VENEZUELA ECHA A JEFE DE HRW

BBC

Venezuela expulsó al director de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, después de que la organización divulgara un informe crítico con las instituciones y el gobierno.

"Lo importante es establecer sí lo denunciado es verdadero, porque de ser tal, queridos venezolanos estarían en grave peligro por la transgresión de sus derechos por parte de un mandatario y su proyecto, que gran parte de esa gran nación rechaza "
Sofía Félix GdC, Ciudadana del mundo

El informe divulgado el jueves presentó un balance de los diez años de gestión de Hugo Chávez en el que se afirma que el gobierno "debilitó las instituciones democráticas y sus garantías de derechos humanos" en ese período.

Representantes del gobierno consultados por la BBC rechazaron el informe de HRW y negaron que en el país los derechos humanos y la democracia estén en peligro.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que Vivanco violó la constitución del país.


"Intolerancia política"

En el documento titulado "Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela", la organización con sede en Nueva York, afirmó que después del golpe de Estado fallido contra el presidente venezolano en 2002, Chávez se tomó las instituciones del Estado.


"Existe una ausencia de control judicial, lo que ha sido aprovechado por Chávez para aplicar políticas discriminatorias"
José Miguel Vivanco, director de HRW en Venezuela

Entre las principales áreas criticadas aparecen los controles del gobierno sobre el poder judicial, "la discriminación política de los opositores y limitaciones a la libertad de expresión y el sindicalismo".


Una de las principales críticas presentadas en el documento afirma que Venezuela "no hace una separación de los poderes" y utiliza como ejemplo la ampliación del número de asientos en el Tribunal Supremo de Justicia, de 20 a 32, en una reforma realizada en 2004.

Según la valoración del HRW, ese sistema fue implementado para que los magistrados favorables al gobierno alcanzasen la mayoría.

Ese cambio fue calificado por la organización "como la más grave violación al estado de derecho" desde el golpe en 2002.


"Existe una ausencia de control judicial, lo que ha sido aprovechado por Chávez para aplicar políticas discriminatorias que limitan el ejercicio de libertad de expresión de los periodistas, de la libertad sindical de los trabajadores y de la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos", afirmó José Miguel Vivanco.

Informe "incorrecto"


Para German Sálton, representante del estado venezolano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe es "incorrecto" y no contempla aspectos que, a su parecer, son "logros" de los 10 años de gobierno.

"La realidad venezolana demuestra cifras distintas a los de este informe: el gobierno erradicó el analfabetismo, llevó salud a la población más pobre, garantiza el acceso al trabajo, y eso denota respeto a los derechos humanos, no violación", informó Sálton.

"Cuando se produjo el golpe de Estado y el canal estatal fue tomado, esta organización no emitió ninguna frase condenando esta violación a la libertad de expresión ni tampoco contra el golpe", apuntó.

Crisis diplomática

Para Saúl Ortega, diputado de la comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, la divulgación del informe está relacionado con la más reciente crisis diplomática en Venezuela y EE.UU.


"No es por casualidad que después de la expulsión del embajador estadounidense EE.UU. comienza a atacarnos "
Saúl Ortega, diputado



La semana pasada Chávez ordenó la expulsión del embajador estadounidense de Caracas en "apoyo a Bolivia" y recibió una idéntica respuesta por parte de la Casa Blanca.

"No es por casualidad que después de la expulsión del embajador, EE.UU. comienza a atacarnos con los dos temas centrales para descalificar al gobierno: narcotráfico y derechos humanos", afirmó Ortega a la BBC.


Hace dos días, el gobierno de los EE.UU. incluyó a Venezuela y Bolivia en la lista de países que fracasaron en la lucha contra el tráfico de drogas en el último año.

"Discriminación"

En su balance sobre la gestión de Chávez, HRW afirma que "la discriminación política" ha sido una de las características de la actual presidencia.

De acuerdo con el documento, se dio la "expulsión de opositores políticos en algunas instituciones estatales" y la creación de "sindicatos paralelos" aliados a las políticas gubernamentales.

El diputado Saúl Ortega niega la existencia de una persecución de trabajadores opositores en el gobierno y dijo que el parlamento creó una ley para evitar esta práctica.

"Hay una ley vigente que prohíbe las dimisiones injustificadas para, entre otras cosas, impedir este tipo de abuso de poder por motivos políticos", afirmó.

Entre otras consideraciones, HRW "recomienda" al gobierno el "reestablecimiento de la credibilidad" del Tribunal Supremo de Justicia y la creación de un organismo autónomo que administre las frecuencias de radio y televisión.

Crisis económica amenaza ganancias de los bancos

Prensa Libre

Actualmente la cartera más deteriorada está cubierta sobre el cien por ciento”, expuso el superintendente de Bancos, Édgar Barquín.

Las ganancias de los bancos de la región se verán afectadas por la crisis económica mundial, según un informe publicado el miércoles recién pasado por la calificadora estadounidense de riesgo Standard & Poors.

La firma asegura que la mayoría de bancos de Centroamérica y el Caribe han tenido un desempeño estable, a pesar del aumento de la inflación, escasa liquidez en los mercados internacionales y la política monetaria restrictiva de los bancos centrales.

“Dichos factores seguirán aumentando los costos de fondeo, reduciendo los márgenes de ganancias y presionando la rentabilidad en el segundo semestre del 2008”, afirmó Leonardo Bravo, analista de la firma y uno de los autores del informe.

Héctor Morales, gerente general de Banco de Antigua, considera probable que se impacten las ganancias de los bancos, ya que si el acceso a fondos se encarece, las opciones que quedan son o subir el precio en los créditos o bajar el margen de ganancia.

“Ahora, a nivel internacional habrá más control y será más restringido, serán más estrictos y por ello podría haber menos disponibilidad y tasas más altas”, añadió Morales.

Al 31 de julio en Guatemala, los 20 bancos del sistema reportaron ganancias por Q1 mil 616 millones, cifra que equivale al 13.5 por ciento, respecto a su capital contable, que fue de Q11 mil 913 millones, en los datos publicados por la Superintendencia de Bancos (SIB).

“El financiamiento y la liquidez todavía son adecuados, y no hemos visto ninguna caída importante en los depósitos ni en las líneas bancarias de los bancos corresponsales”, expresó el analista.

Sin embargo, para Édgar Balsells, representante del sector bancario ante la Junta Monetaria, la opinión de las calificadoras debe ser cuestionada ya que han otorgado buenas notas a entidades internacionales que posteriormente tienen problemas.

Balsells no cree que haya impacto en las ganancias de los bancos, “el ritmo continúa, no creo que haya merma”, señaló.

Además recordó que los bancos han ganado más en el 2008, que en el año pasado.

Según la SIB, dicha ganancia de enero a julio es superior en 1.25 por ciento, respecto del 2007.

Condiciones más duras
Bravo agregó que los bancos centrales de la región están aplicando políticas monetarias más restrictivas para contener la inflación, tales como el incremento de las tasas de interés antiinflacionarias, que en Guatemala se ubican en 7.25 por ciento desde julio.

El uso de las operaciones de mercado abierto y el aumento de los requerimientos de las reservas son factores que impactarán las ganancias.

Respecto a este último tema, la Superintendencia de Bancos prevé que durante este año se aumenten los requerimientos de reservas a los bancos respecto de la cartera en mora.

“Actualmente la cartera más deteriorada está cubierta sobre el cien por ciento”, expuso el superintendente de Bancos, Édgar Barquín.

Sin embargo, el resto de la cartera aún no lo está y esa será una de las modificaciones a la Ley de Bancos, que se pronostica presentar al Legislativo, tras la autorización de la Junta Monetaria. El funcionario no precisó la fecha en que ello sucederá.

Turbulencia sin efecto
La turbulencia financiera no impactará directamente al sistema bancario, según expresó la presidenta del Banco de Guatemala (Banguat), ya que la tenencia de títulos y valores en moneda extranjera del sistema es de 1.3 por ciento, en relación al total de sus activos.

El crédito bancario en moneda extranjera se ubica en 20.1 por ciento, respecto del activo total.

“Se considera que el grado de exposición de los activos es reducido”, aseguró Barquín.

Por el lado de los pasivos, los depósitos en moneda extranjera

representan un 10.9 por ciento del pasivo total, y las líneas de crédito al exterior tienen un peso de 11 por ciento a comparación del pasivo total.

“Se estima que el riesgo por el lado de los pasivos es mínimo, dado que Guatemala se encuentra dentro de los países con menor grado de dolarización”, agregó el superintendente.

Subinspectores de la PNC robaban en carretera a El Salvador

Prensa Libre

Juan José Zeceña Vásquez y Óscar Augusto Morales Chacón son sindicados de robo agravado.

Testimonios, huellas dactilares e identificación de la autopatrulla, utilizada para asaltar una residencia en la ruta a El Salvador, permitieron a los investigadores de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) hallar las suficientes evidencias para capturar ayer a dos subinspectores, sindicados de robo agravado.

Rember Larios, inspector general y jefe de la ORP, en conferencia de prensa efectuada ayer, expresó: “Este es el primer paso para contrarrestar a una fuerte banda del crimen organizado, donde lamentablemente hay policías; seguiremos las investigaciones y continuaremos las pesquisas de más agentes”.

Los subinspectores corruptos son Juan José Zeceña Vásquez (ascendido a ese rango el 1 de septiembre de este año), quien fue capturado ayer en el Distrito Central de la Policía, y Óscar Augusto Morales Chacón, detenido en la subestación de Fraijanes de la Comisaría 13.

Un detective de la ORP dijo: “Recibimos varias denuncias, y atamos varios cabos, pero confiábamos en que en algún momento cometerían un error”.

En efecto, el 26 de agosto último, a las 7.30 horas, los dos policías, a bordo del autopatrulla 13-026, le marcaron el alto a una mujer que conducía una camioneta agrícola.

Le pidieron su licencia de conducir y los documentos del ve- hículo; después, bajo amenazas, la forzaron a que los llevara a su domicilio, situada en carretera a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa.

Luego de haber amarrado a la señora y a los empleados, robaron US$6 mil y Q10 mil en efectivo, joyas y tres armas de fuego.

Los policías se retiraron, con la amenaza de que si los denunciaban ya tenían su datos y conocían donde vivían.

“Por esa razón, no hacemos público el nombre de esta persona, por su propia seguridad”, afirmó Larios.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirmó: “Iniciamos hace unas semanas una labor de investigación, y ya tenemos el primer resultado en este caso; no podemos dar mayor detalle, porque los individuos implicados, además de ser policías, son muy peligrosos, y se requiere mucha discreción para continuar con esta tarea”.

Consultado respecto de crímenes en la carretera a El Salvador, Larios respondió: “Sabemos que hubo dos muertes en septiembre y otra en agosto, en esta ruta, además del caso de la señora María Ortiz de Montero (ocurrido el 14 de marzo 2008), y no descartamos que los capturados estén implicados, debido a que las formas de operar son similares”.

Según la ORP, este año han detenido a 165 agentes sindicados de varios delitos, entre ellos, hurto, robo agravado, abuso de autoridad y faltas, entre otros.

También han sido destituidos 684 agentes, oficiales y comisarios, por diferentes delitos y faltas.

Otro policía es detenido
Ayer por la tarde fue capturado otro subinspector, identificado como Fredy Giovanni Hernández García, de alta en la subestación de Carolingia, Mixco. Él y el oficial segundo Sebastián Solís Uluán, quien se dio a la fuga, le exigían Q3 mil en efectivo a un comerciante, para devolverle su vehículo.

Los investigadores y la víctima montaron un operativo, y cuando el subinspector recibía el dinero fue capturado.

Subsidio: Gobierno asigna Q95 millones al Transmetro

Prensa Libre

El Transmetro funciona en el sur de la ciudad, desde el 2006.

La solicitud de la municipalidad capitalina al Ejecutivo, para que subsidie el Transmetro, encontró eco. El Gobierno programó Q95 millones en el presupuesto del 2009, con ese fin.

La cifra presupuestada deberá ser aprobada por el Congreso.

El mes recién pasado, el presidente Álvaro Colom dio a conocer que el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, le solicitó subsidio para ese servicio de transporte.

El ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes, que presentó la propuesta de presupuesto al Legislativo, el pasado 2, indicó que acordaron apoyar a la Municipalidad de Guatemala con Q95 millones, pero ellos —comuna— decidirán cómo distribuirlos, para avanzar con el Transmetro”.

En obligaciones a cargo del tesoro se propuso la asignación de dicho subsidio.

El aporte se manejará dentro del Fideicomiso de Transporte Urbano de la Ciudad de Guatemala.

Mariano Rayo, jefe de la bancada unionista, explicó que preliminarmente se utilizará el 70 por ciento de los recursos para “mantener la tarifa del Transmetro en Q1”.

El legislador también comentó que “el resto de los fondos se utilizará para iniciar los trabajos del transmetro norte”.

Al principio, la comuna capitalina había solicitado Q135 millones, para mantener el subsidio y realizar los trabajos de ampliación.

“Somos conscientes de que no alcanzan los recursos, y consideramos aceptable la suma que el Ejecutivo propone para entregar a la municipalidad”, explicó Rayo.

El Congreso tiene hasta noviembre para decidir si aprueba el proyecto remitido por el Ejecutivo.

No darán marcha atrás con Renap

Prensa Libre

Álvaro Aguilar, de la Gana, junto a Félix Ruano, diputado de la bancada Casa, ingresan en la Casa Presidencial.

El presidente Álvaro Colom y secretarios generales de partidos políticos acordaron ayer no dar marcha atrás en la implementación de la Ley del Registro Nacional de Personas (Renap), lo cual implica que los alcaldes reacios a entregar los registros civiles deberán hacerlo.

Alcaldes de municipios del occidente del país son los que han protestado contra aquella normativa, pues aducen que se viola su autonomía al tener que entregar lo registros civiles al Renap.

“Esta es una ley que fue aprobada por el Congreso, y que no se puede violentar, porque tuvo consenso de todos los partidos políticos”, explicó el vocero presidencial, Fernando Barillas, al finalizar la reunión en la Casa Presidencial.

Agregó: “Cada partido hará conciencia con sus alcaldes inconformes, para que entiendan que se debe obedecer la ley”.

De acuerdo con datos proporcionados por el Ejecutivo, más de 200 alcaldías ya cumplieron con enviar al Renap los libros de registros de matrimonios, partidas de nacimiento y otros.

También trascendió que unos 15 alcaldes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ocho del Partido Patriota (PP) y cuatro del Partido Unionista (PU) son de los que promovieron manifestaciones en el occidente del país, el miércoles recién pasado.

Aníbal García, jefe de la bancada de Encuentro por Guatemala, confirmó que existe “un acuerdo total entre todos los partidos políticos, para hacer conciencia entre los alcaldes inconformes”.

Apoyo para el Ejército
Roxanna Baldetti, jefa de la bancada del PP, refirió que Colom también les pidió apoyo para impulsar el incremento de efectivos del Ejército para atender las demandas de seguridad.

Colom y los secretarios de los partidos políticos acordaron discutir, el próximo 29 de septiembre, junto con los ministros de Gobernación y Defensa, los detalles para el aumento de soldados.

MDF vació sus cuentas tras el destape de desvío de Q82.8 millones del Congreso

Prensa Libre
En junio último, cuando se destapó el escándalo del desvío de Q82.8 millones del Congreso a Mercado de Futuros, S. A. (MDF), esta casa de bolsa se apresuró a retirar de sus cuentas bancarias, aquí y en el extranjero, unos Q32 millones, según dan cuenta los movimientos bancarios a los cuales se tuvo acceso, aunque existen otros que se desconocen.

Los informes bancarios señalan que en dos cuentas de Banco Uno se retiraron, a partir de junio, US$2.5 millones (Q18.7 millones), de otra, abierta en EE. UU., en la corredora Alaron Trading, se desinvirtieron US$1.8 millones (Q13.5 millones), y de igual forma lo hicieron con una cuenta en El Salvador y otra en Bolivia, de US$43 mil y US$20 mil, respectivamente.

Todos estos movimientos se dieron mientras Raúl Girón, representante de MDF, negociaba con el Legislativo la devolución de los Q82.8 millones.

En febrero último, antes de que el Congreso depositara los Q82.8 millones, la cuenta bancaria de MDF solo contaba con Q4 mil. Incluso el mismo Girón, máximo accionista de esa casa de bolsa, reconoció que su mayor negocio había sido el Congreso, en una entrevista a este medio.

Estos hechos hacen pensar a la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG) que MDF fue creada para estafar al Congreso y a otros inversionistas —solo 39 de 165 recuperaron su dinero—.

Ayer, durante una reunión en el Congreso, Montenegro inquirió al fiscal general, Amílcar Velásquez; a los fiscales a cargo de la investigación y al contralor general de cuentas, Carlos Mencos, sobre las pesquisas efectuadas. Aseguró tener conocimiento de que algunos de los inversionistas de aquella casa de bolsa también eran trabajadores y consultores de la empresa, y que recuperaron su dinero porque fueron avisados con antelación sobre la descapitalización.

Sin respuesta
El fiscal general aseguró a la congresista que desconocía el contenido del informe que en su oportunidad el ex interventor de MDF, Raúl Falla, emitió; sin embargo, Montenegro mostró sellos que prueban que el Ministerio Público (MP) lo recibió.

No mienta, señor fiscal (...) No es posible que ustedes, con un grupo de investigadores, no hayan reparado en esos detalles, si yo, en una revisión, anoche, pude verlo”, le reclamó la legisladora.

Velásquez anunció durante el interrogatorio que estaban por emitir orden de captura contra siete personas más, aunque no precisó los nombres.

Aníbal García, jefe de bloque de EG, le increpó a Velásquez la lentitud del proceso contra 19 personas supuestamente implicadas en ese caso.

Desinversiones
Los movimientos financieros de MDF también prueban que los fondos que se desinvirtieron fueron utilizados para abrir y mantener las acciones de sus filiales en Bolivia, El Salvador y Honduras.

Estas sedes cerraron operaciones en la tercera semana de julio, fechas próximas a que Girón rindiera cuentas en el Congreso de la República.

Nuevos impuestos causan controversia

Prensa Libre

Diputados de la Comisión legislativa de Finanzas, en reunión con el ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes; el superintendente de Administración Tributaria, Rudy Villeda, y empresarios.

La propuesta del Gobierno de crear el Impuesto de Solidaridad (ISO), otro de primera matrícula de vehículos y uno más que eleva el IVA que se paga por éstos, empezó a encontrar resistencia en el sector privado, a pesar de que las autoridades justifican que la recaudación servirá para financiar el presupuesto del 2009.

Los argumentos de cada uno fueron escuchados ayer por la Comisión de Finanzas del Congreso, que debe dictaminar sobre la iniciativa promovida por el Ejecutivo.

El ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, defendió la propuesta de modernización fiscal y explicó que, si no se crean nuevos tributos y no se modifican algunos de los existentes, se corre el riesgo de dejar un “agujero fiscal” para el próximo año.

Refirió que, debido a un menor crecimiento económico, la carga tributaria se redujo de 12.3 por ciento a 12 por ciento este año, y que para el 2009 podría bajar a 11.3 por ciento si no se aprueban las iniciativas que se estudian en el Congreso. Gran parte de esa disminución se debería a la expiración del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (Ietaap) —el 31 de diciembre—, por lo que se busca sustituirlo con el ISO. Este último abarcará todas las actividades mercantiles y agropecuarias que obtengan un margen bruto superior al 4 por ciento de ingresos.

Sin embargo, representantes de la Comisión de Finanzas del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se opusieron a ese tributo, en especial porque supondría un aumento en la tasa respecto del Ietaap —de 1 a 1.25 por ciento—. “No es lo más propio para un sistema impositivo; en vez de pensar en sustituir impuestos se debería pensar en no afectar el sistema productivo”, expuso Alfredo Marroquín, de esa comisión.

La tasa propuesta ha generado críticas y rechazo en el sector privado en general, pues consideran que desincentivará las inversiones.

Por eso, la Comisión legislativa de Finanzas analiza reducir a 1.15 por ciento la tasa para ese tributo.

“Un impuesto así disminuye las posibilidades de inversión. Es inconveniente porque la economía se desacelera, pero a la vez es necesario para dotar de recursos al Estado”, opinó Jorge Méndez, diputado de la Gran Alianza Nacional e integrante de aquella sala de trabajo.

Fuentes Knight aseguró que el ISO estará vigente solo mientras se logra una reforma integral al Impuesto Sobre la Renta, que se espera que se haga efectiva en el 2010.

Temen efectos adversos
La propuesta de modernización fiscal incluye la creación de otros tributos, como el específico a la primera matrícula de automotores terrestres, que gravaría su primera inscripción en el Registro Fiscal de Vehículos.

Además, se modifica el monto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que deben pagar los autos nuevos y usados, ya que se amplía de 7 a 12 por ciento la base imponible y se establecen tarifas para la enajenación e importación de acuerdo con el año de fabricación. Por ejemplo, si son de 2 ó 3 años anteriores pagan Q500, y para la importación, Q1 mil.

Esto no ha sido bien recibido, pues se teme que eleve el costo de los automóviles, tanto nuevos como usados. “Podría ocasionar un creciente mercado de chatarra, es decir, vehículos que han sido declarados como pérdida total por aseguradoras y que son comprados a bajo precio en el extranjero y reparados en el país”, expresó Pablo Royer, de la Gremial de Importadores de Vehículos.

Ese tributo también podría afectar al transporte urbano, por lo que empresarios de ese sector solicitaron ayer a la sala de Finanzas que se les exonere de él para la compra de unos tres mil 400 buses, con los que se busca sustituir la flota actual.

Esa petición será estudiada por la Comisión de Finanzas, que incluso analiza extender esa exoneración a la importación de ambulancias y transporte de carga.

Se espera tomar una decisión sobre esos impuestos antes de discutir el presupuesto para el 2009, que debe ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre.

Unas 30 mil leyes vigentes son obsoletas o no se aplican

Prensa Libre

Al menos unas 68 mil leyes están vigentes en el país.


Al menos 68 mil leyes están vigentes en el país, pero unas 30 mil de ellas son obsoletas o simplemente no se aplican, y de éstas solo 25 están en proceso de ser derogadas.

Harris Whitbeck, quien fungió como director de la extinta Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (Copre), señaló que esa comisión elaboró un estudio sobre el tema debido al exceso de leyes que existe, algunas desde 1842, cuando se empezaron a emitir en el país, por lo que se buscaba ordenar el sistema jurídico guatemalteco.

“En Guatemala no tenemos estado de derecho porque tenemos demasiadas leyes”, asegura Whitbeck.

El procedimiento que Copre había elaborado pretendía derogar al menos tres mil leyes, para lo cual el Congreso creó, en 2005, la Comisión Extraordinaria Encargada para el Estudio y Análisis para la Deslegislación, pero desde entonces sólo se han derogado unas cien, señala Whitbeck.

La última iniciativa de dicha comisión es la 3,776, presentada en junio de este año, la cual propone derogar 25 decretos legislativos, entre ellos el 738 del 3 de julio de 1918, el cual declara día de fiesta nacional el 4 de julio, “como homenaje de simpatía y administración hacia el pueblo de EE. UU.”

“Se debe analizar cada ley, porque algunos artículos dependen de un artículo de otra ley. El trabajo por eso se vuelve lento pero debe hacerse así”, dice la presidente de la comisión, la diputada Virna López.

Según la legisladora, estas leyes todavía están vivas, pero actualmente no tienen aplicación, como por ejemplo el pago de timbres sobre algunas importaciones, explica la legisladora.

Mario Fuentes Destarac, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, considera que la iniciativa de derogar esas normas se vuelve inútil si no son abolidas leyes de mayor trascendencia.

“El trabajo debe ser más analizar leyes que están duplicando la regulación y que se traslapan con otras leyes. Eso obstaculiza el desarrollo económico del país; debe trabajarse más en eso que en leyes ya no tiene aplicación”, señala el jurista.

La existencia de estas leyes constituye un obstáculo para los abogados, señala Destarac, ya que en muchos casos no saben que ley o reglamento aplicar, puesto que existen dos sobre el mismo tema.

Whitbeck explica que el procedimiento que habían elaborado perseguía, primero, derogar las leyes intrascendentes como primer paso, para luego pasar a las leyes de carácter económico y financiero, las cuales requieren un análisis más minucioso.

El ex funcionario calcula que para que el sistema legal funcione bien, se deben derogar al menos una 30 mil de las 68 mil que existen.