido a Torres, quien se desempeña como secretaria de organización del partido oficial, para casi todo, para pedir obras y apoyo. “Ella misma nombró a los gobernadores”, aseguró un congresista que prefirió omitir su nombre.
Sin nombramiento
Roberto Alfaro, ex diputado y asesor de la Contraloría General de Cuentas, comentó que llama la atención que Torres desempeñe funciones y atribuciones, sin que hasta la fecha se conozca de un nombramiento y qué atribuciones tiene, como lo establece la Ley de Servicio Civil.
Todas las gestiones, solicitud de información y detalles de los proyectos que llevan a cabo los gobernadores pasan por las manos de Gloria Torres, hermana de la esposa del presidente.
Aunque no es funcionaria pública y, por ende, está libre de fiscalización, la hermana de Sandra Torres está al tanto de todos los proyectos de los Consejos de Desarrollo, presididos por los gobernadores, representantes del mandatario en los departamentos.
A través de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, Prensa Libre obtuvo copia de correspondencia entre Clemente Rodríguez, gobernador de Chimaltenango y otro funcionario, el aludido envió copia de todas las gestiones a Torres.
Consultado al respecto, el gobernador reconoció que con la hermana de la esposa del presidente Álvaro Colom mantiene una relación de coordinación total, “ella nos da el apoyo para ejercer nuestras funciones”, enfatizó.
Afirmó que, con Torres, los gobernadores coordinan proyectos y programas, especialmente los de tipo social. “A ella le informamos de los procesos de nuestros planes”, finalizó.
Algunos diputados aseguran que hasta parlamentarios han acudido a Torres, quien se desempeña como secretaria de organización del partido oficial, para casi todo, para pedir obras y apoyo. “Ella misma nombró a los gobernadores”, aseguró un congresista que prefirió omitir su nombre.
Sin nombramiento
Roberto Alfaro, ex diputado y asesor de la Contraloría General de Cuentas, comentó que llama la atención que Torres desempeñe funciones y atribuciones, sin que hasta la fecha se conozca de un nombramiento y qué atribuciones tiene, como lo establece la Ley de Servicio Civil.
Presidente del suspendido Bancafé, queda libre bajo fianza
Prensa Libre
Eduardo González Rivera se despide, al abandonar la Torre de Tribunales, tras salir del juzgado.
El banquero Eduardo González Rivera, vinculado a un préstamo sin respaldo de Q30 millones, recobró ayer su libertad, al ser beneficiado con una fianza de Q500 mil, y quedó ligado a proceso por caso especial de estafa.
Después de haber permanecido un año y siete meses prófugo, González Rivera llegó de manera voluntaria al Juzgado Octavo de Instancia Penal, a las 8.30 horas, en compañía de sus abogados David Abbot y Luis Godoy.
González manifestó que si antes no se había presentado al Juzgado fue porque se recuperaba de un derrame cerebral que sufrió hace cuatro años. Por ese problema afronta dificultades del habla.
En la audiencia, el banquero se abstuvo de declarar.
La jueza Marta Sierra de Stalling resolvió otorgar a González su libertad, a cambio de la citada fianza, y que quedara con arresto domiciliario, arraigo y la obligación de firmar el libro de asistencias cada mes.
Aunque la Fiscalía también sindicó a González por lavado de dinero, la jueza, en su fallo, le retiró ese delito.
Sierra de Stalling argumentó que desde la solicitud de la aprehensión de González a la fecha el MP no había aportado las pruebas para sustentar ese ilícito.
Agregó que la Fiscalía solicitó con anterioridad la clausura provisional para otros tres sindicados que fueron acusados por ese ilícito.
La Fiscalía sindica a González de haber participado en la autorización de un crédito de Q30 millones sin respaldo, cuando era presidente del Consejo de Administración de Bancafé.
Además, señaló que ese crédito coadyuvó al desbalance financiero de aquella entidad.
El fiscal Abraham Colocho expresó que se simuló haber otorgado ese crédito a José Miguel Fernández, y después el dinero se usó para inyectar fondos a Vipasa, empresa fuera de plaza y una de las entidades anexas de Bancafé, que estaba sobregirada por Q42 millones.
Sin embargo, la defensa aseguró que cuando se otorgó ese dinero González no se encontraba en el país, y que el Comité de Créditos era el encargado de autorizar los préstamos.
“Hay documentos que acreditan que no se ha cometido ningún delito, porque ese crédito ya fue cancelado”, aseveró Abbot.
Colocho afirmó que apelarán el fallo, porque las investigaciones demuestran que González sí tenía conocimiento del préstamo otorgado a Fernández, y que Q4 millones 300 mil llegaron a las cuentas personales del banquero.
González salió del Juzgado a las 17.45 horas, después de haber pagado la fianza.
Alfredo González Castillo, hijo del banquero y también sindicado en el caso, recobró su libertad el 13 de agosto último. La misma suerte corrió Celeste Aída Desirée Soto Vettorazzi, quien se presentó en el Juzgado en enero de este año.
Por este caso siguen prófugas cinco personas.
El banquero Eduardo González Rivera, vinculado a un préstamo sin respaldo de Q30 millones, recobró ayer su libertad, al ser beneficiado con una fianza de Q500 mil, y quedó ligado a proceso por caso especial de estafa.
Después de haber permanecido un año y siete meses prófugo, González Rivera llegó de manera voluntaria al Juzgado Octavo de Instancia Penal, a las 8.30 horas, en compañía de sus abogados David Abbot y Luis Godoy.
González manifestó que si antes no se había presentado al Juzgado fue porque se recuperaba de un derrame cerebral que sufrió hace cuatro años. Por ese problema afronta dificultades del habla.
En la audiencia, el banquero se abstuvo de declarar.
La jueza Marta Sierra de Stalling resolvió otorgar a González su libertad, a cambio de la citada fianza, y que quedara con arresto domiciliario, arraigo y la obligación de firmar el libro de asistencias cada mes.
Aunque la Fiscalía también sindicó a González por lavado de dinero, la jueza, en su fallo, le retiró ese delito.
Sierra de Stalling argumentó que desde la solicitud de la aprehensión de González a la fecha el MP no había aportado las pruebas para sustentar ese ilícito.
Agregó que la Fiscalía solicitó con anterioridad la clausura provisional para otros tres sindicados que fueron acusados por ese ilícito.
La Fiscalía sindica a González de haber participado en la autorización de un crédito de Q30 millones sin respaldo, cuando era presidente del Consejo de Administración de Bancafé.
Además, señaló que ese crédito coadyuvó al desbalance financiero de aquella entidad.
El fiscal Abraham Colocho expresó que se simuló haber otorgado ese crédito a José Miguel Fernández, y después el dinero se usó para inyectar fondos a Vipasa, empresa fuera de plaza y una de las entidades anexas de Bancafé, que estaba sobregirada por Q42 millones.
Sin embargo, la defensa aseguró que cuando se otorgó ese dinero González no se encontraba en el país, y que el Comité de Créditos era el encargado de autorizar los préstamos.
“Hay documentos que acreditan que no se ha cometido ningún delito, porque ese crédito ya fue cancelado”, aseveró Abbot.
Colocho afirmó que apelarán el fallo, porque las investigaciones demuestran que González sí tenía conocimiento del préstamo otorgado a Fernández, y que Q4 millones 300 mil llegaron a las cuentas personales del banquero.
González salió del Juzgado a las 17.45 horas, después de haber pagado la fianza.
Alfredo González Castillo, hijo del banquero y también sindicado en el caso, recobró su libertad el 13 de agosto último. La misma suerte corrió Celeste Aída Desirée Soto Vettorazzi, quien se presentó en el Juzgado en enero de este año.
Por este caso siguen prófugas cinco personas.
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