COLOM SE NIEGA A SUSPENDER MINERIA

MEDIDA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de Guatemala el cierre temporal de la operación en Marlin

Pobladores pedirán elevar caso a Corte Interamericana
Gobernante no atenderá solicitud de la CIDH de cerrar temporalmente la mina Marlin, ubicada en San Marcos.

El presidente Álvaro Colom declaró que no ordenará la suspensión de la actividad minera en San Marcos, pese a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual pidió frenar temporalmente la operación en el proyecto Marlin.
“No hay fundamento para eso”, aseveró Colom al consultarle si el Estado de Guatemala acatará la solicitud de la CIDH, contenida en una resolución emitida el 20 de mayo.
“(Se solicita al Gobierno de Guatemala) suspender la explotación minera en el proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala, e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental”, señala la primera de cinco medidas cautelares otorgadas a favor de los pobladores de 18 comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.
El mandatario señaló: “El fundamento que se envió creo que eran informes del año 2005; ahí hay de todo, la persecución de líderes, algunos (de los casos) están en la Corte Suprema y yo no puedo meter mis manos ahí”.
Colom agregó que está a la espera del informe de la comisión interinstitucional, encabezada por el vicepresidente Rafael Espada, para analizar la solicitud de la CIDH.
Carlos Loarca, del Centro Pluricultural para la Democracia, organización que denunció la actividad minera en la CIDH, señaló que esperan que el caso sea elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
“Vamos a pedir a la Corte medidas de reparación más fuertes por los graves daños”, expresó Loarca en referencia a los daños que asegura ocasiona la actividad minera. El entrevistado también dijo que los opositores a la mina han sido perseguidos por el actual gobierno.
Yury Melini, del Centro de Acción Social y Ambiental (Calas), reaccionó así a la declaración de Colom: “Las resoluciones de la Comisión se cumplen y no se patalean”. Agregó que las sanciones que caerán sobre el país son de carácter moral, pero el caso pasaría a la Corte, por lo que las repercusiones podrían ser más drásticas.
Al pedir la suspensión de la minería en San Marcos, la CIDH dio 20 días para que el Gobierno informe sobre tal medida, plazo que vence el próximo 9 de junio.