Prensa LibreLa juventud se define como aquella etapa de la vida en la que el proceso de formación, de nuevas experiencias y de capacitación ayuda a la persona a convertirse en un adulta, con madurez mental suficiente para poder asumir responsabilidades laborales y familiares.
En el ámbito internacional se considera jóvenes a las personas que se encuentran entre los 15 y los 29 años de edad, pero en Guatemala son pocos los que, a pesar de pertenecer a este grupo, tienen la oportunidad de vivir como tales. La falta de oportunidades para estudiar, el rápido ingreso en el mundo laboral, la violencia y la paternidad prematura obligan a los jóvenes a madurar a marchas forzadas y a dejar de lado muchas de las experiencias que toda persona en esa etapa debe vivir.
Partiendo de esta base, se debe reconocer que la propia diversidad del país genera que haya juventudes distintas, con problemas específicos que las autoridades deben empezar a comprender.
En el marco de la celebración, este martes, del Día internacional de la juventud, cinco representantes de diferentes sectores juveniles del país compartieron un interesante debate, junto con Julia Maldonado, directora de la Coordinadora Nacional de la Juventud (Conjuve), con el fin de trasladarle sus demandas al Gobierno y a la propia sociedad.
Un representante del sector indígena, otro de los jóvenes en situación de riesgo, un universitario, un joven empresario y un integrante de Jóvenes por Guatemala intercambiaron visiones y experiencias, y la conclusión común fue que todos necesitan más espacios para expresarse, y mayor atención de las autoridades.
Los jóvenes (de 15 a 29 años) representan en Guatemala el 61 por ciento de la población (ocho millones), pero las inversiones estatales en proyectos para este sector —en la educación básica y en formación laboral— es mínima. De hecho, Conjuve apenas tiene Q3 millones de presupuesto para este año, aunque ya ha solicitado una ampliación de Q28 millones para el próximo período.
“Si el Gobierno está interesado en la juventud, aprobará el aumento de presupuesto”, fue lo primero que los jóvenes, representados en la mesa de debate, le dijeron a aquella funcionaria. “Eso espero”, respondió ella. “De momento, no nos han dicho que no”.
La representante del sector indígena, Eugenia Valey, integrante del movimiento social Waqib' Kej, fue una de las más críticas de la situación de los adolescentes y la falta de acciones gubernamentales.
“Los jóvenes indígenas, sobre todo las mujeres, son vistas como mano de obra barata para las maquilas o los empleos domésticos, minimizándoles aún más sus derechos laborales”, lamentó.
Para esta joven, el mayor problema que afecta a este sector es la falta de acceso a la educación secundaria, pues si bien la primaria tiene una cobertura casi total en el país, la básica se restringe a los cascos urbanos, por lo que muchos jóvenes no tienen acceso.
“La mayoría no llega a estudiar y tampoco puede conseguir un puesto de trabajo donde no sea explotada. Por eso, muchos optan por irse fuera, a los Estados Unidos, para conseguir un salario decente”, añadió Valey.
Las mujeres tienen menos acceso aún al sistema educativo. De hecho, la mayor tasa de analfabetismo se encuentra entre las indígenas, pues casi un 70 por ciento de ellas no sabe leer ni escribir.
Valey pidió al Gobierno que luche contra la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas, que les faciliten el acceso a la educación y que creen puestos de trabajo.
También recalcó en que la falta de acceso a un buen sistema de salud y de planificación familiar aumenta el riesgo de contraer enfermedades venéreas y de embarazos no deseados. “El acceso a la salud es mínimo para los indígenas, y menos todavía los programas enfocados a la juventud”, se quejó la joven.
Pedro Cruz, coordinador general de Jóvenes por Guatemala, animó a los jóvenes a colaborar y a involucrarse en la solución de los problemas del país. Esta organización está integrada principalmente por estudiantes de universidades privadas y colegios. Ya han efectuado dos campañas de sensibilización sobre la violencia y el medioambiente.
Para Cruz, no es cierto que los jóvenes afronten problemas muy distintos, según el sector social del que provengan. Afirmó: “A todos nos afectan las mismas cosas, solo que unos tienen más dinero que otros para darles solución”.
La organización de Cruz está interesada en la formación de líderes en el país, para constituir la nueva base política del futuro, pero no está vinculada a ningún partido político.
Según la experiencia de Jóvenes por Guatemala, la desintegración familiar es uno de los problemas que más afectan a los adolescentes de cualquier estrato social. “Esto es lo que induce a los jóvenes a meterse en drogas, a delinquir o a aislarse del mundo con su computadora”, apuntó Cruz.
Agregó que eso de que a la juventud no le interesa lo que pasa a su alrededor es un mito; la realidad es que no encuentra los espacios adecuados para expresarlo.
Una de las demandas de esta organización al Gobierno es que abra espacios para que los jóvenes puedan dar su opinión y que se les tenga en cuenta al momento de trazar las políticas para ese sector.
“Lo primero que debieran hacer es revisar cómo se están otorgando las becas de estudio, pues no hay ninguna institución que las centralice. Ahora se dan a dedo, y creo que todos los jóvenes, independientemente de nuestra condición, deberíamos tener acceso a ellas”, enfatizó Cruz.
Alex Donis, consejero de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede), aportó al debate una de las perspectivas más duras: cómo los jóvenes se ven afectados por la violencia y la estigmatización social, lo cual los lleva a integrarse a grupos delictivos y a ser reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado. El año pasado murieron, por causa de la violencia, 500 menores de edad.
Donis aseguró que ser adolescente en una de las áreas rojas del país es una tarea difícil. “La desintegración familiar, la violencia doméstica, el consumo de drogas y la presión de las pandillas son problemas comunes a todos los jóvenes de estos barrios”.
Aseguró que el propio sistema educativo expulsa a los jóvenes, empujándolos a las calles. “En vez de intentar llevar a los adolescentes problemáticos por buen camino, al mínimo problema en los institutos los expulsan, sin darles oportunidad ya de seguir hacia adelante o conseguir algún día un buen trabajo”, añadió.
Además, para quienes residen en barrios violentos es mucho más difícil conseguir un empleo, ya que las empresas los rechazan por su aspecto o por el lugar donde viven.
“Nuestros proyectos están enfocados a los jóvenes en situación vulnerable, y ahí es donde nos damos cuenta de que nunca han tenido una oportunidad, porque cuando se les da, tienden a aprovecharla”, aseguró Donis, sin dejar pasar que el proceso de reinserción de un ex pandillero es muy complicado.
“El problema que nosotros tenemos es que le estamos enseñando nuevas habilidades para valerse en la vida sin recurrir al delito, pero después no les podemos garantizar las oportunidades laborales, y los empresarios aún son reacios a contratarlos”, dijo.
Los jóvenes llegan a estos proyectos con baja autoestima, sin creer que son capaces de cambiar, pero con un poco de apoyo, lo hacen, según la experiencia de Aprede. “Se sienten rechazados por todo el mundo, esa es la tónica”, sostuvo el representante.
Donis está convencido de que el trabajo de la entidad a la que representa tendría que hacerlo el Gobierno, si de verdad se quiere promover un cambio en el país, ya que ninguna organización social tiene capacidad para darle continuidad a esa ayuda.
“El Estado debería comenzar a trabajar en los barrios más problemáticos, apostarle a la prevención, garantizar que los adolescentes van a tener acceso a la educación y un lugar digno donde reunirse con sus amigos a disfrutar de un juego de pelota”, reclamó.
“Los jóvenes son perseguidos, muchas veces sin razón, por la Policía. Si eres adolescente y vives en un barrio pobre, ya tienen derecho a detenerte, pegarte o extorsionarte, pero después quieren que estos mismos jóvenes tengan confianza en el Gobierno”, recalcó.
Aprede asegura que muchos de estos jóvenes en riesgo han sido víctimas de campañas de limpieza social, que lo único que han conseguido es generar más resentimiento.
Laura Ordóñez, representante de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos, se refirió a la falta de acceso al sistema educativo público y a la diferencia de oportunidades entre los jóvenes de la capital y de la provincia.
“El alto nivel de deserción escolar, sobre todo en los básicos, es lamentable, ya que el país está perdiendo la oportunidad de tener adultos formados para el futuro. Ninguno de estos jóvenes podrá acceder a un buen puesto de trabajo y mejorar su calidad de vida si no pueden acudir a la universidad”, opinó. De hecho, a penas un 1.4 por ciento tiene acceso a los estudios superiores.
“Nosotros reconocemos que es necesario descentralizar los servicios educativos y aumentar su calidad, porque no se le va a pedir a un joven de Petén que no tiene recursos que venga a estudiar hasta aquí”, añadió Ordóñez, quien consideró que la educación debería ser más técnica y estar acorde con la realidad de cada región.
“Otro problema grave es que los jóvenes no tienen acceso a la salud ni a una buena nutrición. Lo primero genera que sean víctimas perfectas de enfermedades o que trunquen su desarrollo al ser padres prematuros, y lo segundo les impide desde niños desarrollarse intelectualmente”, lamentó.
Entre las solicitudes que Ordóñez le hizo al Gobierno está que se cree conciencia cívica en los jóvenes, por medio de la educación; que el sistema deje de decirles a los adolescentes que su opinión no importa, sino todo lo contrario, que se les enseñe cuáles son sus derechos y cómo exigirlos.
Gabriel Vega, de Empresarios Juveniles, coincidió con Ordóñez en que la inseguridad afecta principalmente a los jóvenes y les impide desarrollarse.
“¿Cómo van a pensar los jóvenes en nuevos proyectos o en el futuro, si cada vez son más las víctimas de la violencia, si viven en barrios donde su mayor preocupación es que un día los maten?”, expuso.
Ordóñez añadió que no pueden tener una vida social sana en un país donde apenas se puede salir de casa por la noche o conocer gente con confianza.
Vega, cuya organización capacitará este año a más de 16 mil jóvenes, cree firmemente que los maestros deberían cambiar sus técnicas de enseñanza. “El maestro tiene que ser un facilitador, motivar al alumno a que aprenda, no repetir los contenidos de un libro”.
Asimismo, Empresarios Juveniles apuesta por concienciar a los niños y a los adolescentes de que Guatemala es un país lleno de oportunidades, que bien enfocadas, pueden estar al alcance de todos. “Jóvenes creativos hay cientos, solo que ese talento no es explotado”, afirma.
Ninguno de los invitados a la charla aprobó las medidas que toma el Gobierno en materia de juventud, pero reconocen que ocho meses es poco tiempo para tener resultados, aunque “sería bueno que ya pasaran de las buenas intenciones a los hechos”.
En el ámbito internacional se considera jóvenes a las personas que se encuentran entre los 15 y los 29 años de edad, pero en Guatemala son pocos los que, a pesar de pertenecer a este grupo, tienen la oportunidad de vivir como tales. La falta de oportunidades para estudiar, el rápido ingreso en el mundo laboral, la violencia y la paternidad prematura obligan a los jóvenes a madurar a marchas forzadas y a dejar de lado muchas de las experiencias que toda persona en esa etapa debe vivir.
Partiendo de esta base, se debe reconocer que la propia diversidad del país genera que haya juventudes distintas, con problemas específicos que las autoridades deben empezar a comprender.
En el marco de la celebración, este martes, del Día internacional de la juventud, cinco representantes de diferentes sectores juveniles del país compartieron un interesante debate, junto con Julia Maldonado, directora de la Coordinadora Nacional de la Juventud (Conjuve), con el fin de trasladarle sus demandas al Gobierno y a la propia sociedad.
Un representante del sector indígena, otro de los jóvenes en situación de riesgo, un universitario, un joven empresario y un integrante de Jóvenes por Guatemala intercambiaron visiones y experiencias, y la conclusión común fue que todos necesitan más espacios para expresarse, y mayor atención de las autoridades.
Los jóvenes (de 15 a 29 años) representan en Guatemala el 61 por ciento de la población (ocho millones), pero las inversiones estatales en proyectos para este sector —en la educación básica y en formación laboral— es mínima. De hecho, Conjuve apenas tiene Q3 millones de presupuesto para este año, aunque ya ha solicitado una ampliación de Q28 millones para el próximo período.
“Si el Gobierno está interesado en la juventud, aprobará el aumento de presupuesto”, fue lo primero que los jóvenes, representados en la mesa de debate, le dijeron a aquella funcionaria. “Eso espero”, respondió ella. “De momento, no nos han dicho que no”.
La representante del sector indígena, Eugenia Valey, integrante del movimiento social Waqib' Kej, fue una de las más críticas de la situación de los adolescentes y la falta de acciones gubernamentales.
“Los jóvenes indígenas, sobre todo las mujeres, son vistas como mano de obra barata para las maquilas o los empleos domésticos, minimizándoles aún más sus derechos laborales”, lamentó.
Para esta joven, el mayor problema que afecta a este sector es la falta de acceso a la educación secundaria, pues si bien la primaria tiene una cobertura casi total en el país, la básica se restringe a los cascos urbanos, por lo que muchos jóvenes no tienen acceso.
“La mayoría no llega a estudiar y tampoco puede conseguir un puesto de trabajo donde no sea explotada. Por eso, muchos optan por irse fuera, a los Estados Unidos, para conseguir un salario decente”, añadió Valey.
Las mujeres tienen menos acceso aún al sistema educativo. De hecho, la mayor tasa de analfabetismo se encuentra entre las indígenas, pues casi un 70 por ciento de ellas no sabe leer ni escribir.
Valey pidió al Gobierno que luche contra la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas, que les faciliten el acceso a la educación y que creen puestos de trabajo.
También recalcó en que la falta de acceso a un buen sistema de salud y de planificación familiar aumenta el riesgo de contraer enfermedades venéreas y de embarazos no deseados. “El acceso a la salud es mínimo para los indígenas, y menos todavía los programas enfocados a la juventud”, se quejó la joven.
Pedro Cruz, coordinador general de Jóvenes por Guatemala, animó a los jóvenes a colaborar y a involucrarse en la solución de los problemas del país. Esta organización está integrada principalmente por estudiantes de universidades privadas y colegios. Ya han efectuado dos campañas de sensibilización sobre la violencia y el medioambiente.
Para Cruz, no es cierto que los jóvenes afronten problemas muy distintos, según el sector social del que provengan. Afirmó: “A todos nos afectan las mismas cosas, solo que unos tienen más dinero que otros para darles solución”.
La organización de Cruz está interesada en la formación de líderes en el país, para constituir la nueva base política del futuro, pero no está vinculada a ningún partido político.
Según la experiencia de Jóvenes por Guatemala, la desintegración familiar es uno de los problemas que más afectan a los adolescentes de cualquier estrato social. “Esto es lo que induce a los jóvenes a meterse en drogas, a delinquir o a aislarse del mundo con su computadora”, apuntó Cruz.
Agregó que eso de que a la juventud no le interesa lo que pasa a su alrededor es un mito; la realidad es que no encuentra los espacios adecuados para expresarlo.
Una de las demandas de esta organización al Gobierno es que abra espacios para que los jóvenes puedan dar su opinión y que se les tenga en cuenta al momento de trazar las políticas para ese sector.
“Lo primero que debieran hacer es revisar cómo se están otorgando las becas de estudio, pues no hay ninguna institución que las centralice. Ahora se dan a dedo, y creo que todos los jóvenes, independientemente de nuestra condición, deberíamos tener acceso a ellas”, enfatizó Cruz.
Alex Donis, consejero de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede), aportó al debate una de las perspectivas más duras: cómo los jóvenes se ven afectados por la violencia y la estigmatización social, lo cual los lleva a integrarse a grupos delictivos y a ser reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado. El año pasado murieron, por causa de la violencia, 500 menores de edad.
Donis aseguró que ser adolescente en una de las áreas rojas del país es una tarea difícil. “La desintegración familiar, la violencia doméstica, el consumo de drogas y la presión de las pandillas son problemas comunes a todos los jóvenes de estos barrios”.
Aseguró que el propio sistema educativo expulsa a los jóvenes, empujándolos a las calles. “En vez de intentar llevar a los adolescentes problemáticos por buen camino, al mínimo problema en los institutos los expulsan, sin darles oportunidad ya de seguir hacia adelante o conseguir algún día un buen trabajo”, añadió.
Además, para quienes residen en barrios violentos es mucho más difícil conseguir un empleo, ya que las empresas los rechazan por su aspecto o por el lugar donde viven.
“Nuestros proyectos están enfocados a los jóvenes en situación vulnerable, y ahí es donde nos damos cuenta de que nunca han tenido una oportunidad, porque cuando se les da, tienden a aprovecharla”, aseguró Donis, sin dejar pasar que el proceso de reinserción de un ex pandillero es muy complicado.
“El problema que nosotros tenemos es que le estamos enseñando nuevas habilidades para valerse en la vida sin recurrir al delito, pero después no les podemos garantizar las oportunidades laborales, y los empresarios aún son reacios a contratarlos”, dijo.
Los jóvenes llegan a estos proyectos con baja autoestima, sin creer que son capaces de cambiar, pero con un poco de apoyo, lo hacen, según la experiencia de Aprede. “Se sienten rechazados por todo el mundo, esa es la tónica”, sostuvo el representante.
Donis está convencido de que el trabajo de la entidad a la que representa tendría que hacerlo el Gobierno, si de verdad se quiere promover un cambio en el país, ya que ninguna organización social tiene capacidad para darle continuidad a esa ayuda.
“El Estado debería comenzar a trabajar en los barrios más problemáticos, apostarle a la prevención, garantizar que los adolescentes van a tener acceso a la educación y un lugar digno donde reunirse con sus amigos a disfrutar de un juego de pelota”, reclamó.
“Los jóvenes son perseguidos, muchas veces sin razón, por la Policía. Si eres adolescente y vives en un barrio pobre, ya tienen derecho a detenerte, pegarte o extorsionarte, pero después quieren que estos mismos jóvenes tengan confianza en el Gobierno”, recalcó.
Aprede asegura que muchos de estos jóvenes en riesgo han sido víctimas de campañas de limpieza social, que lo único que han conseguido es generar más resentimiento.
Laura Ordóñez, representante de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos, se refirió a la falta de acceso al sistema educativo público y a la diferencia de oportunidades entre los jóvenes de la capital y de la provincia.
“El alto nivel de deserción escolar, sobre todo en los básicos, es lamentable, ya que el país está perdiendo la oportunidad de tener adultos formados para el futuro. Ninguno de estos jóvenes podrá acceder a un buen puesto de trabajo y mejorar su calidad de vida si no pueden acudir a la universidad”, opinó. De hecho, a penas un 1.4 por ciento tiene acceso a los estudios superiores.
“Nosotros reconocemos que es necesario descentralizar los servicios educativos y aumentar su calidad, porque no se le va a pedir a un joven de Petén que no tiene recursos que venga a estudiar hasta aquí”, añadió Ordóñez, quien consideró que la educación debería ser más técnica y estar acorde con la realidad de cada región.
“Otro problema grave es que los jóvenes no tienen acceso a la salud ni a una buena nutrición. Lo primero genera que sean víctimas perfectas de enfermedades o que trunquen su desarrollo al ser padres prematuros, y lo segundo les impide desde niños desarrollarse intelectualmente”, lamentó.
Entre las solicitudes que Ordóñez le hizo al Gobierno está que se cree conciencia cívica en los jóvenes, por medio de la educación; que el sistema deje de decirles a los adolescentes que su opinión no importa, sino todo lo contrario, que se les enseñe cuáles son sus derechos y cómo exigirlos.
Gabriel Vega, de Empresarios Juveniles, coincidió con Ordóñez en que la inseguridad afecta principalmente a los jóvenes y les impide desarrollarse.
“¿Cómo van a pensar los jóvenes en nuevos proyectos o en el futuro, si cada vez son más las víctimas de la violencia, si viven en barrios donde su mayor preocupación es que un día los maten?”, expuso.
Ordóñez añadió que no pueden tener una vida social sana en un país donde apenas se puede salir de casa por la noche o conocer gente con confianza.
Vega, cuya organización capacitará este año a más de 16 mil jóvenes, cree firmemente que los maestros deberían cambiar sus técnicas de enseñanza. “El maestro tiene que ser un facilitador, motivar al alumno a que aprenda, no repetir los contenidos de un libro”.
Asimismo, Empresarios Juveniles apuesta por concienciar a los niños y a los adolescentes de que Guatemala es un país lleno de oportunidades, que bien enfocadas, pueden estar al alcance de todos. “Jóvenes creativos hay cientos, solo que ese talento no es explotado”, afirma.
Ninguno de los invitados a la charla aprobó las medidas que toma el Gobierno en materia de juventud, pero reconocen que ocho meses es poco tiempo para tener resultados, aunque “sería bueno que ya pasaran de las buenas intenciones a los hechos”.
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