jueves, 15 de mayo de 2008

País es mal calificado en competitividad


Prensa Libre

Guatemala es calificado, junto a Venezuela y Haití, respecto de sus condiciones para invertir.

Guatemala fue ubicada en el puesto número 14, entre 19 países, según su ambiente de negocios. La publicación se incluye en el índice efectuado por el semanario de Internet Latin Business Chronicle, que se especializa en aquel tema, en América Latina.

Guatemala obtuvo una calificación negativa en la categoría globalización-competitividad, y fue el tercer peor ubicado en América Latina, después de Venezuela y Haití. Ese rubro incluye salud, seguridad y educación, entre otros temas.

Además, fue considerado “dentro del promedio”, en cuanto a macroeconomía y nivel tecnológico, resultó mal calificado en competitividad y ambiente corporativo y político.

“A diferencia de anteriores gobiernos, la administración del presidente Álvaro Colom ha sido marcada con confusión y señales mezcladas para inversionistas extranjeros, lo que ha resultado en una calificación débil para el país”, revela el informe, divulgado ayer.

A criterio de Juan Carlos Zapata, gerente general de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, la diferencia en los discursos del presidente, el vicemandatario y el secretario de Comunicación puede tener impacto entre los inversionistas.

Además, resaltó la necesidad de mejorar aspectos como la apertura de empresas, que actualmente resulta onerosa (cerca de Q13 mil para sociedades anónimas), y fomentar la empresarialidad.

Más computadoras, más piratería de software


Prensa Libre

Guatemala ocupa la quinta posición entre los países de Latinoamérica con altos índices de piratería de software, según se desprende de la última investigación por la Business Software Alliance (BSA), que fue presentada ayer a escala mundial.

Hugo González, representante de BSA en Guatemala, informó que según tal estudio, elaborado por la empresa Internacional Data Corporation (IDC), ocho de cada 10 guatemaltecos poseen programas de cómputo ilegales para computadores personales.

De acuerdo con la investigación, aunque la tasa de piratería bajó en Guatemala, y pasó de 81 por ciento en el 2006 a 80 por ciento en el 2007, debido al incremento en el número de computadoras, las pérdidas aumentaron.

González informó al respecto que las pérdidas subieron de US$26 millones a US$41 millones en el último año, es decir US$15 millones más que en el 2006.

Agregó que entre los programas más copiados se menciona: Photoshop, que es software especializado en fotografía; Autocad, que sirve para diseño arquitectónico y office de Microsoft.

González comentó que el estudio confirman que los altos índices de piratería persisten en el país, puesto que las personas perciben que no hay castigo a los infractores, y de allí que no exista una barrera que les impida delinquir.

Lo anterior pese a que entre el 2007 y el 2008 los juzgados civiles han realizado siete allanamientos en conjunto, donde localizaron más de US$200 mil en software pirata.

De acuerdo con la BSA, en Centroamérica, Guatemala ocupa la segunda posición compartida con Nicaragua, como la nación con mayor índice de piratería.

El primer lugar lo tiene El Salvador con 81 por ciento, mientras que Honduras y Panamá poseen un 74 por ciento, y Costa Rica se ubica con 61 por ciento.

El campeón de Latinoamérica en piratería es Venezuela, en donde 87 de cada cien habitantes tienen alguna versión de software pirata.

Andrés Fahsen, gerente de canales de distribución Microsoft Guatemala, explicó que se necesita una legislación más efectiva y que se refuercen las leyes, así como mejorar la educación sobre propiedad intelectual, lo que a la larga ayudaría a que baje el índice. Según el ejecutivo, con la mayor penetración de Internet, hasta se pueden bajar programas de la red, y eso también afecta a la industria.

Fahsen dijo que, según cálculos, en el 2007 se importaron 260 mil unidades y que en el 2008 la cifra aumentará a 267 mil.

Alcalde de Iztapa será acusado de homicidio


Prensa Libre

Misael Ávila se cubre el rostro en el momento en que entra en la sede de la Policía local.

El Ministerio Público (MP) acusará a Misael Ávila Escobar, alcalde de Iztapa, Escuintla, de homicidio y doble homicidio en grado de tentativa, por la muerte, el martes último, de un miembro de su corporación, y heridas contra otros dos.

El fiscal Luis Fernando Bocanegra informó que a Ávila se le acusará por el homicidio de José Armando Franco, de 37 años, síndico primero de la comuna; también por el homicidio en grado de tentativa contra Edy Haroldo Franco Villalobos, asesor de esa municipalidad, y Francisco Gallardo, concejal cuarto.

Las pesquisas establecen que los miembros de la corporación sostenían una reunión, el martes último, donde aprovecharon para solicitar explicaciones al alcalde por el reparo que la Contraloría General de Cuentas hizo a esa comuna sobre un fideicomiso usado en la construcción del puente Verónica Michell.

También se señala que durante esa sesión se decidió, por unanimidad, la destitución del secretario municipal, Saúl Díaz, y del tesorero, Edwin García, hecho que molestó al jefe edil, pues supuestamente estas personas eran quienes encubrían las anomalías.

Las investigaciones preliminares indican que, luego de la intensa discusión, Ávila desenfundó su arma y disparó contra tres miembros del concejo, de los cuales mató a uno e hirió a dos, y luego huyó.

Descubierto en flagrancia
La captura de Ávila se dio a eso de las 18.10 horas, debido a que Fernando Cruz Soberanis, inspector de la Policía, estaba patrullando, y cuando escuchó los disparos, llegó frente a la comuna y observó cuando el alcalde disparaba contra Gallardo.

Ávila corrió y fue perseguido por Soberanis, pero no fue alcanzado; cuando el inspector volvió a la municipalidad, halló muerto a Franco.

Posteriormente, el alcalde fue capturado por otro grupo de oficiales, quienes lo ubicaron en la 2a. avenida entre la 2a. y 3a. calles de la zona 1 de Iztapa, pero no encontraron el revólver.

No se descarta que Ávila hubiera tirado el arma o se la hubiera entregado a algún cómplice.

En la escena quedaron esparcidos 26 cascabillos y 18 ojivas; en forma preliminar se estableció que Franco recibió ocho balazos.

Después de la captura, Ávila manifestó que se sentía mal de salud, por lo que fue llevado a un centro asistencial, con la finalidad de evadir la prisión.

Un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses debía evaluar ayer su estado de salud. El alcalde está a disposición del juez de turno, pendiente de ser escuchado para su primera declaración, la que podría tomarse hoy.

Perdió su inmunidad
Juan Luis Florido, fiscal general, informó que las acciones y la detención de Ávila están estipuladas en el artículo 6, inciso c, de la Ley de Antejuicios, que establece que los funcionarios perderán la inmunidad en el momento que se les descubra cometiendo un hecho delictivo.

Añadió: “Perdió su inmunidad, pues fue capturado en flagrancia; ya está a disposición de las autoridades; se sabe que todo se debió a una discusión”.

Ávila ocupa el cargo de alcalde de Iztapa por segundo periodo consecutivo; en las últimas elecciones fue postulado por la Gran Alianza Nacional (Gana).

Alejandro Giammattei, dirigente de la Gana, refirió que Ávila deberá resolver su situación por la vía judicial. Agregó que el partido no puede emitir opinión al respecto o tomar una decisión sobre su futuro político hasta que no se dé el debido proceso.

César Valladares, concejal primero, estará a cargo de esa comuna en los próximos días, mientras se resuelve la situación.

Valladares expresó que las acciones tomadas eran en favor de la comunidad, y no en contra del alcalde. “Ávila ya se había ido, pero volvió y arremetió contra quienes estaban en la comuna”, refirió.

Añadió: “Veinte días antes se molestó en la reunión del concejo, y nos amenazó con la pistola”.

Otra invasión en Petén

Prensa Libre
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) descubrió que unas 30 familias se asentaron en una de las cuencas de Parque Nacional Laguna del Tigre, en el área conocida como Arroyo Yalá.

La invasión se dio desde hace dos meses, a pesar de que el año recién pasado se logró el desalojo de 12 familias. Ahora la denuncia señala que, aproximadamente, 30 familias llegaron a usurpar esos terrenos.

Ante esa situación, el Conap presentó la denuncia en el Ministerio Público (MP).

Las pesquisas establecen que detrás de esa invasión podría haber interés de un grupo de indígenas, encabezado por Lucas Ramos, de quien se sigue un proceso en el MP por similares hechos cometidos en el 2007.

Se presume que estas familias son originarias de las Verapaces.

Belleza natural
Este conjunto de invasores se suma a los ocho grupos que se ubican en el sector de Laguna del Tigre, donde, a pesar de ser declarada parque nacional, no se logran evitar las invasiones de terrenos.

Según estudios efectuados por expertos del Conap, ese arroyo está lleno de humedales. En el área existen algunos pozos naturales que se usan para el consumo domiciliar, pero se ha establecido que sus aguas son calosas, por la estructura kárstica del suelo.

Noé López, fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, expresó que la denuncia ya se encuentra en fase de investigación.

“Esta es un área famosa por sus miradores tan impresionantes. Los invasores no saben el daño que le hacen a nuestro ambiente”, comentó López.

Permanecen detenidos 257 migrantes en Iowa


Prensa Libre

Luego de la redada masiva efectuada el lunes recién pasado en Iowa, en donde se capturó a 390 indocumentados, entre ellos 287 guatemaltecos (según el último recuento), el Consulado de Guatemala en Chicago informó que aún permanecen detenidos 257, de los cuales 29 son sindicados de robo de identidad.

Los 257 se encuentran en un centro de detención improvisado en una arena de exhibición de ganado, y entre ellos se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas, madres solteras y personas enfermas. Todos ellos trabajaban en una planta de procesamiento de carne, en Postville, Iowa, allanada por agentes de Inmigración de EE. UU.

Gustavo Adolfo López, cónsul general de Guatemala en Chicago —que tiene la circunscripción del estado de Iowa—, informó que fueron 287 los guatemaltecos detenidos, de los cuales logró la liberación de 30, por razones humanitarias.

Autoridades de EE. UU. establecieron que, de 390 migrantes capturados, 125 incurrieron enrobo agravado de identidad y uso indebido de números de seguridad social.

“En las visitas al centro de detención nos han acompañado tres abogados y un especialista en migración; todos, de organizaciones sin fines de lucro” , informó López.

Las audiencias para esos migrantes continuarán entre hoy y mañana. El cónsul acudió ayer a Waterloo, donde se reunió con familiares de detenidos y líderes de organizaciones comunitarias, a fin de diseñar estrategias de reunificación familiar.

Durante la cita, López informó de las acciones adoptadas por la misión consular, tales como velar por sus derechos humanos, acceso a representación legal y contacto con los consulados. Agencias de noticias internacionales catalogaron este hecho como la redada más grande en la historia de EE. UU.

Nueva redada
Ayer, migrantes que residen en Los Ángeles vivieron una jornada de pánico, tras la captura de 61 latinoamericanos, originarios de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Ecuador.

Gobierno afina iniciativa antimonopolio

Prensa Libre
El Gobierno afina la iniciativa de ley de custodia de la competencia, que busca evitar la práctica de los monopolios; este proyecto es parte de las 10 acciones que propuso el presidente Álvaro Colom, el domingo recién pasado, para enfrentar la crisis económica que encarece la canasta básica y los combustibles.

Carlos Larios Ochaita, secretario general de la Presidencia, informó que el equipo legal de esa institución analiza esa iniciativa de ley antes de enviarla al Congreso, a fin de evitar cualquier inconstitucionalidad.

“No sabemos cuánto tiempo más tardarán los abogados en la revisión del proyecto, pero queremos evitar que contenga ilegalidades”, expresó el funcionario.

El anteproyecto de ley, en su artículo 13, refiere que queda prohibida toda conducta, contrato, acuerdo, convenio, decisión o práctica concertada entre agentes económicos competidores, que tengan por objeto o efecto reducir o eliminar la libre competencia.

Entre las 10 acciones anunciadas, el Ejecutivo plantea impulsar una política de fomento a la competencia, con el objetivo de favorecer precios bajos con base en el funcionamiento sano y transparente de los mercados.

Prohibición de monopolios
Arturo Herrador, quien fue el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso, y ahora es director del Registro Mercantil, mencionó que el espíritu de dicho proyecto de ley es hacer que se cumpla el artículo 130 de la Constitución, el cual establece la prohibición de monopolios y que el Estado debe proteger la economía de mercado e impedir las asociaciones tendentes a restringir la libertad comercial o a perjudicar a los consumidores.

Para hacer cumplir la ley se pretende crear una comisión que promueva la competencia, adscrita al Ministerio de Economía.

Esa instancia podrá sancionar con multas sucesivas de hasta 10 salarios mínimos diarios no agrícolas, por cada día de atraso, a las personas que no entreguen información requerida.

Herrador comentó que el ámbito de la iniciativa de ley abarca no solo los actos o conductas generados en el país que afectan la competencia, sino también prácticas que, originadas fuera del territorio guatemalteco, inciden en el mercado nacional.

“La ley se aplicaría a todas las personas que realicen actividades económicas en el territorio nacional”, expresó.

Destacó que dicha propuesta tiene como finalidad incrementar la eficiencia económica del país y mejorar el bienestar del consumidor, mediante la oferta adecuada de productos, servicios —en calidad y precio— y mayor variedad de los satisfactores, para ampliar los espacios de elección de los consumidores.

Mientras el Ejecutivo termina de revisar aquel proyecto, en el Congreso se está a la espera de que éste llegue para iniciar su evaluación y discusión.

Cumbre: Jefes de Estado inician reunión técnica en Lima


Prensa Libre

Lima, Perú. La V Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (UE) se inició ayer, en esta capital, con reuniones a nivel técnico de cancilleres, jefes de negociación comercial y empresarios, que celebrarán también un encuentro de oportunidades de negocios.

Según explicó Francisco Acosta, jefe de la sección política, economía, información y cultura de la delegación de la Comisión Europea (CE), las deliberaciones de la Cumbre estarán centradas en dos temas cruciales para las regiones: pobreza, desigualdad e inclusión social, y el desarrollo sostenible.

“El asunto del desarrollo sostenible es muy importante, ya que incluye temas de medio ambiente, cambio climático y energía”, agregó Acosta. La sede del encuentro es el Museo Nacional, en el centro de la ciudad, y al que accederán solo las comitivas oficiales.

Existe el consenso de que la V Cumbre debe trascender el proceso de declaraciones, y que su objetivo sea adoptar medidas operativas para tomar acciones conjuntas.

En la última reunión de ambas zonas, efectuada en el 2006, en Viena, hubo acuerdos importantes para Centroamérica, los cuales desembocaron en el inicio de las negociaciones de un acuerdo de asociación, que incluye un pilar político, comercial y de cooperación.

Francisco Fontán, director de la Comisión de Relaciones Exteriores de la CE, en Perú, informó que desde ayer los cancilleres trabajan en la redacción de esta declaración, que tendrá que ser aprobada por los jefes de Estado.

En tanto, se conoció que los presidentes de los países centroamericanos se reunirán mañana con el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Samuel Lewis, ministro panameño de Relaciones Exteriores, reconoció que las medidas restrictivas que anuncia la UE contra potenciales migrantes ilegales latinoamericanos preocupan a los gobiernos de esta región.

La Cumbre
Para esta V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, el Perú recibirá a 60 presidentes: 33 de Latinoamérica y 27 de la UE, además de sus respectivos cancilleres y altos funcionarios.

Hoy y mañana se han declarado días de asueto nacional, para evitar problemas a los limeños, por la llegada de todos los participantes en el encuentro.

Para cubrir la cita, se han acreditado más de mil 500 periodistas
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Diputados corren por leyes antes de receso

Prensa Libre
El Congreso clausuró ayer su primer período de plenarias. Antes de irse al receso, que finalizará el 1 de agosto, los diputados se dieron prisa por conocer iniciativas, e incluso intentaron, sin éxito, aprobar algunas leyes de urgencia nacional, como la que reduce el número de legisladores, que evidenció división en la bancada oficial.

Se fueron con el ofrecimiento de que, durante el receso, se celebrasen seis sesiones extraordinarias y una solemne, por el Día de la Constitución, el 30 de mayo.

La plenaria de ayer comenzó con más de una hora de retraso y dificultades para alcanzar el quórum. No fue sino hasta las 11.15 horas (se había citado para las 9.30) cuando se logró integrar el mínimo de 80 diputados para desarrollar la agenda programada.

La primera media hora sirvió para concluir el debate que siguió a la interpelación del ministro de Agricultura, Raúl Robles, la cual finalizó el martes último.

Luego, llegó el turno de conocer iniciativas de ley, que serían enviadas para análisis a las comisiones respectivas. Una de ellas era una propuesta de Aníbal García, diputado de Encuentro por Guatemala (EG), para crear un fondo del petróleo —por medio del cual se pretende distribuir las regalías por la extracción de crudo entre las comunidades en donde se efectúa esa actividad—. El congresista pidió que se exonerara de dictamen y se aprobase esa ley, de urgencia nacional —es decir, en una sola lectura—, pero no consiguió los votos necesarios (105).

Apenas unas semanas antes, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) había presentado un proyecto similar, pero incluía un artículo para facultar al Ejecutivo a prorrogar los contratos petroleros vigentes, lo que generó dudas y controversia. Finalmente, la iniciativa fue frenada por el presidente Álvaro Colom, quien sugirió que se tratara por aparte la creación del fondo y se analizase detenidamente la extensión de los contratos.

Sin embargo, ese bloque no apoyó ayer la propuesta de García, con lo que evidenció, en opinión de Nineth Montenegro, de EG, “que lo único que le interesaba era ampliar esos contratos”.

Ayer trascendió que algunos diputados oficialistas querían insistir en la aprobación de la iniciativa original.

Aporte para Fundabiem
Mientras, un centenar de pacientes de la Fundación para el Bienestar del Minusválido (Fundabiem), y sus familias, observaban desde el palco del Legislativo la plenaria, en espera de que se conociera el proyecto de ley que autorizaría un aporte anual de Q10 millones para esa entidad.

Aunque se había anunciado que se pediría su aprobación, de urgencia nacional, el ponente de la iniciativa, Armando Paniagua, del Partido Patriota (PP), solamente pidió la fijación de un plazo para que se dictamine sobre ésta, pues —según se rumoró— no contaba con el apoyo necesario. La Junta Directiva ordenó a la Comisión de Finanzas presentar ese análisis dentro de 15 días. Después, tendrá que ser debatida en tres lecturas.

De acuerdo con representantes de Fundabiem, esa organización necesita Q16 millones para sostener sus 24 centros y su casa hogar. Su única fuente de financiamiento es la Teletón, que este año se llevará a cabo el 18 y 19 de julio.

Evidente división en UNE
La última iniciativa que se conoció ayer fue una planteada por Manuel Baldizón, de la UNE, que busca reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Tampoco logró apoyo, y evidenció que las divisiones en esa bancada, lejos de atenuarse, se acentúan. Fue enviada para dictamen a la Comisión de Asuntos Electorales.

“La propuesta no era mala; el problema fue quién la presentó”, aseguró un legislador uneísta, luego de la sesión. Solo 27 de los 51 diputados que integran ese bloque permanecieron en el hemiciclo cuando ésta se conoció. Los demás abandonaron el recinto junto a legisladores del PP, entre otros, con lo cual se disolvió el quórum.

“No es una iniciativa de la bancada, no fue consensuada con nosotros como ordena el reglamento del partido; ni siquiera la conozco”, expuso Mario Taracena, jefe de esa agrupación.

Ese proyecto busca reducir el número de congresistas —de uno por cada 80 mil habitantes, a uno por cada 120 mil—, y que la elección de éstos se efectúe por listas uninominales en vez de nóminas cerradas. “Así, la población sabrá por quién vota y podrá elegir entre diferentes partidos”, explicó Baldizón.

Después de la plenaria, el presidente del Congreso, Eduardo Meyer, invitó a los legisladores de la UNE a un almuerzo en un hotel capitalino. Solo 15 de ellos asistieron; tres se retiraron antes de que Meyer llegara. Según explicó, la cita era para celebrar el final del primer período de sesiones. Algunos comentaban que fue para intentar limar asperezas. Los que no asistieron temían que la invitación fuese “parte de la campaña por la reelección de Meyer”, dijeron.

SUBIRAN LAS PENSIONES DEL IVS

Prensa Libre
En conferencia de prensa, ayer, en el hangar presidencial, Álvaro Colom y autoridades del IGSS anunciaron la medida.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) aumentará, a partir del 1 de julio próximo, las pensiones para el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS). Ese incremento significará un desembolso de Q204.1 millones anuales.

Las autoridades del Seguro Social afirmaron ayer que el aumento significa un 18 por ciento sobre el total de pensiones actuales, y que beneficiará a unas 103 mil personas.

Luis Reyes Mayén, presidente de la Junta Directiva del IGSS, detalló que todos los pensionados del IVS recibirán un aumento del 15 por ciento; sin embargo, se les descontará el 5 por ciento, el cual se destinará al Centro de Atención Médica Integral para Pensionados (Camip).

Adicional a ello, se dará un 8 por ciento más para los jubilados que reciben actualmente entre Q340 y Q700 mensuales, cantidad que será distribuida en forma escalonada.

Sin embargo el directivo dijo que estos últimos pagos están condicionados a que el Estado traslade abonos a la deuda con el IGSS.

El anuncio lo dio ayer el presidente Álvaro Colom, junto con Reyes Mayén, en el hangar presidencial, minutos antes de partir a Lima, Perú, en donde participará en la V Cumbre de La V Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Montos varían
El porcentaje del aumento variará, según la pensión actual que cada jubilado recibe mensualmente. Según los datos aportados ayer por el Seguro Social, los aumentos estarán entre el 10 y el 29 por ciento.

Explicaron que los pensionados que reciben Q340 al mes obtendrán un cheque de Q432.82 a partir de julio, y las pensiones de Q500 serán de Q593.75.

Hasta ahora, las pensiones del Seguro Social oscilan entre los Q340 y los Q4 mil 800 mensuales, más un aguinaldo y un bono anual de Q500.

El IVS pagó pensiones por Q1 mil 27 millones en el 2007.

¿De dónde saldrá el dinero?
El financiamiento para los aumentos, detalló Reyes Mayén, proviene de dos fuentes.

El IGSS destinará Q133.2 millones anuales de los fondos propios del IVS —aquí se incluye el 15 por ciento de incremento sugerido por el Seguro Social y su respectivo traslado al Camip, que forma parte del Programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA)—.

La otra parte del financiamiento provendrá del traslado bimensual que el Estado dará, en abono a la deuda que mantiene con el IGSS —Q13 mil 25 millones al 31 de diciembre del 2007—, y que será de Q71.5 millones anuales.

El ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, explicó ayer que para el 2008 el abono será de Q35 millones, ya que el incremento empezará a regir a partir del segundo semestre.

Colom dijo que esta decisión es parte de las medidas que su gobierno impulsa para que el país afronte mejor la actual crisis económica.

“La gran mayoría (de esos fondos) saldrá este año de ahorros de administración y de algunas transferencias de programas que se están recortando”, explicó el gobernante.

Estos programas, aunque no los enumeró, dijo que no eran de gran impacto, y que los ahorros son por aprovechamiento de combustibles y menor uso de celulares.

Reyes calificó el pago de abonos al programa IVS como una “decisión histórica”.

Agregó que la deuda que el Estado tiene con el IGSS ronda los Q13 mil millones, y que se ha ido acumulando a lo largo de 60 años. “La administración anterior pagó la totalidad como empleador, pero ha habido administraciones que no han pagado nada”, refirió Reyes.

Aumento y mejoras
El presidente de la Junta Directiva del IGSS estimó que “cualquier incremento a las pensiones pretende mitigar el problema, no solucionarlo”, y consideró que este aumento contribuirá a “corregir la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones”.

Reyes explicó que, aunque se quisiera un incremento mayor, por la difícil situación económica y lo poco que perciben algunos beneficiarios del IVS, “un programa de pensiones tiene una rigurosidad técnica, y hay que actuar con responsabilidad”.

Por eso, enfatizó: “el 10 por ciento inicial es la cantidad máxima que podemos otorgar, sin afectar la sostenibilidad y los puntos de equilibrio del programa IVS”.

Actualmente, el IVS cuenta con Q7 mil 500 millones de reservas, pero se prevé que en el 2012 afronte un desequilibrio, ya que el pago de pensiones superaría los ingresos recibidos.

El 5 por ciento adicional se decidió porque “se ha planteado la necesidad de que los pensionados del IVS aporten al sostenimiento del Camip”, dijo Reyes.

Mejoras al Camip
Con el porcentaje que se destinará al Camip, se busca fortalecer el EMA, tomando en cuenta que, por medio de este programa, se les brinda atención en salud a los pensionados.

El EMA reportó, durante varios años, pérdidas millonarias.

Al 31 de diciembre del 2007, las reservas de ese programa eran de Q4 mil 100 millones.

El Camip representa, según Reyes Mayén, Q350 millones anuales en servicios.

Este centro está ubicado en la zona 12 capitalina, y partir del 2007 las autoridades del IGSS impulsaron algunas mejoras en esas instalaciones, pero las quejas por mala atención persisten.