Prensa Libre
Diputados y funcionarios discuten en el Congreso qué medidas implementar para menguar los efectos negativos por el alza del petróleo.
La Comisión legislativa de Energía y autoridades de Gobierno discutieron ayer posibles acciones para minimizar el impacto de los altos precios del combustible en el país, que han llevado a encarecer todos los productos.
Diputados de la citada sala de trabajo criticaron la falta de acciones del Gobierno para reducir el impacto del alto costo del petróleo y, por ello, citaron a funcionarios del Ejecutivo, con el propósito de analizar posibles medidas.
“Queremos evaluar soluciones, pero no queremos hacerlo unilateralmente. Se prevé que el precio del barril de petróleo a nivel internacional alcance los US$200 (Q1 mil 540 este año —ahora supera los US$100—), por lo que se requieren acciones inmediatas”, aseguró Alejandro Sinibaldi, presidente de aquella sala, luego de una reunión con funcionarios del Ministerio de Finanzas, Energía y Minas, y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El legislador criticó que el Ejecutivo “no está haciendo absolutamente nada” para reducir el impacto del incremento en los precios del crudo, que a su vez ha afectado el costo de la canasta básica. “No vemos soluciones inmediatas, a pesar de que fue una de las promesas de campaña del presidente Álvaro Colom. Le están dejando la responsabilidad al Congreso”, aseveró.
Alfredo Pokus, viceministro de Energía y Minas, argumentó que el Gobierno no tiene injerencia en esos precios, ya que se definen internacionalmente. Refirió que, como paliativo, podrían impulsar una campaña para concienciar a la población para que gaste menos combustible.
Además, el Ejecutivo analiza adherirse a Petrocaribe —acuerdo de cooperación energética que tiene Venezuela con varias naciones del Caribe, con el propósito de dar crudo más barato—, o fomentar la producción de etanol y biodiésel.
Sinibaldi consideró que esas medidas pueden ser ineficaces y de muy largo plazo. “Nicaragua ya es parte de Petrocaribe, pero el galón de combustible es más caro allá que en nuestro país”, expuso. En aquella nación, el galón de gasolina superior cuesta, sin impuestos, US$3.56 (Q27.41), mientras que en Guatemala es de US$2.86 (Q22).
“Hay otras alternativas que se deben evaluar detenidamente, como escalonar los horarios de ingreso a colegios y empresas, para evitar congestionamientos viales, entre otras. Ello es difícil, y requiere tiempo; la idea es sacar adelante este barco”, dijo Pokus.
Carlos Barreda, viceministro de Finanzas, opinó que las soluciones se deben dirigir a “acelerar, focalizar y ampliar la cobertura del gasto social, para mejorar la calidad de vida de la población, para que así, el impacto del incremento generalizado de precios sea menor”.
Sinibaldi ofreció que, la próxima semana, la Comisión de Energía presentará una iniciativa de ley para disminuir temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP), o exonerar parcialmente del Impuesto al Valor Agregado a ese producto.
“Hay más de Q1 mil millones del IDP que se van al fondo común, sin destino específico. Ese monto podría descontarse, porcentualmente, para que los consumidores paguen menos por el producto final”, explicó Sinibaldi.
Carolina Roca, de la SAT, objetó esa propuesta, y argumentó que la medida quedaría “neutralizada” si los precios internacionales siguen subiendo.
Diputados de la citada sala de trabajo criticaron la falta de acciones del Gobierno para reducir el impacto del alto costo del petróleo y, por ello, citaron a funcionarios del Ejecutivo, con el propósito de analizar posibles medidas.
“Queremos evaluar soluciones, pero no queremos hacerlo unilateralmente. Se prevé que el precio del barril de petróleo a nivel internacional alcance los US$200 (Q1 mil 540 este año —ahora supera los US$100—), por lo que se requieren acciones inmediatas”, aseguró Alejandro Sinibaldi, presidente de aquella sala, luego de una reunión con funcionarios del Ministerio de Finanzas, Energía y Minas, y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El legislador criticó que el Ejecutivo “no está haciendo absolutamente nada” para reducir el impacto del incremento en los precios del crudo, que a su vez ha afectado el costo de la canasta básica. “No vemos soluciones inmediatas, a pesar de que fue una de las promesas de campaña del presidente Álvaro Colom. Le están dejando la responsabilidad al Congreso”, aseveró.
Alfredo Pokus, viceministro de Energía y Minas, argumentó que el Gobierno no tiene injerencia en esos precios, ya que se definen internacionalmente. Refirió que, como paliativo, podrían impulsar una campaña para concienciar a la población para que gaste menos combustible.
Además, el Ejecutivo analiza adherirse a Petrocaribe —acuerdo de cooperación energética que tiene Venezuela con varias naciones del Caribe, con el propósito de dar crudo más barato—, o fomentar la producción de etanol y biodiésel.
Sinibaldi consideró que esas medidas pueden ser ineficaces y de muy largo plazo. “Nicaragua ya es parte de Petrocaribe, pero el galón de combustible es más caro allá que en nuestro país”, expuso. En aquella nación, el galón de gasolina superior cuesta, sin impuestos, US$3.56 (Q27.41), mientras que en Guatemala es de US$2.86 (Q22).
“Hay otras alternativas que se deben evaluar detenidamente, como escalonar los horarios de ingreso a colegios y empresas, para evitar congestionamientos viales, entre otras. Ello es difícil, y requiere tiempo; la idea es sacar adelante este barco”, dijo Pokus.
Carlos Barreda, viceministro de Finanzas, opinó que las soluciones se deben dirigir a “acelerar, focalizar y ampliar la cobertura del gasto social, para mejorar la calidad de vida de la población, para que así, el impacto del incremento generalizado de precios sea menor”.
Sinibaldi ofreció que, la próxima semana, la Comisión de Energía presentará una iniciativa de ley para disminuir temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP), o exonerar parcialmente del Impuesto al Valor Agregado a ese producto.
“Hay más de Q1 mil millones del IDP que se van al fondo común, sin destino específico. Ese monto podría descontarse, porcentualmente, para que los consumidores paguen menos por el producto final”, explicó Sinibaldi.
Carolina Roca, de la SAT, objetó esa propuesta, y argumentó que la medida quedaría “neutralizada” si los precios internacionales siguen subiendo.
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