A partir del lunes próximo, EE.UU. requerirá una segunda prueba de ADN para verificar que los niños que se entreguen en adopción a familias de ese país son los mismos que la madre biológica ofreció desde el inicio del trámite.
Actualmente, para conceder visa de inmigrante al menor, la embajada estadounidense requiere la comparación del ADN (información genética) con el de la madre que cede al niño, para iniciar el proceso de adopción.
A partir del 6 de agosto próximo, se requerirá otra de esas pruebas al final, para comprobar que se trata del mismo niño.
“La embajada implementará esta práctica en respuesta a preocupaciones sobre el proceso de adopción sin regulación en Guatemala. Se aplicará un extraordinario nivel de escrutinio en los casos que se tramiten en ese país”, se anunció ayer, en un comunicado.
En las últimas semanas, se han incrementado las denuncias de robo de niños, supuestamente para darlos en adopción, lo cual algunos sectores atribuyen al hecho de que, a partir de enero del 2008, los requisitos para ese trámite serán más estrictos.
El Gobierno de EE.UU. aplaude, además, en el documento, los esfuerzos del país por reformar los procesos de adopciones, para ajustarlos al Convenio de La Haya, ratificado en mayo recién pasado, y ofreció apoyo técnico.
Para cumplir con ese tratado internacional, que cobrará vigencia el 1 de enero del 2008, el Congreso debe aprobar una ley de adopciones. Según Rolando Morales, presidente de la Comisión legislativa del Menor, la mayor dificultad estaría en definir quién será la autoridad central para regular los trámites.
“Tenemos cuatro opciones: la Secretaría de Bienestar Social, la Procuraduría General de la Nación, una nueva institución o la Cancillería. La próxima semana trataremos de decidir”, comentó. Esa última institución fue propuesta por expertos de la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado, que visitaron el país la semana recién pasada, y urgieron la aprobación de la ley de adopciones.
Entre las sugerencias que dieron está que no sea sólo una entidad, sino que se integren varias, coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo de la coordinación es garantizar que las adopciones serán el último recurso, ya que antes se debe atender a la familia en riesgo, y en beneficio del menor.
Se debe garantizar que no habrá beneficios económicos, en ninguna de las fases del proceso de adopción.
Normativa
El Congreso ratificó en mayo último el Convenio de La Haya sobre adopciones.
Para aplicarlo debe haber una ley en la materia. Una iniciativa fue aprobada en dos lecturas y se estancó.
La próxima semana, legisladores buscarán acuerdos para decidir qué institución regulará las adopciones y aprobar la ley.
Según el Convenio, esa entidad establecerá que el niño es adoptable y autorizará la adopción internacional después de agotar alternativas nacionales y verificar que responde al interés superior del niño.
viernes, 3 de agosto de 2007
REQUERIRÁ APOYO DE MÁS LEYES
Necesitará de Inteligencia Civil y del Inacif, entre otras
La aprobación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es el paso más grande en la batalla contra la impunidad, pero necesitará apoyo de instituciones como la Dirección de Inteligencia Civil y el Instituto de Ciencias Forenses.
Además están pendientes de aprobación otras leyes que complementarán el paquete de normas encaminadas a legislar en materia de seguridad.
“Hay que reconocer el mérito de los diputados por haber aprobado la Cicig –que traerá investigadores extranjeros para apoyar a la fiscalía–, pero es sólo el primer paso. Hay instituciones guatemaltecas socias, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que aún no tiene presupuesto”, expresó Yolanda Pérez, ex presidenta del Colegio de Abogados.
Antes de la aprobación de la Cicig, el miércoles pasado, esta legislatura creó también la Dirección de Inteligencia Civil (Digici), el Inacif y la Ley contra el Crimen Organizado, que ya se utiliza para contar con agentes encubiertos contra pandilleros.
“La Cicig es trascendental, pero se han aprobado otras leyes, como aquella contra el crimen organizado y la Digici, y juntas generan una posición como país contra la delincuencia organizada, y se empieza a hacer una política de Estado que antes no existía”, explicó Oliverio García Rodas, primer vicepresidente del Congreso.
Analistas coincidieron en comparar a la Cicig con un delantero central que acaba de adquirir el Estado de Guatemala, pero que para anotar goles necesita del apoyo del resto de instituciones que forman parte del equipo.
Agenda pendiente
A pesar de los pasos adelante, todavía hay leyes pendientes para seguir “destrabando nudos” de la cadena de justicia.
“Es un paso importante. La Cicig no va a hacerlo todo, pero va a generar fortalezas y estructuras en el MP. Hacen falta más leyes, porque hay una serie de nudos pendientes”, afirmó Javier Monterroso, del programa Fortalecimiento a las organizaciones sociales en seguridad.
Algunas de estas normativas son la de la carrera fiscal, la de acceso a información, la de armas y municiones, la de servicios de seguridad privada, y las reformas a la Ley de Amparo.
Las funciones de la Cicig serán determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad, sus formas de operar, financiamiento y posible vinculación con entidades del Estado, para desarticularlos.
Estará integrada por investigadores internacionales y guatemaltecos que gozarán de inmunidad ante toda acción judicial, incluso respecto de sus palabras escritas o pronunciadas y actos inherentes al cargo, además de exención de impuestos.
Es un paso
La Cicig es un paso importante, pero sin el apoyo del Estado, por medio de sus instituciones, será inútil. En la lucha contra la impunidad todos debemos ser socios, instituciones y ciudadanos, opinó Yolanda Pérez, abogada.
Imasp: Es un proceso
No se puede cambiar de la noche a la mañana un sistema de justicia que nunca ha funcionado. Es un proceso que ha sido demasiado lento, pero hay avances que son positivos, consideró Verónica Godoy, de Imasp.
Analista: Falta más
El Estado todavía tiene algunas ataduras legales, como la Ley de Amparo o la falta de la ley de acceso a la información. Este Congreso ha aprobado leyes muy importantes, pero aún falta más, dijo Javier Monterroso.
La aprobación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es el paso más grande en la batalla contra la impunidad, pero necesitará apoyo de instituciones como la Dirección de Inteligencia Civil y el Instituto de Ciencias Forenses.
Además están pendientes de aprobación otras leyes que complementarán el paquete de normas encaminadas a legislar en materia de seguridad.
“Hay que reconocer el mérito de los diputados por haber aprobado la Cicig –que traerá investigadores extranjeros para apoyar a la fiscalía–, pero es sólo el primer paso. Hay instituciones guatemaltecas socias, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que aún no tiene presupuesto”, expresó Yolanda Pérez, ex presidenta del Colegio de Abogados.
Antes de la aprobación de la Cicig, el miércoles pasado, esta legislatura creó también la Dirección de Inteligencia Civil (Digici), el Inacif y la Ley contra el Crimen Organizado, que ya se utiliza para contar con agentes encubiertos contra pandilleros.
“La Cicig es trascendental, pero se han aprobado otras leyes, como aquella contra el crimen organizado y la Digici, y juntas generan una posición como país contra la delincuencia organizada, y se empieza a hacer una política de Estado que antes no existía”, explicó Oliverio García Rodas, primer vicepresidente del Congreso.
Analistas coincidieron en comparar a la Cicig con un delantero central que acaba de adquirir el Estado de Guatemala, pero que para anotar goles necesita del apoyo del resto de instituciones que forman parte del equipo.
Agenda pendiente
A pesar de los pasos adelante, todavía hay leyes pendientes para seguir “destrabando nudos” de la cadena de justicia.
“Es un paso importante. La Cicig no va a hacerlo todo, pero va a generar fortalezas y estructuras en el MP. Hacen falta más leyes, porque hay una serie de nudos pendientes”, afirmó Javier Monterroso, del programa Fortalecimiento a las organizaciones sociales en seguridad.
Algunas de estas normativas son la de la carrera fiscal, la de acceso a información, la de armas y municiones, la de servicios de seguridad privada, y las reformas a la Ley de Amparo.
Las funciones de la Cicig serán determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad, sus formas de operar, financiamiento y posible vinculación con entidades del Estado, para desarticularlos.
Estará integrada por investigadores internacionales y guatemaltecos que gozarán de inmunidad ante toda acción judicial, incluso respecto de sus palabras escritas o pronunciadas y actos inherentes al cargo, además de exención de impuestos.
Es un paso
La Cicig es un paso importante, pero sin el apoyo del Estado, por medio de sus instituciones, será inútil. En la lucha contra la impunidad todos debemos ser socios, instituciones y ciudadanos, opinó Yolanda Pérez, abogada.
Imasp: Es un proceso
No se puede cambiar de la noche a la mañana un sistema de justicia que nunca ha funcionado. Es un proceso que ha sido demasiado lento, pero hay avances que son positivos, consideró Verónica Godoy, de Imasp.
Analista: Falta más
El Estado todavía tiene algunas ataduras legales, como la Ley de Amparo o la falta de la ley de acceso a la información. Este Congreso ha aprobado leyes muy importantes, pero aún falta más, dijo Javier Monterroso.
VIOLENCIA PUEDE CONSTITUIR PELIGRO
La violencia política desatada en este proceso electoral es una de las principales preocupaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) que recién se instaló en el país.
“En cualquier caso, la violencia política es un asunto muy grave (...) estamos conscientes de que ya se han producido algunos episodios de violencia política relacionados con las elecciones municipales”, expresó ayer, en conferencia de prensa, José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión.
Agregó que los observadores estarán desplegados en todo el país, para verificar el proceso de descentralización del voto, y recorrerán los lugares donde ya se han dado casos de violencia política.
Un informe de Mirador Electoral señaló esta semana que se han reportado 38 muertes de personas vinculadas a partidos políticos.
“En estos procesos democráticos no hay lugar para la violencia política; en ese sentido pueden estar convencidos de que vamos a centrar nuestros esfuerzos en seguir estos casos, y esperamos con nuestra presencia reducir tensiones y aportar confianza a los actores electorales y ciudadanos”, afirmó la Misión.
Wolfang Kreissl-Dörfler, jefe de la Misión, explicó que en el proceso de observación electoral se apoyarán con organizaciones de la sociedad civil.
A partir de esta semana se comenzará con un seguimiento al proceso electoral, que terminará hasta varias semanas después del evento, porque incluye verificar el cumplimiento de la Ley Electoral, la cobertura de medios de comunicación, la campaña de los políticos y la publicación de los resultados.
El primer grupo de la UE, que llegó el martes recién pasado, está integrado por el jefe de misión y siete expertos, y en los próximos días se integrarán 96 observadores.
Organizaciones: Verificación
Los grupos de observación instalados en el país son:
La Procuraduría de los Derechos Humanos participará con ocho mil observadores voluntarios el día de los comicios, para denunciar anomalías.
La Misión Indígena de Observación Electoral ya inició la verificación del proceso de descentralización de las mesas de votación.
La Organización de los Estados Americanos instaló una misión de observación desde mayo pasado. Todo el proceso electoral será observado por 150 personas.
Mirador Electoral está integrado por cinco organizaciones de la sociedad civil y trabaja con 174 grupos y cuatro mil voluntarios para verificar el proceso en todos los departamentos.
“En cualquier caso, la violencia política es un asunto muy grave (...) estamos conscientes de que ya se han producido algunos episodios de violencia política relacionados con las elecciones municipales”, expresó ayer, en conferencia de prensa, José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión.
Agregó que los observadores estarán desplegados en todo el país, para verificar el proceso de descentralización del voto, y recorrerán los lugares donde ya se han dado casos de violencia política.
Un informe de Mirador Electoral señaló esta semana que se han reportado 38 muertes de personas vinculadas a partidos políticos.
“En estos procesos democráticos no hay lugar para la violencia política; en ese sentido pueden estar convencidos de que vamos a centrar nuestros esfuerzos en seguir estos casos, y esperamos con nuestra presencia reducir tensiones y aportar confianza a los actores electorales y ciudadanos”, afirmó la Misión.
Wolfang Kreissl-Dörfler, jefe de la Misión, explicó que en el proceso de observación electoral se apoyarán con organizaciones de la sociedad civil.
A partir de esta semana se comenzará con un seguimiento al proceso electoral, que terminará hasta varias semanas después del evento, porque incluye verificar el cumplimiento de la Ley Electoral, la cobertura de medios de comunicación, la campaña de los políticos y la publicación de los resultados.
El primer grupo de la UE, que llegó el martes recién pasado, está integrado por el jefe de misión y siete expertos, y en los próximos días se integrarán 96 observadores.
Organizaciones: Verificación
Los grupos de observación instalados en el país son:
La Procuraduría de los Derechos Humanos participará con ocho mil observadores voluntarios el día de los comicios, para denunciar anomalías.
La Misión Indígena de Observación Electoral ya inició la verificación del proceso de descentralización de las mesas de votación.
La Organización de los Estados Americanos instaló una misión de observación desde mayo pasado. Todo el proceso electoral será observado por 150 personas.
Mirador Electoral está integrado por cinco organizaciones de la sociedad civil y trabaja con 174 grupos y cuatro mil voluntarios para verificar el proceso en todos los departamentos.
GOBIERNO QUIERE PESQUISA DE CICIG EN MIGRACION, LA PNC Y PRESIDIOS
Hará solicitud a ONU, por evidencias de infiltración del crimen organizado en esas instituciones
El primer trabajo que pedirá el Ejecutivo a las Naciones Unidas, cuando se asigne a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es que investigue la existencia de cuerpos paralelos y la infiltración del crimen organizado y aparatos clandestinos en la Policía Nacional Civil (PNC), el Sistema Penitenciario y la Dirección General de Migración.
Un día después de que el Congreso aprobara de urgencia nacional la ratificación del convenio entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la creación de la Cicig, el vicepresidente Eduardo Stein comentó ayer que ya ha habido un diálogo informal con la secretaría política de esa organización, en función de escoger temas o casos emblemáticos con los que la Comisión pueda empezar su trabajo, una vez esté instalada en el país.
“El Ejecutivo no puede ir más allá de la propias instituciones bajo su jurisdicción, como lo sería la PNC, la Dirección General de Migración y el Sistema Penitenciario, donde hay claros indicios de que aparatos clandestinos y grupos paralelos de seguridad han estado funcionando.
Deberíamos pedirle a la Comisión que empiece las investigaciones por ahí”, señaló Stein.
Recordó que trabajos de investigación periodística y procesos de fortalecimiento institucional han descubierto cómo estructuras criminales organizadas están infiltradas en Presidios, y de qué manera el crimen organizado está involucrado en el tráfico ilegal de personas y negocios de visas, por ejemplo.
Al servicio de redes
Santos Cuc, director general de Migración, consideró clave una investigación de expertos extranjeros, para determinar el grado de infiltración que tiene el crimen organizado en fronteras y dependencias de la Dirección a su cargo.
“Nosotros tenemos indicios de que hay algunos empleados que están al servicio de redes bien organizadas, que logran conseguir documentación de forma anómala para traficar personas, visas, pasaportes; y suponemos que es una red la que está infiltrada”, comentó Cuc.
Margarita Castillo, directora del Sistema Penitenciario, reconoció que desde los centros carcelarios del país se planifican extorsiones, secuestros y asaltos, esto porque reos de alta peligrosidad, pese a estar condenados por delitos cometidos, siguen operando con relativa facilidad.
“Hay denuncias anónimas de los propios reos sobre las extorsiones que otros privados de libertad realizan desde adentro, y aunque se hacen operativos que permiten confiscar armas y celulares y se refuerzan los controles, los contactos de estos grupos con bandas organizadas les facilitan volver a estructurarse”, admitió Castillo.
El caso más reciente, que evidenció la incrustación del crimen organizado en instituciones del Estado, fue el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, en febrero de este año.
Por el crimen fueron capturados jefes de la PNC, que luego fueron asesinados en prisión, y otros más están procesados por el mismo delito, el cual es atribuido al narcotráfico; hasta se mencionan nombres de diputados guatemaltecos como responsables.
La ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, coincidió con Stein en que el trabajo de la Cicig es indispensable para sanear la PNC, pues de otra forma no lograrán desarticular redes del crimen organizado en las filas de la institución.
Julio Balconi, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, dijo que otro punto que debe investigarse es cómo el problema de la inseguridad ciudadana tiene conexiones con el narcotráfico, pandillas y otras organizaciones criminales.
Integración: Comisionado será iberoamericano
Un jurista proveniente de España, Argentina o Chile será el comisionado a cargo de la Cicig, lo que tendrá que decidir Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU.
“No se tienen nombres todavía, pero, por la experiencia que tienen esos países en este tipo de investigaciones y el idioma, lo más probable es que sea de Argentina, Chile o España”, explicó Frank La Rue, comisionado presidencial para los Derechos Humanos.
Según el tratado de la Cicig, el comisionado deberá ser jurista y poseer un alto nivel de competencia profesional en esferas relacionadas con el mandato de esa comisión.
Particularmente, en derechos humanos y Derecho Penal e Internacional, y tener amplia experiencia en la investigación y el combate de la impunidad.
Cuando la ONU reciba la Cicig convertida en ley, abrirá un fideicomiso para que los países donantes de la Unión Europea y Estados Unidos puedan depositar fondos para ayudar al funcionamiento de la Comisión.
Copadas por la impunidad
La Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y el Sistema Penitenciario son las tres de muchas instituciones del Estado en donde la infiltración de redes del crimen organizado ha evidenciado cómo las estructuras paralelas pueden llegar a tener a su servicio todo el aparato del Estado, para promover sus acciones de ilegalidad, corrupción, tráfico de personas, contrabando y falsificación de documentos.
Policía Nacional Civil
El asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, en febrero pasado, destapó que agentes de la Policía, narcotraficantes e incluso diputados habrían planificado y ejecutado el crimen, según las investigaciones del MP.
En los últimos años, los cuerpos élite de la PNC, que tienen a su cargo investigaciones y combate del narcotráfico, han sido transformados o sometidos a depuración, debido al involucramiento de sus jefes en acciones del crimen organizado.
Han sido depurados en los tres años y siete meses de este gobierno más de un mil 800 policías, entre comisarios, investigadores y agentes, por denuncias de corrupción, ejecuciones extrajudiciales, abuso de poder y extorsiones, entre otros actos ilícitos.
Migración
Toda una mafia en dependencias de Migración, cuyo alcance ha sobrepasado oficinas nacionales, se ha evidenciado a través de la venta de visas, falsificación de pasaportes y legalización de papelería para el ingreso de indocumentados con destino a Estados Unidos.
En el aeropuerto La Aurora, se han registrado casos de chinos, jordanos, iraquíes, cubanos, ecuatorianos y colombianos con pasaportes falsos, quienes han entrado en el país tras haber pagado unos US$500 a personal migratorio. Pero también están las fronteras con México, como El Carmen y Tecún Umán, en donde, por US$1 mil, se venden pases legales a deportados de ese país vecino, para ser registrados como guatemaltecos.
En la frontera El Florido, en Chiquimula, hay toda una red de contrabando que permite el ingreso de licores sin el pago de impuesto, y también la salida y entrada de vehículos de procedencia dudosa.
Presidios
La debilidad del sistema carcelario del país ha quedado al descubierto con masivas fugas, extorsiones, planificación de asaltos desde los penales, sobornos a jueces e incluso a las propias autoridades de Presidios.
En el 2001 se fugaron 78 reos de alta peligrosidad de la cárcel El Infiernito, en Escuintla, donde, con toda complicidad, los guardias y autoridades del penal pudieron planificar y concretar la huida.
La historia se repitió en el 2005, cuando 17 presos se fugaron, nuevamente, de El Infiernito,por un túnel que cavaron durante varios meses, sin que nadie se diera cuenta. Ajustes de cuentas entre pandillas en las cárceles han originado masacres, como sucedió en diciembre del 2002, cuando fueron muertos 13 pandilleros.
Ell 25 de septiembre del 2005, un operativo de alto impacto permitió retomar el control de la Granja Penal Pavón, y se presentó a la ciudadanía cómo un grupo de reos condenados tenían toda una red de extorsiones que realizaban desde teléfonos fijos, ubicados en ese centro carcelario; fabricaban licor clandestino y hasta tenían un taller para desmantelar vehículos que eran robados y llevados a ese lugar. Aunque se anunció que serían instalados aparatos para bloquear la señal de celulares, siguen las denuncias de extorsiones desde las prisiones.
El primer trabajo que pedirá el Ejecutivo a las Naciones Unidas, cuando se asigne a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es que investigue la existencia de cuerpos paralelos y la infiltración del crimen organizado y aparatos clandestinos en la Policía Nacional Civil (PNC), el Sistema Penitenciario y la Dirección General de Migración.
Un día después de que el Congreso aprobara de urgencia nacional la ratificación del convenio entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la creación de la Cicig, el vicepresidente Eduardo Stein comentó ayer que ya ha habido un diálogo informal con la secretaría política de esa organización, en función de escoger temas o casos emblemáticos con los que la Comisión pueda empezar su trabajo, una vez esté instalada en el país.
“El Ejecutivo no puede ir más allá de la propias instituciones bajo su jurisdicción, como lo sería la PNC, la Dirección General de Migración y el Sistema Penitenciario, donde hay claros indicios de que aparatos clandestinos y grupos paralelos de seguridad han estado funcionando.
Deberíamos pedirle a la Comisión que empiece las investigaciones por ahí”, señaló Stein.
Recordó que trabajos de investigación periodística y procesos de fortalecimiento institucional han descubierto cómo estructuras criminales organizadas están infiltradas en Presidios, y de qué manera el crimen organizado está involucrado en el tráfico ilegal de personas y negocios de visas, por ejemplo.
Al servicio de redes
Santos Cuc, director general de Migración, consideró clave una investigación de expertos extranjeros, para determinar el grado de infiltración que tiene el crimen organizado en fronteras y dependencias de la Dirección a su cargo.
“Nosotros tenemos indicios de que hay algunos empleados que están al servicio de redes bien organizadas, que logran conseguir documentación de forma anómala para traficar personas, visas, pasaportes; y suponemos que es una red la que está infiltrada”, comentó Cuc.
Margarita Castillo, directora del Sistema Penitenciario, reconoció que desde los centros carcelarios del país se planifican extorsiones, secuestros y asaltos, esto porque reos de alta peligrosidad, pese a estar condenados por delitos cometidos, siguen operando con relativa facilidad.
“Hay denuncias anónimas de los propios reos sobre las extorsiones que otros privados de libertad realizan desde adentro, y aunque se hacen operativos que permiten confiscar armas y celulares y se refuerzan los controles, los contactos de estos grupos con bandas organizadas les facilitan volver a estructurarse”, admitió Castillo.
El caso más reciente, que evidenció la incrustación del crimen organizado en instituciones del Estado, fue el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, en febrero de este año.
Por el crimen fueron capturados jefes de la PNC, que luego fueron asesinados en prisión, y otros más están procesados por el mismo delito, el cual es atribuido al narcotráfico; hasta se mencionan nombres de diputados guatemaltecos como responsables.
La ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, coincidió con Stein en que el trabajo de la Cicig es indispensable para sanear la PNC, pues de otra forma no lograrán desarticular redes del crimen organizado en las filas de la institución.
Julio Balconi, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, dijo que otro punto que debe investigarse es cómo el problema de la inseguridad ciudadana tiene conexiones con el narcotráfico, pandillas y otras organizaciones criminales.
Integración: Comisionado será iberoamericano
Un jurista proveniente de España, Argentina o Chile será el comisionado a cargo de la Cicig, lo que tendrá que decidir Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU.
“No se tienen nombres todavía, pero, por la experiencia que tienen esos países en este tipo de investigaciones y el idioma, lo más probable es que sea de Argentina, Chile o España”, explicó Frank La Rue, comisionado presidencial para los Derechos Humanos.
Según el tratado de la Cicig, el comisionado deberá ser jurista y poseer un alto nivel de competencia profesional en esferas relacionadas con el mandato de esa comisión.
Particularmente, en derechos humanos y Derecho Penal e Internacional, y tener amplia experiencia en la investigación y el combate de la impunidad.
Cuando la ONU reciba la Cicig convertida en ley, abrirá un fideicomiso para que los países donantes de la Unión Europea y Estados Unidos puedan depositar fondos para ayudar al funcionamiento de la Comisión.
Copadas por la impunidad
La Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y el Sistema Penitenciario son las tres de muchas instituciones del Estado en donde la infiltración de redes del crimen organizado ha evidenciado cómo las estructuras paralelas pueden llegar a tener a su servicio todo el aparato del Estado, para promover sus acciones de ilegalidad, corrupción, tráfico de personas, contrabando y falsificación de documentos.
Policía Nacional Civil
El asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, en febrero pasado, destapó que agentes de la Policía, narcotraficantes e incluso diputados habrían planificado y ejecutado el crimen, según las investigaciones del MP.
En los últimos años, los cuerpos élite de la PNC, que tienen a su cargo investigaciones y combate del narcotráfico, han sido transformados o sometidos a depuración, debido al involucramiento de sus jefes en acciones del crimen organizado.
Han sido depurados en los tres años y siete meses de este gobierno más de un mil 800 policías, entre comisarios, investigadores y agentes, por denuncias de corrupción, ejecuciones extrajudiciales, abuso de poder y extorsiones, entre otros actos ilícitos.
Migración
Toda una mafia en dependencias de Migración, cuyo alcance ha sobrepasado oficinas nacionales, se ha evidenciado a través de la venta de visas, falsificación de pasaportes y legalización de papelería para el ingreso de indocumentados con destino a Estados Unidos.
En el aeropuerto La Aurora, se han registrado casos de chinos, jordanos, iraquíes, cubanos, ecuatorianos y colombianos con pasaportes falsos, quienes han entrado en el país tras haber pagado unos US$500 a personal migratorio. Pero también están las fronteras con México, como El Carmen y Tecún Umán, en donde, por US$1 mil, se venden pases legales a deportados de ese país vecino, para ser registrados como guatemaltecos.
En la frontera El Florido, en Chiquimula, hay toda una red de contrabando que permite el ingreso de licores sin el pago de impuesto, y también la salida y entrada de vehículos de procedencia dudosa.
Presidios
La debilidad del sistema carcelario del país ha quedado al descubierto con masivas fugas, extorsiones, planificación de asaltos desde los penales, sobornos a jueces e incluso a las propias autoridades de Presidios.
En el 2001 se fugaron 78 reos de alta peligrosidad de la cárcel El Infiernito, en Escuintla, donde, con toda complicidad, los guardias y autoridades del penal pudieron planificar y concretar la huida.
La historia se repitió en el 2005, cuando 17 presos se fugaron, nuevamente, de El Infiernito,por un túnel que cavaron durante varios meses, sin que nadie se diera cuenta. Ajustes de cuentas entre pandillas en las cárceles han originado masacres, como sucedió en diciembre del 2002, cuando fueron muertos 13 pandilleros.
Ell 25 de septiembre del 2005, un operativo de alto impacto permitió retomar el control de la Granja Penal Pavón, y se presentó a la ciudadanía cómo un grupo de reos condenados tenían toda una red de extorsiones que realizaban desde teléfonos fijos, ubicados en ese centro carcelario; fabricaban licor clandestino y hasta tenían un taller para desmantelar vehículos que eran robados y llevados a ese lugar. Aunque se anunció que serían instalados aparatos para bloquear la señal de celulares, siguen las denuncias de extorsiones desde las prisiones.
ZOZOBRA EMBARCACION EN SIERRA LEONA, SE TEMEN 50 MUERTOS
Cerca de 50 personas se habrían ahogado y más de 100 se temen desaparecidas luego de que la embarcación en que viajaban se volcara bajo las intensas lluvias en la desembocadura de un río en Sierra Leona, informó el viernes la policía.
Un portavoz de la asociación de propietarios de botes local dijo que se han recuperado siete cuerpos hasta el momento desde el mar hacia el estuario del río Gran Scarcies, cerca de la frontera norte de Sierra Leona.
La policía en el norteño distrito de Kambia estimó que cerca de 50 personas habrían muerto, según las cuentas de los únicos dos sobrevivientes rescatados hasta el momento.
Se cree que la embarcación, que estaba en camino desde la capital costera de Freetown al pueblo de Rokupr, al costado del río, transportaba cerca de 200 pasajeros cuando ingresó en el caudal aumentado por las torrenciales lluvias.
"Miembros de la marina de Sierra Leona, respaldados por integrantes de la asociación de botes, fueron a tempranas horas de la mañana a la zona del desastre para unirse a los pescadores locales que han estado buscando desde que ocurrió la tragedia," dijo el portavoz de la asociación de propietarios de botes, Michael Asuman.
Las autoridades dicen que las fuertes lluvias han arrasado decenas de casas en el área de los cerros de Freetown en la última semana, dejando a más de 500 personas en la calle.
Los accidentes de embarcaciones son comunes durante el período de lluvias en Sierra Leona. Cerca de 25 personas se ahogaron en julio del Año pasado cuando una ola volcó su navío en el delta del río Gran Scarcies.
Varias de las embarcaciones, que recorren rutas comerciales y de pasajeros en las vías fluviales dentro del país y frente a la costa de Africa Occidental, no cuentan con una mantención adecuada.
Un portavoz de la asociación de propietarios de botes local dijo que se han recuperado siete cuerpos hasta el momento desde el mar hacia el estuario del río Gran Scarcies, cerca de la frontera norte de Sierra Leona.
La policía en el norteño distrito de Kambia estimó que cerca de 50 personas habrían muerto, según las cuentas de los únicos dos sobrevivientes rescatados hasta el momento.
Se cree que la embarcación, que estaba en camino desde la capital costera de Freetown al pueblo de Rokupr, al costado del río, transportaba cerca de 200 pasajeros cuando ingresó en el caudal aumentado por las torrenciales lluvias.
"Miembros de la marina de Sierra Leona, respaldados por integrantes de la asociación de botes, fueron a tempranas horas de la mañana a la zona del desastre para unirse a los pescadores locales que han estado buscando desde que ocurrió la tragedia," dijo el portavoz de la asociación de propietarios de botes, Michael Asuman.
Las autoridades dicen que las fuertes lluvias han arrasado decenas de casas en el área de los cerros de Freetown en la última semana, dejando a más de 500 personas en la calle.
Los accidentes de embarcaciones son comunes durante el período de lluvias en Sierra Leona. Cerca de 25 personas se ahogaron en julio del Año pasado cuando una ola volcó su navío en el delta del río Gran Scarcies.
Varias de las embarcaciones, que recorren rutas comerciales y de pasajeros en las vías fluviales dentro del país y frente a la costa de Africa Occidental, no cuentan con una mantención adecuada.
COREA DEL SUR DICE A TALIBANES QUE TIENE UNA INFLUENCIA LIMITADA
El Gobierno surcoreano dijo a los insurgentes talibanes que mantienen en su poder a 21 rehenes coreanos que las gestiones que puede hacer para resolver la disputa por los cautivos tienen límites.
Ha habido algunos contactos con los talibanes y una delegación surcoreana arribó el jueves a la provincia afgana en donde se encuentran los rehenes para intentar sostener conversaciones directas con los secuestradores.
"A través de nuestros contactos, nuestro objetivo definitivo es dejar en claro que hay un límite en cuanto a lo que nuestro Gobierno puede hacer para cumplir sus demandas para liberar a prisioneros," dijo a periodistas el portavoz presidencial Chun Ho-sun.
En Afganistán, un portavoz talibán dijo el viernes que el grupo había mantenido contactos con el equipo coreano por teléfono y que aún no se ha acordado un sitio para sostener conversaciones directas.
El portavoz Qari Mohammad Yousuf comentó a Reuters por teléfono que los insurgentes preferían mantener negociaciones en una zona que controlen y respondieron por la seguridad de los delegados coreanos.
Yousuf agregó que el grupo deliberaría acerca de una propuesta de un equipo de doctores afganos privados que se ha ofrecido para atender a los restantes rehenes, de los cuales se informó que hay dos seriamente enfermos.
Los talibanes mataron a dos de los rehenes hombres y acusaron al Gobierno afgano de no negociar de buena fe y de ignorar su demanda de liberar a prisioneros rebeldes. Los cautivos restantes incluyen a 18 mujeres.
Los insurgentes talibanes han amenazado repetidamente con asesinar al resto si no se cumplen sus demandas.
Separadamente, ocho legisladores surcoreanos se reunieron el jueves con funcionarios del Departamento de Estado estadounidense en Washington para buscar ayuda.
"Confirmamos el completo apoyo (...) por los rehenes coreanos que están atravesando un gran dolor," dijo a periodistas el legislador Park Jin luego de la reunión.
El Gobierno surcoreano ha pedido "flexibilidad," un comentario que analistas dicen está dirigido a Estados Unidos para que convenza a la administración afgana a fin de llegar a un acuerdo con los secuestradores.
Ha habido pedidos entre muchos políticos de izquierda para que Estados Unidos use su influencia para resolver la cuestión, pero Washington se mantiene firme en su negativa a hacer concesiones con grupos a los que considera terroristas, como los talibanes.
Otros en Corea del Sur han advertido que dicha presión podría tensionar los vínculos.
Ha habido algunos contactos con los talibanes y una delegación surcoreana arribó el jueves a la provincia afgana en donde se encuentran los rehenes para intentar sostener conversaciones directas con los secuestradores.
"A través de nuestros contactos, nuestro objetivo definitivo es dejar en claro que hay un límite en cuanto a lo que nuestro Gobierno puede hacer para cumplir sus demandas para liberar a prisioneros," dijo a periodistas el portavoz presidencial Chun Ho-sun.
En Afganistán, un portavoz talibán dijo el viernes que el grupo había mantenido contactos con el equipo coreano por teléfono y que aún no se ha acordado un sitio para sostener conversaciones directas.
El portavoz Qari Mohammad Yousuf comentó a Reuters por teléfono que los insurgentes preferían mantener negociaciones en una zona que controlen y respondieron por la seguridad de los delegados coreanos.
Yousuf agregó que el grupo deliberaría acerca de una propuesta de un equipo de doctores afganos privados que se ha ofrecido para atender a los restantes rehenes, de los cuales se informó que hay dos seriamente enfermos.
Los talibanes mataron a dos de los rehenes hombres y acusaron al Gobierno afgano de no negociar de buena fe y de ignorar su demanda de liberar a prisioneros rebeldes. Los cautivos restantes incluyen a 18 mujeres.
Los insurgentes talibanes han amenazado repetidamente con asesinar al resto si no se cumplen sus demandas.
Separadamente, ocho legisladores surcoreanos se reunieron el jueves con funcionarios del Departamento de Estado estadounidense en Washington para buscar ayuda.
"Confirmamos el completo apoyo (...) por los rehenes coreanos que están atravesando un gran dolor," dijo a periodistas el legislador Park Jin luego de la reunión.
El Gobierno surcoreano ha pedido "flexibilidad," un comentario que analistas dicen está dirigido a Estados Unidos para que convenza a la administración afgana a fin de llegar a un acuerdo con los secuestradores.
Ha habido pedidos entre muchos políticos de izquierda para que Estados Unidos use su influencia para resolver la cuestión, pero Washington se mantiene firme en su negativa a hacer concesiones con grupos a los que considera terroristas, como los talibanes.
Otros en Corea del Sur han advertido que dicha presión podría tensionar los vínculos.
VACACIONES DE SARKOZY EN EEUU LEVANTAN CEJAS
No por primera vez, la elección del presidente francés, Nicolas Sarkozy, de un destino vacacional en el exterior, ha levantado en casa más de algunas cejas.
En mayo, hizo a un lado la tradicional aversión francesa a las llamativas exhibiciones de lujo con una estadía en el yate de un multimillonario, sólo horas después de ser elegido.
El jueves, el Boston Globe informó que el mandatario, de 52 años, se dirigía a Estados Unidos para unas vacaciones de verano, una elección que muchos ven como símbolo de su deseo por mejorar las relaciones con ese país, severamente dañadas por la invasión a Irak.
El matutino Le Parisien dijo que el presidente y su familia se quedarían en una gran casa de campo en Wolfeboro, en el norte de Boston, que cuesta unos 30.000 dólares por semana de alquiler.
El Palacio Eliseo, en París, declinó mencionar el destino exacto de las vacaciones privadas de Sarkozy, pero confirmó que él y su familia están cerca de Boston.
"El señor y la señora Sarkozy están de vacaciones por invitación de unos amigos, en una casa situada en la rivera de un lago a dos horas conduciendo desde Boston. Ellos fueron allí con su familia en un vuelo regular," señaló un portavoz.
Destacando que Wolfeboro no está lejos de la propiedad costera de la familia del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en Kennebunkport, Maine, el matutino regional L'Alsace sugirió que los dos líderes podrían usar la oportunidad para llegar a conocerse.
"Sería realmente sorprendente que los dos hombres no se beneficien de esto para reunirse," señaló. "¿Se va uno de vacaciones sin decir 'hola' a los conocidos que están a la vuelta de la esquina?."
Le Monde argumentó además que la elección de Sarkozy de su destino vacacional también es significativo.
"(Es) un lugar altamente simbólico para una personas que durante su campaña electoral presidencial fue criticada una y otra vez por su atlanticismo," dijo el periódico, refiriéndose a la oposición a la percepción del proamericanismo de Sarkozy.
Los políticos franceses tienden a enfatizar el hecho de que pasan sus vacaciones en el país, aunque el predecesor de Sarkozy, Jacques Chirac, atrajo críticas en el 2000 por su estadía en un lujoso hotel de Mauricio.
En mayo, hizo a un lado la tradicional aversión francesa a las llamativas exhibiciones de lujo con una estadía en el yate de un multimillonario, sólo horas después de ser elegido.
El jueves, el Boston Globe informó que el mandatario, de 52 años, se dirigía a Estados Unidos para unas vacaciones de verano, una elección que muchos ven como símbolo de su deseo por mejorar las relaciones con ese país, severamente dañadas por la invasión a Irak.
El matutino Le Parisien dijo que el presidente y su familia se quedarían en una gran casa de campo en Wolfeboro, en el norte de Boston, que cuesta unos 30.000 dólares por semana de alquiler.
El Palacio Eliseo, en París, declinó mencionar el destino exacto de las vacaciones privadas de Sarkozy, pero confirmó que él y su familia están cerca de Boston.
"El señor y la señora Sarkozy están de vacaciones por invitación de unos amigos, en una casa situada en la rivera de un lago a dos horas conduciendo desde Boston. Ellos fueron allí con su familia en un vuelo regular," señaló un portavoz.
Destacando que Wolfeboro no está lejos de la propiedad costera de la familia del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en Kennebunkport, Maine, el matutino regional L'Alsace sugirió que los dos líderes podrían usar la oportunidad para llegar a conocerse.
"Sería realmente sorprendente que los dos hombres no se beneficien de esto para reunirse," señaló. "¿Se va uno de vacaciones sin decir 'hola' a los conocidos que están a la vuelta de la esquina?."
Le Monde argumentó además que la elección de Sarkozy de su destino vacacional también es significativo.
"(Es) un lugar altamente simbólico para una personas que durante su campaña electoral presidencial fue criticada una y otra vez por su atlanticismo," dijo el periódico, refiriéndose a la oposición a la percepción del proamericanismo de Sarkozy.
Los políticos franceses tienden a enfatizar el hecho de que pasan sus vacaciones en el país, aunque el predecesor de Sarkozy, Jacques Chirac, atrajo críticas en el 2000 por su estadía en un lujoso hotel de Mauricio.
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