Prensa Libre
Zury Ríos —segunda de la izquierda— y representantes de mujeres describen la situación de municipios afectados por falta de atención materno-infantil.
De cada cien mil niños nacidos vivos, mueren 153 madres, reveló ayer la diputada Zury Ríos, junto a activistas de la sociedad civil.
En regiones de Alta Verapaz, la cifra puede incrementarse hasta 266 muertes, principalmente en los municipios que tienen dificultad de acceso. La cantidad anterior se compara solo a la que impera en países como Iraq y Bolivia, destaca un estudio presentado ayer, basado en un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud.
Ríos explicó: “Alta Verapaz es uno de los departamentos con mayor mortalidad materna, con un millón de habitantes; del 2000 al 2007, se conoció que fallecieron más de cinco mil niños menores de 1 año y 500 mujeres a causa de la maternidad”.
Paulina Bol, de la red de mujeres indígenas Desarrollo y Paz, comentó que el Estado está obligado a velar por la salud de las mujeres. La mortalidad materna es un indicador de desarrollo y, por ello, los acuerdos de paz y las Metas del Milenio buscan disminuirla.
José Roberto Luna, del colectivo Incide Joven, adelantó que esas muertes se derivan de la falta de voluntad para combatirlas.
Demanda resultados
Ríos destacó que la llegada de un nuevo encargado del Ministerio de Salud “se vislumbra como algo positivo, si este último responde a la tendencia que pregona el gobierno actual”.
La normativa relacionada con la disminución de la mortandad materna está integrada por la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Servicios de Planificación Familiar.
Myrna Ponce, activista de derechos humanos, explicó que los lugares de Alta Verapaz con más casos reportados de mortandad materna son San Pedro Carchá, Cahabón, Chahal y Lanquín.
“Son de difícil acceso; los conocemos como el Corredor de la Muerte, por el número casos que ahí ocurren, y para llegar a ellos hay que caminar hasta tres horas”, comentó Ponce.
Finalizó pidiendo “que el ministerio no espere a que las mujeres embarazadas busquen los servicios, sino que sean las autoridades las que deban asistir a esas féminas en peligro de muerte”.
Diputados de oposición solicitarán informes periódicamente, mediante la Comisión de Salud, para conocer los avances de la dependencia mencionada.
Entre las recomendaciones vertidas ayer, en consenso con los representantes de cada bancada, se acordó solicitar un sistema de vigilancia social para prevenir muertes futuras en varias comunidades.
De cada cien mil niños nacidos vivos, mueren 153 madres, reveló ayer la diputada Zury Ríos, junto a activistas de la sociedad civil.
En regiones de Alta Verapaz, la cifra puede incrementarse hasta 266 muertes, principalmente en los municipios que tienen dificultad de acceso. La cantidad anterior se compara solo a la que impera en países como Iraq y Bolivia, destaca un estudio presentado ayer, basado en un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud.
Ríos explicó: “Alta Verapaz es uno de los departamentos con mayor mortalidad materna, con un millón de habitantes; del 2000 al 2007, se conoció que fallecieron más de cinco mil niños menores de 1 año y 500 mujeres a causa de la maternidad”.
Paulina Bol, de la red de mujeres indígenas Desarrollo y Paz, comentó que el Estado está obligado a velar por la salud de las mujeres. La mortalidad materna es un indicador de desarrollo y, por ello, los acuerdos de paz y las Metas del Milenio buscan disminuirla.
José Roberto Luna, del colectivo Incide Joven, adelantó que esas muertes se derivan de la falta de voluntad para combatirlas.
Demanda resultados
Ríos destacó que la llegada de un nuevo encargado del Ministerio de Salud “se vislumbra como algo positivo, si este último responde a la tendencia que pregona el gobierno actual”.
La normativa relacionada con la disminución de la mortandad materna está integrada por la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Servicios de Planificación Familiar.
Myrna Ponce, activista de derechos humanos, explicó que los lugares de Alta Verapaz con más casos reportados de mortandad materna son San Pedro Carchá, Cahabón, Chahal y Lanquín.
“Son de difícil acceso; los conocemos como el Corredor de la Muerte, por el número casos que ahí ocurren, y para llegar a ellos hay que caminar hasta tres horas”, comentó Ponce.
Finalizó pidiendo “que el ministerio no espere a que las mujeres embarazadas busquen los servicios, sino que sean las autoridades las que deban asistir a esas féminas en peligro de muerte”.
Diputados de oposición solicitarán informes periódicamente, mediante la Comisión de Salud, para conocer los avances de la dependencia mencionada.
Entre las recomendaciones vertidas ayer, en consenso con los representantes de cada bancada, se acordó solicitar un sistema de vigilancia social para prevenir muertes futuras en varias comunidades.
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