Informe: Mujeres son vulnerables

Prensa Libre

Zury Ríos —segunda de la izquierda— y representantes de mujeres describen la situación de municipios afectados por falta de atención materno-infantil.

De cada cien mil niños nacidos vivos, mueren 153 madres, reveló ayer la diputada Zury Ríos, junto a activistas de la sociedad civil.

En regiones de Alta Verapaz, la cifra puede incrementarse hasta 266 muertes, principalmente en los municipios que tienen dificultad de acceso. La cantidad anterior se compara solo a la que impera en países como Iraq y Bolivia, destaca un estudio presentado ayer, basado en un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud.

Ríos explicó: “Alta Verapaz es uno de los departamentos con mayor mortalidad materna, con un millón de habitantes; del 2000 al 2007, se conoció que fallecieron más de cinco mil niños menores de 1 año y 500 mujeres a causa de la maternidad”.

Paulina Bol, de la red de mujeres indígenas Desarrollo y Paz, comentó que el Estado está obligado a velar por la salud de las mujeres. La mortalidad materna es un indicador de desarrollo y, por ello, los acuerdos de paz y las Metas del Milenio buscan disminuirla.

José Roberto Luna, del colectivo Incide Joven, adelantó que esas muertes se derivan de la falta de voluntad para combatirlas.

Demanda resultados
Ríos destacó que la llegada de un nuevo encargado del Ministerio de Salud “se vislumbra como algo positivo, si este último responde a la tendencia que pregona el gobierno actual”.

La normativa relacionada con la disminución de la mortandad materna está integrada por la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Servicios de Planificación Familiar.

Myrna Ponce, activista de derechos humanos, explicó que los lugares de Alta Verapaz con más casos reportados de mortandad materna son San Pedro Carchá, Cahabón, Chahal y Lanquín.

“Son de difícil acceso; los conocemos como el Corredor de la Muerte, por el número casos que ahí ocurren, y para llegar a ellos hay que caminar hasta tres horas”, comentó Ponce.

Finalizó pidiendo “que el ministerio no espere a que las mujeres embarazadas busquen los servicios, sino que sean las autoridades las que deban asistir a esas féminas en peligro de muerte”.

Diputados de oposición solicitarán informes periódicamente, mediante la Comisión de Salud, para conocer los avances de la dependencia mencionada.

Entre las recomendaciones vertidas ayer, en consenso con los representantes de cada bancada, se acordó solicitar un sistema de vigilancia social para prevenir muertes futuras en varias comunidades.

Paralizan obras de Covial por falta de pago

Prensa Libre

En el tramo de terracería que conduce a Playitas, Morales, Izabal, no se observa ningún trabajo de mantenimiento, luego de que los contratistas entregaran la obra.

Al menos 15 programas de construcción han sido devueltos al Fondo de Conservación Vial (Covial), por el adeudo millonario que éste tiene con contratistas, quienes ayer advirtieron que en los próximos días quedará varado el 80 por ciento de los trabajos, si el Ministerio de Comunicaciones no les cancela parte de la deuda que arrastra desde el 2006.

Una cadena de vicisitudes afrontan el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el Congreso y los contratistas de obras viales, ya que estos últimos advirtieron que se verán obligados a suspender proyectos, si no se les cancela aquella deuda.

Mientras tanto, las autoridades del CIV expusieron su preocupación porque no cuentan con recursos para saldar el déficit y atender los daños que el invierno ha causado en la red vial.

La Comisión de Finanzas del Congreso evalúa una ampliación presupuestaria de Q500 millones para el CIV, pero aún no hay nada concreto.

Ayer, unos 50 contratistas de Covial se reunieron en el Colegio de Ingenieros y anunciaron que al menos 15 obras de mantenimiento han sido paralizadas y devueltas al Fondo Vial, ya que no pueden continuar sin recursos.

“Estamos en quiebra, ya no tenemos recursos, y lamentablemente nos veremos obligados a paralizar los trabajos de mantenimiento”, afirmó Julio César Ortiz, vocero de los contratistas.

Uno de los afectados se quejó de que Covial no otorga ningún anticipo financiero, sino hasta seis meses después de iniciados los trabajos.

“Tenemos que poner dinero de nuestros bolsillos, y a casi todas las empresas nos deben facturas del 2006, 2007 y 2008”, protestó.

Los contratistas coincidieron en que están en bancarrota. “Ya topamos, no podemos más, y sin embargo, el Gobierno nos presiona para continuar con las obras”, manifestó Ortiz.

Aunque dijeron estar conscientes de los daños que ocasiona el invierno en la red vial, los ingenieros anunciaron que no podrán atender más urgencias, debido al déficit financiero que afrontan las constructoras.

Ortiz enumeró, entre los problemas que les afectan, que las distribuidoras de combustibles ya no les dan crédito, que no poseen recursos para comprar material y maquinaria y que no se dan a basto para pagar los sueldos de los trabajadores.

Los afectados refirieron que también se han visto en la necesidad de recortar personal. “Yo inicié el mantenimiento de un tramo, con 36 trabajadores, pero me tuve que quedar únicamente con cuatro”, expresó uno de ellos.

Otro contratista comentó que su alternativa es enviar a sus trabajadores de vacaciones hasta que Covial les pague.

“No es justo, porque la gente que tiene necesidad se está quedando sin trabajo”, agregó Ortiz.

Carlos Navas, de la constructora Concasa, dijo que se vio obligado a devolver un tramo a Covial. Se trata del mantenimiento al camino de terracería en Playitas, Morales, Izabal.

“Me deben cuatro facturas del 2006, dos del 2007 y cinco de este año, lo que suma Q1 millón 700 mil. He tenido que recurrir a hipotecas, para continuar con otros tramos asignados”, expresó.

Ortiz afirmó que aunque la suspensión de proyectos está fuera de su alcance, algunos tramos en San Marcos, Chiquimula, Petén, Quiché, Sacatepéquez, Chimaltenango y Jalapa ya le fueron devueltos al Ministerio, entre ellos, bacheo y mantenimiento de caminos.

La Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción comunicó que varias empresas ya iniciaron procesos legales en contra del Gobierno, por las exageradas cantidades que les adeuda.

Desconoce medida
Armando Escribá, director de Covial, dijo que no tenía conocimiento de los trabajos paralizados. “A nosotros no nos han notificado nada”, aseguró, y supuso que los paros se deben a que los trabajadores están de descanso.

El funcionario argumentó que el CIV no tiene fondos para pagar la referida deuda, y que por ello se solicitó al Congreso una ampliación presupuestaria, con la que se proponen pagar al menos un 80 por ciento de los compromisos, a fin de año.

Escribá anunció que esperan Q500 millones de ampliación, y otros recursos que ofreció Finanzas, los cuales se obtendrán de transferencias de otros ministerios.

“Los 50 millones que se trasladarán del Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi) se destinarán únicamente a saldar la deuda con empresas de Covial”, comentó Wilfredo García, viceministro de Infraestructura.

Escribá aseguró que Covial ya erogó unos Q600 millones de la deuda que le heredó el gobierno anterior. “No es algo de palabras; se han dado muestras de buena voluntad”, enfatizó.

Noé Orellana, presidente de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, explicó que ayer finalizó una nómina de Q200 millones, la cual será enviada al banco, y en unos dos días se podrá pagar parte de la deuda referida.

El diputado aseguró que los Q50 millones de Foguavi estarán listos para la próxima semana, mientras que los Q500 millones de ampliación aún no han recibido dictamen favorable de la sala que preside.

Otros Q200 millones podrían ser entregados a Covial, a final de mes. Éstos se obtendrán de las transferencias de los otros ministerios, se informó.

El CIV ya reintegró Q500 millones a Covial y Q200 millones a Caminos.

El grupo de contratistas de Caminos también se sumó a la protesta por falta de pago, principalmente por las obras construidas tras los daños ocasionados por la tormenta Stan.

Migrantes en EE. UU. esperan apoyo del Gobierno

Prensa Libre

Doscientos 32 guatemaltecos detenidos en la redada de Postville permanecen aún detenidos en EE. UU

Organizaciones de guatemaltecos en el estado de Rhode Island, EE. UU., esperan con la visita del vicecanciller Miguel Ángel Ibarra, la llegada de ayuda económica para las familias de los cinco connacionales detenidos en una redada ocurrida el pasado 15 de julio así como el apoyo del Gobierno guatemalteco.

Esperamos que, como se prometió cuando fueron las redadas, se traigan ayuda económica e insumos médicos para las familias, indicó Juan García de la agrupación Migrantes en Acción.

“Creo que estamos viendo una nueva forma de ver las cosas dentro del Gobierno por que tantas veces que se ha esperado no se había logrado, creemos que es muy importante lo que se está haciendo”, agregó García al ser consultado sobre la visita a Iowa y Rhode Island que empieza hoy Ibarra.

Por su parte, David Quiroa, de Alianza por Guatemala, indicó que están colaborando con otras organizaciones para la defensa comunitaria y asistencia a familias que fueran afectadas por la redada.

Según Quiroa, el vicecanciller, que llega hoy por la noche a Rhode Island, se reunirá mañana con la comunidad guatemalteca y tomará testimonios y posiblemente estará distribuyendo asistencia económica, tanto a las familias como a las mujeres que han sido liberadas por razones humanitarias.

Quiroa dijo que están agradecidos por lo que actualmente hace el Gobierno, no sólo el Ejecutivo sino también el Congreso, a través de la comisión del Migrante cuyo presidente, Léster Reina llegará también mañana a Rhode Island. Además, se tiene información que el diputado Julio César López, representante del Congreso ante el Consejo de Atención al Migrante (Conamigua), también hará una visita.

Lo que busca la comunidad guatemalteca es establecer el marco de trabajo para ayudar a personas que serán afectadas en futuras redadas y estar preparados para cuando se apruebe la reforma migratoria para que las familias se documenten, señaló Quiroa.

La Cancillería informó que, además de Rhode Island, Ibarra visitará Iowa, donde 288 guatemaltecos fueron detenidos el pasado 12 de mayo en una planta de carne en localidad de Postville.

Esta visita incluirá entrevistas con el fiscal del distrito norte de ese estado y con los abogados que asistieron a los detenidos. También visitará a los guatemaltecos que están en el centro de detención y a las personas que fueron liberadas por motivos humanitarios.

Los guatemaltecos aún permanecen detenidos en Iowa como resultado de la redada son 232, mientras que 31 mujeres fueron liberadas por razones humanitarias.

De acuerdo a la información oficial, el vicecanciller pondrá a disposición de los consulados generales de Guatemala en Providence y en Chicago, que tiene la circunscripción de Iowa, US$15 mil y US$25 mil, respectivamente.

Estos recursos servirán para comprar víveres y otros bienes que garanticen la subsistencia de los guatemaltecos que se encuentren necesitados tras las redadas.