Funcionarios de gobierno admitieron ayer que no se cumplirán todas las metas del Plan de los Cien Días, por “obstáculos financieros”, aunque destacaron avances en cohesión social, salud y seguridad.
El análisis del cumplimiento de dicho plan fue el tema en la reunión de ayer entre el presidente Álvaro Colom y su Gabinete, en la Casa Presidencial, que duró todo el día.
Luego de la primera “encerrona” del Gobierno, Óscar Figueroa, secretario general de Planificación Económica de la Presidencia y encargado de darle seguimiento a los resultados del Plan de los Cien Días, rindió un informe preliminar.
Argumentó que este plan lo ven como un período de “inmersión” para que cada funcionario se instale en su cargo.
Sin embargo, reconoció retrasos en algunas acciones del Plan y dijo que “habrá metas que no se podrán cumplir, por cuestiones financieras; el resto se están trabajando”.
Estas cuestiones financieras, según explicó, son problemas de desorden administrativo que hallaron en distintas instituciones, así como la deuda que se heredó de la gestión anterior. Esto, dijo, no les ha permitido cumplir el “5 ó 10 por ciento de las metas”.
Figueroa admitió que, además, han visto algunos problemas dentro del equipo de gobierno. “Ha habido un poco de descoordinación y falta de comunicación, pero en eso trabajamos”, aseguró.
No obstante, calculó avances en el “60 ó 70 por ciento” de las acciones del Plan, y dijo que el recuento de los resultados específicos se tendrá mañana, cuando los ministros informen en detalle respecto de sus carteras, en una nueva reunión.
El vocero presidencial, Fernando Barillas, informó ayer que, en general, el Gabinete ve “un avance satisfactorio” en el cumplimiento del Plan de los Cien Días. Mencionó que hay “logros importantes en cohesión social, salud y seguridad”.
En el plan referido se ofreció, entre otros, tomar control de las principales zonas rojas y dar seguridad permanente, apoyo económico al Ministerio Público y al Organismo Judicial, contratar a mil maestros y consensuar política salarial.
Plan
Logros y dificultades
Recuento preliminar, según el Gobierno
• Avances en atención en hospitales, en cohesión social y en reducción de índices de criminalidad.
• Problemas con la deuda flotante, que no les ha permitido invertir en infraestructura, y el desorden administrativo, que ha obstaculizado la ubicación de recursos disponibles.
martes, 25 de marzo de 2008
DOCUMENTO UNICO, HASTA SEPTIEMBRE
Prensa Libre
Los jefes de bloques en el Legislativo acordaron aprobar mañana la prórroga de la entrada en vigor del Documento Personal de Identificación (DPI), para que la emisión de este sustituto de la cédula de vecindad sea a partir del 1 de septiembre.
La ley establece que el próximo 1 de abril debe empezar la emisión del documento, pero las autoridades del Registro Nacional de Personas (Renap), a cargo de esa tarea, han solicitado la prórroga para septiembre, pues no tienen la plataforma necesaria.
“Existe un compromiso suscrito por todas las bancadas, y tiene que ser aprobado”, afirmó Virna López, diputada de la Comisión de Asuntos Electorales.
El miércoles 12 de marzo no se concretó la prórroga, debido a que el Congreso eligió a los magistrados al Tribunal Supremo Electoral.
El decreto 29-2007 establece que la cédula de vecindad deberá ser sustituida en un plazo no mayor a dos años, a partir de la entrega del primer DPI, la cual se iniciaría el 1 de abril de este año, en caso de no que no fuera postergada la fecha.
La tecnología para emitir el DPI también es motivo de discusión. La ley hace referencia a un proveedor para capturar y almacenar los registros de las huellas dactilares, pero los integrantes del directorio buscan que más de una empresa asuman esa responsabilidad.
Las bases de licitación aún no están listas. Enrique Cossich, director ejecutivo del Renap, expuso que debe permitirse la participación de varias empresas en la emisión del DPI, a fin de garantizar la transparencia de ese proceso.
Integrantes del Consejo Consultivo del Renap consideran que la ley permite la inclusión de más de una empresa. Cossich opinó que lo idóneo es prorrogar la emisión del DPI para septiembre.
En agenda
Arístides Crespo, primer vicepresidente del Legislativo, explicó que en la instancia de jefes de bloques buscarán la inclusión del asunto en la agenda de la plenaria de mañana, para aprobar la prórroga.
Esa sería la última oportunidad para discutir el aplazamiento del DPI, pues es la única sesión prevista, antes del 1 de abril.
Cossich agregó que solo tienen asignados Q125 millones, y que urge la aprobación de Q200 millones más, para extender de manera gratuita el DPI este año.
Cambio
El DPI será menos susceptible de falsificación que la cédula de vecindad.
• De contar con el presupuesto necesario, la emisión de ese documento será gratuita, y la reposición podría costar Q50.
• La portación del DPI será obligatoria para todos los guatemaltecos y extranjeros domiciliados.
• Tendrá una vigencia de 10 años. Para los mayores de 70 años de edad, la vigencia del documento es indefinida.
• Los jóvenes, al cumplir 17 años, podrán solicitar su DPI, para que les sea entregado cuando cumplan la mayoría de edad.
• Habrá un DPI para menores de 18 años, con características físicas diferentes al que recibirán los mayores de edad.
Los jefes de bloques en el Legislativo acordaron aprobar mañana la prórroga de la entrada en vigor del Documento Personal de Identificación (DPI), para que la emisión de este sustituto de la cédula de vecindad sea a partir del 1 de septiembre.
La ley establece que el próximo 1 de abril debe empezar la emisión del documento, pero las autoridades del Registro Nacional de Personas (Renap), a cargo de esa tarea, han solicitado la prórroga para septiembre, pues no tienen la plataforma necesaria.
“Existe un compromiso suscrito por todas las bancadas, y tiene que ser aprobado”, afirmó Virna López, diputada de la Comisión de Asuntos Electorales.
El miércoles 12 de marzo no se concretó la prórroga, debido a que el Congreso eligió a los magistrados al Tribunal Supremo Electoral.
El decreto 29-2007 establece que la cédula de vecindad deberá ser sustituida en un plazo no mayor a dos años, a partir de la entrega del primer DPI, la cual se iniciaría el 1 de abril de este año, en caso de no que no fuera postergada la fecha.
La tecnología para emitir el DPI también es motivo de discusión. La ley hace referencia a un proveedor para capturar y almacenar los registros de las huellas dactilares, pero los integrantes del directorio buscan que más de una empresa asuman esa responsabilidad.
Las bases de licitación aún no están listas. Enrique Cossich, director ejecutivo del Renap, expuso que debe permitirse la participación de varias empresas en la emisión del DPI, a fin de garantizar la transparencia de ese proceso.
Integrantes del Consejo Consultivo del Renap consideran que la ley permite la inclusión de más de una empresa. Cossich opinó que lo idóneo es prorrogar la emisión del DPI para septiembre.
En agenda
Arístides Crespo, primer vicepresidente del Legislativo, explicó que en la instancia de jefes de bloques buscarán la inclusión del asunto en la agenda de la plenaria de mañana, para aprobar la prórroga.
Esa sería la última oportunidad para discutir el aplazamiento del DPI, pues es la única sesión prevista, antes del 1 de abril.
Cossich agregó que solo tienen asignados Q125 millones, y que urge la aprobación de Q200 millones más, para extender de manera gratuita el DPI este año.
Cambio
El DPI será menos susceptible de falsificación que la cédula de vecindad.
• De contar con el presupuesto necesario, la emisión de ese documento será gratuita, y la reposición podría costar Q50.
• La portación del DPI será obligatoria para todos los guatemaltecos y extranjeros domiciliados.
• Tendrá una vigencia de 10 años. Para los mayores de 70 años de edad, la vigencia del documento es indefinida.
• Los jóvenes, al cumplir 17 años, podrán solicitar su DPI, para que les sea entregado cuando cumplan la mayoría de edad.
• Habrá un DPI para menores de 18 años, con características físicas diferentes al que recibirán los mayores de edad.
Invasores talan dentro de sitios arqueológicos
Prensa Libre
Los invasores dejan destrucción a su paso por las áreas protegidas y sitios arqueológicos del país.
Las invasiones a los sitios arqueológicos de Petén no solo ponen en peligro los recursos naturales, sino que amenazan con hacer colapsar las estructuras mayas, advirtieron autoridades del Ministerio de Cultura.
Érick Ponciano, subdirector de Patrimonio Cultural, de esa cartera, expresó ayer que, según los informes obtenidos, los grupos invasores talan árboles dentro de las zonas periféricas de los sitios arqueológicos de Aguateca, Dos Pilas y Ceibal, ubicados en Sayaxché, Petén.
“Las talas ilegales habían llegado a los límites de las reservas forestales que rodean los sitios, pero ahora están dentro de lo que fueron las zonas residenciales mayas, en los alrededores de las plazas y templos mayores”, afirmó el funcionario.
La preocupación se debe a que después de botar árboles, los campesinos queman las áreas para limpiar el terreno, con el objetivo de convertirlos en zonas de cultivo para cuando llegue el invierno.
“El problema es que los bloques con que fueron construidos los edificios mayas son de piedra caliza, y al someterse a altas temperaturas se convierten en cal y se pulverizan, es decir, colapsarían los edificios”, agregó.
Cerca de El Mirador
Ponciano informó que se detectó una avanzada de invasores a tan solo 16 kilómetros del sitio El Mirador, dentro de la zona núcleo, y al parecer entraron por la ruta de Carmelita.
Dijo que los grupos que tratan de instalarse en el parque Yaxhá-Naranjo, colindante con el Parque Nacional Tikal, están cortando árboles en un área donde se encuentran 239 sitios arqueológicos menores, como San Clemente.
“Cuando se arranca un árbol que está sobre una estructura, se causa un daño irreversible porque la construcción pierde apoyo y se cae”, destacó.
Refirió que el modo de actuar de los grupos ilegales consiste en que llegan, talan y se retiran. Luego regresan y, si no encuentran autoridades, continúan con sus motosierras en los siguientes sitios.
Ponciano agregó que la situación es desesperante porque los sitios están cada vez en mayor peligro.
Érick Ponciano, subdirector de Patrimonio Cultural, de esa cartera, expresó ayer que, según los informes obtenidos, los grupos invasores talan árboles dentro de las zonas periféricas de los sitios arqueológicos de Aguateca, Dos Pilas y Ceibal, ubicados en Sayaxché, Petén.
“Las talas ilegales habían llegado a los límites de las reservas forestales que rodean los sitios, pero ahora están dentro de lo que fueron las zonas residenciales mayas, en los alrededores de las plazas y templos mayores”, afirmó el funcionario.
La preocupación se debe a que después de botar árboles, los campesinos queman las áreas para limpiar el terreno, con el objetivo de convertirlos en zonas de cultivo para cuando llegue el invierno.
“El problema es que los bloques con que fueron construidos los edificios mayas son de piedra caliza, y al someterse a altas temperaturas se convierten en cal y se pulverizan, es decir, colapsarían los edificios”, agregó.
Cerca de El Mirador
Ponciano informó que se detectó una avanzada de invasores a tan solo 16 kilómetros del sitio El Mirador, dentro de la zona núcleo, y al parecer entraron por la ruta de Carmelita.
Dijo que los grupos que tratan de instalarse en el parque Yaxhá-Naranjo, colindante con el Parque Nacional Tikal, están cortando árboles en un área donde se encuentran 239 sitios arqueológicos menores, como San Clemente.
“Cuando se arranca un árbol que está sobre una estructura, se causa un daño irreversible porque la construcción pierde apoyo y se cae”, destacó.
Refirió que el modo de actuar de los grupos ilegales consiste en que llegan, talan y se retiran. Luego regresan y, si no encuentran autoridades, continúan con sus motosierras en los siguientes sitios.
Ponciano agregó que la situación es desesperante porque los sitios están cada vez en mayor peligro.
Migrantes pagan alto precio por ciudadanía de EE.UU.
Prensa Libre
José Antonio Gutiérrez, originario de Escuintla, quería ser arquitecto, y por ello se enroló en el ejército de los Estados Unidos. Murió en Irak, el 21 de marzo del 2003.
Un joven guatemalteco originario de Escuintla, y que soñaba con convertirse en arquitecto, recibió la ciudadanía póstuma de Estados Unidos, años después de su muerte en combate, en Irak.
José Antonio Gutiérrez, entonces de 22 años, fue alcanzado por balas estadounidenses —fuego amigo—, después de iniciarse la invasión de suelo iraquí por tropas de EE. UU., el 21 de marzo del 2003, en Umm Qars.
El infante de marina recibió honores que su familia jamás hubiera soñado. Su hermana, Engracia, fue trasladada desde Guatemala para que participara en el funeral, donde altos oficiales rindieron homenaje al joven que yacía en un ataúd, envuelto en la bandera estadounidense.
Su madre adoptiva, Nora Mosquera, que acompañó sus restos a Guatemala, se preguntaba si era necesaria su muerte para que EE. UU. lo aceptara.
Lista larga
Al igual que Gutiérrez, otros 109 infantes han recibido la ciudadanía estadounidense en forma póstuma.
Familiares y amigos no dejan de preguntarse sobre lo que representa ese documento para un migrante fallecido y quien por años luchó por alcanzar tal categoría.
El certificado de ciudadanía de Gutiérrez le fue entregado a Mosquera, residente de EE. UU. “La ciudadanía llegó demasiado tarde para él, pero me siento agradecida y orgullosa. Sabía que le abriría muchas puertas a su familia”, manifestó.
Política errada
En abril del 2003, Roger Mahony, cardenal de Los Ángeles, quien ofreció la misa fúnebre, le escribió al presidente de EE. UU., George W. Bush, una carta en la que expuso: “Hay algo terriblemente errado con nuestras políticas migratorias, si hay que morir en combate para recibir la ciudadanía”.
El religioso propuso que se concediera la ciudadanía inmediatamente a todo inmigrante que aceptara enrolarse en las fuerzas armadas norteamericanas en tiempos de guerra.
“No hay que esperar a que los traigan de vuelta en un ataúd”, agregó.
Al comienzo de la guerra, lo dispuso el presidente Bush, ya que hasta entonces los residentes legales que se unían a las tropas debían esperar tres años para obtener la ciudadanía.
Desde entonces, unos 37 mil soldados se han naturalizado.
José Antonio Gutiérrez, entonces de 22 años, fue alcanzado por balas estadounidenses —fuego amigo—, después de iniciarse la invasión de suelo iraquí por tropas de EE. UU., el 21 de marzo del 2003, en Umm Qars.
El infante de marina recibió honores que su familia jamás hubiera soñado. Su hermana, Engracia, fue trasladada desde Guatemala para que participara en el funeral, donde altos oficiales rindieron homenaje al joven que yacía en un ataúd, envuelto en la bandera estadounidense.
Su madre adoptiva, Nora Mosquera, que acompañó sus restos a Guatemala, se preguntaba si era necesaria su muerte para que EE. UU. lo aceptara.
Lista larga
Al igual que Gutiérrez, otros 109 infantes han recibido la ciudadanía estadounidense en forma póstuma.
Familiares y amigos no dejan de preguntarse sobre lo que representa ese documento para un migrante fallecido y quien por años luchó por alcanzar tal categoría.
El certificado de ciudadanía de Gutiérrez le fue entregado a Mosquera, residente de EE. UU. “La ciudadanía llegó demasiado tarde para él, pero me siento agradecida y orgullosa. Sabía que le abriría muchas puertas a su familia”, manifestó.
Política errada
En abril del 2003, Roger Mahony, cardenal de Los Ángeles, quien ofreció la misa fúnebre, le escribió al presidente de EE. UU., George W. Bush, una carta en la que expuso: “Hay algo terriblemente errado con nuestras políticas migratorias, si hay que morir en combate para recibir la ciudadanía”.
El religioso propuso que se concediera la ciudadanía inmediatamente a todo inmigrante que aceptara enrolarse en las fuerzas armadas norteamericanas en tiempos de guerra.
“No hay que esperar a que los traigan de vuelta en un ataúd”, agregó.
Al comienzo de la guerra, lo dispuso el presidente Bush, ya que hasta entonces los residentes legales que se unían a las tropas debían esperar tres años para obtener la ciudadanía.
Desde entonces, unos 37 mil soldados se han naturalizado.
Sin pronta salida por efectos de alza del petróleo
Prensa Libre
Diputados y funcionarios discuten en el Congreso qué medidas implementar para menguar los efectos negativos por el alza del petróleo.
La Comisión legislativa de Energía y autoridades de Gobierno discutieron ayer posibles acciones para minimizar el impacto de los altos precios del combustible en el país, que han llevado a encarecer todos los productos.
Diputados de la citada sala de trabajo criticaron la falta de acciones del Gobierno para reducir el impacto del alto costo del petróleo y, por ello, citaron a funcionarios del Ejecutivo, con el propósito de analizar posibles medidas.
“Queremos evaluar soluciones, pero no queremos hacerlo unilateralmente. Se prevé que el precio del barril de petróleo a nivel internacional alcance los US$200 (Q1 mil 540 este año —ahora supera los US$100—), por lo que se requieren acciones inmediatas”, aseguró Alejandro Sinibaldi, presidente de aquella sala, luego de una reunión con funcionarios del Ministerio de Finanzas, Energía y Minas, y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El legislador criticó que el Ejecutivo “no está haciendo absolutamente nada” para reducir el impacto del incremento en los precios del crudo, que a su vez ha afectado el costo de la canasta básica. “No vemos soluciones inmediatas, a pesar de que fue una de las promesas de campaña del presidente Álvaro Colom. Le están dejando la responsabilidad al Congreso”, aseveró.
Alfredo Pokus, viceministro de Energía y Minas, argumentó que el Gobierno no tiene injerencia en esos precios, ya que se definen internacionalmente. Refirió que, como paliativo, podrían impulsar una campaña para concienciar a la población para que gaste menos combustible.
Además, el Ejecutivo analiza adherirse a Petrocaribe —acuerdo de cooperación energética que tiene Venezuela con varias naciones del Caribe, con el propósito de dar crudo más barato—, o fomentar la producción de etanol y biodiésel.
Sinibaldi consideró que esas medidas pueden ser ineficaces y de muy largo plazo. “Nicaragua ya es parte de Petrocaribe, pero el galón de combustible es más caro allá que en nuestro país”, expuso. En aquella nación, el galón de gasolina superior cuesta, sin impuestos, US$3.56 (Q27.41), mientras que en Guatemala es de US$2.86 (Q22).
“Hay otras alternativas que se deben evaluar detenidamente, como escalonar los horarios de ingreso a colegios y empresas, para evitar congestionamientos viales, entre otras. Ello es difícil, y requiere tiempo; la idea es sacar adelante este barco”, dijo Pokus.
Carlos Barreda, viceministro de Finanzas, opinó que las soluciones se deben dirigir a “acelerar, focalizar y ampliar la cobertura del gasto social, para mejorar la calidad de vida de la población, para que así, el impacto del incremento generalizado de precios sea menor”.
Sinibaldi ofreció que, la próxima semana, la Comisión de Energía presentará una iniciativa de ley para disminuir temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP), o exonerar parcialmente del Impuesto al Valor Agregado a ese producto.
“Hay más de Q1 mil millones del IDP que se van al fondo común, sin destino específico. Ese monto podría descontarse, porcentualmente, para que los consumidores paguen menos por el producto final”, explicó Sinibaldi.
Carolina Roca, de la SAT, objetó esa propuesta, y argumentó que la medida quedaría “neutralizada” si los precios internacionales siguen subiendo.
Diputados de la citada sala de trabajo criticaron la falta de acciones del Gobierno para reducir el impacto del alto costo del petróleo y, por ello, citaron a funcionarios del Ejecutivo, con el propósito de analizar posibles medidas.
“Queremos evaluar soluciones, pero no queremos hacerlo unilateralmente. Se prevé que el precio del barril de petróleo a nivel internacional alcance los US$200 (Q1 mil 540 este año —ahora supera los US$100—), por lo que se requieren acciones inmediatas”, aseguró Alejandro Sinibaldi, presidente de aquella sala, luego de una reunión con funcionarios del Ministerio de Finanzas, Energía y Minas, y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El legislador criticó que el Ejecutivo “no está haciendo absolutamente nada” para reducir el impacto del incremento en los precios del crudo, que a su vez ha afectado el costo de la canasta básica. “No vemos soluciones inmediatas, a pesar de que fue una de las promesas de campaña del presidente Álvaro Colom. Le están dejando la responsabilidad al Congreso”, aseveró.
Alfredo Pokus, viceministro de Energía y Minas, argumentó que el Gobierno no tiene injerencia en esos precios, ya que se definen internacionalmente. Refirió que, como paliativo, podrían impulsar una campaña para concienciar a la población para que gaste menos combustible.
Además, el Ejecutivo analiza adherirse a Petrocaribe —acuerdo de cooperación energética que tiene Venezuela con varias naciones del Caribe, con el propósito de dar crudo más barato—, o fomentar la producción de etanol y biodiésel.
Sinibaldi consideró que esas medidas pueden ser ineficaces y de muy largo plazo. “Nicaragua ya es parte de Petrocaribe, pero el galón de combustible es más caro allá que en nuestro país”, expuso. En aquella nación, el galón de gasolina superior cuesta, sin impuestos, US$3.56 (Q27.41), mientras que en Guatemala es de US$2.86 (Q22).
“Hay otras alternativas que se deben evaluar detenidamente, como escalonar los horarios de ingreso a colegios y empresas, para evitar congestionamientos viales, entre otras. Ello es difícil, y requiere tiempo; la idea es sacar adelante este barco”, dijo Pokus.
Carlos Barreda, viceministro de Finanzas, opinó que las soluciones se deben dirigir a “acelerar, focalizar y ampliar la cobertura del gasto social, para mejorar la calidad de vida de la población, para que así, el impacto del incremento generalizado de precios sea menor”.
Sinibaldi ofreció que, la próxima semana, la Comisión de Energía presentará una iniciativa de ley para disminuir temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP), o exonerar parcialmente del Impuesto al Valor Agregado a ese producto.
“Hay más de Q1 mil millones del IDP que se van al fondo común, sin destino específico. Ese monto podría descontarse, porcentualmente, para que los consumidores paguen menos por el producto final”, explicó Sinibaldi.
Carolina Roca, de la SAT, objetó esa propuesta, y argumentó que la medida quedaría “neutralizada” si los precios internacionales siguen subiendo.
Procurador General de la Nación se niega a renunciar
Prensa Libre
Mario Gordillo, Procurador General de la Nación, expresó su decisión de no dimitir al cargo. (Foto Prensa Libre: Archivo)
El procurador General de la Nación, Mario Gordillo, pidió hoy al presidente Álvaro Colom que debe disponer inmediatamente el cese de la solicitud de renuncia que le fue formulada.
Gordillo pidió, además, que se le presten todas las garantías necesarias para el ejercicio de sus facultades de conformidad con la ley.
El procurador indicó que la Constitución impide que sea removido de su puesto sin causa justificada, por lo tanto, en aras de preservar el estado de derecho se deben mantener incólumes los órganos del Estado.
El presidente Colom confirmó hoy que había solicitado la renuncia al procurador al considerar que existe un conflicto de intereses debido a que la esposa de éste fue electa magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Él es abogado del Estado, no sólo del Ejecutivo, qué va a pasar el día en que haya algún problema con el TSE, se preguntó el mandatario.
La otra razón para pedir su renuncia se debe a que tras una evaluación, se determinó que falta dinamismo en la Procuraduría General de la Nación, según el mandatario.
Colom indicó que ya tiene propuestas de personas que podrían ocupar el puesto, pero que hasta que no se resuelva la renuncia de Gordillo no se puede hacer nada.
Gordillo pidió, además, que se le presten todas las garantías necesarias para el ejercicio de sus facultades de conformidad con la ley.
El procurador indicó que la Constitución impide que sea removido de su puesto sin causa justificada, por lo tanto, en aras de preservar el estado de derecho se deben mantener incólumes los órganos del Estado.
El presidente Colom confirmó hoy que había solicitado la renuncia al procurador al considerar que existe un conflicto de intereses debido a que la esposa de éste fue electa magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Él es abogado del Estado, no sólo del Ejecutivo, qué va a pasar el día en que haya algún problema con el TSE, se preguntó el mandatario.
La otra razón para pedir su renuncia se debe a que tras una evaluación, se determinó que falta dinamismo en la Procuraduría General de la Nación, según el mandatario.
Colom indicó que ya tiene propuestas de personas que podrían ocupar el puesto, pero que hasta que no se resuelva la renuncia de Gordillo no se puede hacer nada.
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