RECHAZO DE CICIG OCULTA GUSANERA AFIRMA VICEPRESIDENTE

Dictamen desfavorable origina revuelo y controversia en política: diputados de UNE se retractan, PP critica y FRG se defiende

El dictamen desfavorable a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha causado revuelo en la política nacional. Desde el Ejecutivo señalaron a diputados de tener interés en tapar un “gusanero”, y tres bloques ofrecieron dar batalla en el pleno para que esa comisión no quede en el archivo.
El miércoles último, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) consiguió un dictamen negativo con 13 de los 21 votos en la sala de Relaciones Exteriores, y ahora el pleno tiene que decidir el futuro de la Cicig.
Lo apoyaron la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), la Unión del Cambio Nacionalista (UCN) y bloques pequeños.
El vicepresidente Eduardo Stein, principal promotor de la Cicig, que traerá investigadores extranjeros para ayudar al Ministerio Público (MP) a desarticular al crimen organizado, se veía ayer notablemente afectado por la noticia.
“Bajo los argumentos de lesión de soberanía se están tapando gusaneras que no se quieren abrir. Nosotros aceptamos, como Ejecutivo, que parte de nuestra institucionalidad está penetrada por el crimen organizado, y hemos solicitado apoyo internacional para quitar esos quistes en instituciones como la Policía Nacional Civil”, expresó.
Stein comparó esta oposición de los diputados a la Cicig con la que ejercen contra la ley que regulará las adopciones, pues el bloqueo que hicieron dejó el camino libre para que la mafia de robaniños que los da en adopción continúe delinquiendo.
El presidente Óscar Berger apoyó las críticas y aseveró que el dictamen es un duro revés para los guatemaltecos honrados que no tienen nada que ocultar. Recordó que la Corte de Constitucionalidad no se opuso a la Cicig.
La Cicig es un convenio entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear un ente que traiga investigadores especializados que colaboren con el MP para llevar a los tribunales a narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de personas y miembros del crimen organizado en el Estado. Para entrar en vigencia, la Comisión tiene que ser ratificada por el Congreso.
El canciller Gert Rosenthal se mostró preocupado por el rechazo al ofrecimiento de países amigos de contribuir en la lucha contra el crimen organizado. “Con esto se manda un mensaje a la comunidad internacional de que los partidos políticos no quieren combatir la impunidad”, afirmó.
El papel de la UNE
La sorpresa en el dictamen negativo fue el papel de la UNE, que en el pleno y por medio de Álvaro Colom, su presidenciable, ha asegurado su apoyo a la Cicig, pero dos de sus diputados en la sala de Relaciones Exteriores firmaron el documento.
Se trata de Jorge Girón y César Fajardo, quien está en el segundo lugar del listado nacional para la reelección, es secretario general adjunto y fiscal de la UNE en el Tribunal Supremo Electoral.
Fajardo dijo ayer que será leal a Colom, pero que firmó el dictamen contra la Cicig porque, como abogado, consideró que tenía errores.
Colom no tomará ninguna medida disciplinaria contra sus diputados. “Nosotros hemos sido bien claros en que queremos fortalecer la institucionalidad, garantizar la transparencia y justicia en el país, y por eso creemos en la Cicig. Si los diputados votaron, lo hicieron a título personal, porque nosotros no avalamos esa decisión”, dijo el presidenciable.
Ayer finalmente convenció a Fajardo y a Girón de que añadan dos hojas al dictamen, para retractarse y que sus firmas no cuenten en el proyecto, que deberá ser discutido y aprobado o rechazado en el pleno en la próxima sesión, que será en agosto.
“¿Si Colom no puede dirigir a una bancada, cómo espera gobernar el país?”, cuestionó Roxana Baldetti, del Partido Patriota (PP).
Dictamen pende de una firma
Uno de cuatro diputados podría detener el dictamen desfavorable antes de que llegue al pleno.
Después de que los dos de la UNE se retractaron, el documento quedó con 11 firmas, de 21 de la sala, por lo que si un legislador más le retira el apoyo antes de que llegue al pleno, éste perdería validez y tendría que regresar a la Comisión de Relaciones Exteriores.
En ese caso el pleno podría decidir enviarlo a una sala legislativa diferente, en la que el FRG -principal opositor a la Cicig- no cuente con tantos votos.
Los legisladores que tienen en su firma el poder de evitar que el dictamen llegue desfavorable al pleno son Luis Velásquez (UCN), Juan José Cabrera (Movimiento Reformador), Jorge Luis Ortega (Unión Democrática) y Héctor Pérez Rojas (PAN).
Cabrera, Ortega y Pérez expresaron ayer que no tienen por qué retractarse de su decisión, ya que la Cicig viola la soberanía e interfiere con el Ministerio Público. Leonel Soto, jefe de bloque de la UCN, dijo que hablarán con Velásquez y que la bancada analizará si se retractan del dictamen, para que el tema sea discutido hasta después de las elecciones.
Zury Ríos, del FRG y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, recordó que, “aun sin esas firmas, el dictamen todavía tiene la mayoría”.
Batalla en el pleno
Si el dictamen llega al pleno en agosto, el PP, la Gran Alianza Nacional (Gana) y ahora la UNE han asegurado que darán batalla para rescatar la Cicig.
“Parece que no han vivido en el país los últimos 20 años, porque no se han dado cuenta de que las instituciones de seguridad guatemaltecas son incapaces de garantizar seguridad y justicia”, recordó Baldetti. Aseveró que el PP luchará por reunir 80 votos para que se desestime el dictamen negativo.
Con los 72 votos que podrían reunir el PP, Gana y UNE, y nueve de los bloques de izquierda alcanzarían 81 y podrían rescatar la Cicig, pero no lo han logrado en los últimos tres meses.
El FRG no se quedará de manos cruzadas, aunque raras veces llevan a sus 29 diputados al pleno. Arístides Crespo, jefe de esa bancada, expresó que ya piensan en proponer “una Cicig entre el Ministerio Público y el de Gobernación, pero que sea sólo de guatemaltecos”.
Los otros dos bloques “medianos” en el pleno (el PAN y la UCN, que suman 26) aún no terminan de decidirse respecto de la Cicig. Tampoco el Partido Unionista. Este último espera conocer los convenios que firmará la Cicig con el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Organismo Judicial para su funcionamiento.
La UCN y el PAN creen que sería ideal que el Gobierno vuelva a negociar con la ONU el tratado, para aclarar algunos puntos, pero siguen analizando el tema. Tendrán al menos dos semanas para pensarlo, hasta que el dictamen sea discutido en el pleno.
Sociedad civil: “Dictamen de la impunidad”
Claudia Samayoa, de la Convergencia por los Derechos Humanos, criticó ayer el que llamó “dictamen de la impunidad”, opuesto a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Ella estuvo involucrada en ese proyecto desde 2004.
“No tiene ningún fundamento legal ni político; ese argumento de que se violaría la soberanía del país es completamente falso”, opinó.
Aseguró que “ya se había cantado” que la iniciativa se estancaría en el Congreso, desde el momento en que se envió a la Comisión de Relaciones Exteriores, en vez de la de Legislación y Puntos Constitucionales, “como correspondía”.
Samayoa lamentó que con un “movimiento político” se coloque a Guatemala “en una situación de mayor vulnerabilidad y de ridículo ante la comunidad internacional, de la que se han burlado todos los partidos”.
También la Fundación Myrna Mack se pronunció ayer en rechazo al dictamen desfavorable a la Cicig. “Muestra con claridad que en el país hay fuerzas políticas que actúan a través de funcionarios y diputados, para garantizar la impunidad a la amplia gama de crímenes que aquejan a la sociedad”, dice un comunicado de esa entidad de Derechos Humanos.
Crimen organizado: Acusan a Fajardo
El periodista Óscar Clemente Marroquín acusó, en su columna en el vespertino La Hora, a César Fajardo (UNE) de haber votado contra la Cicig porque tiene vínculos con gente del crimen organizado.
“Algunos de ellos le celebraron su cumpleaños en 2006, y cumple el papel que esa gente le ordena jugar. Colom lo supo desde que ocurrió el atentado contra su jefe de estrategia (José Carlos Marroquín, en 2006) y no lo expulsó del partido pese a las evidencias”. Fue imposible localizar a Colom y a Fajardo.
Aprobación: Segunda batalla
Otra lucha para rescatar a la Cicig se vivirá en el pleno del Congreso en agosto próximo. Contra el FRG y bancadas minoritarias se enfrentarán el PP, la UNE, la Gana y bloques de izquierda, para buscar 80 votos y revertir el dictamen negativo.
La discusión no será antes de agosto, cuando se reanude el período ordinario de sesiones y los jefes de bloque decidan incluirlo en la agenda.
El PAN, la UCN y los unionistas aún no están seguros de cómo votarán. De acuerdo con Rubén Darío Morales, presidente del Congreso, tienen que analizar si la Cicig no se utilizará para persecución política de opositores.
Reacciones
Stein: Diputados quieren protegerse
Nos causa desánimo que se quieran utilizar argumentos de tipo constitucional para esconder protecciones de tipo personal (...) Es muy decepcionante para una ciudadanía que está buscando fortalecer la justicia en el país.
Shannon: Sería una señal fuerte
Thomas Shannon, subsecretario de Estado de EE.UU., mantuvo el optimismo a pesar del dictamen. “Si aprueban la Cicig, sería una señal de que los políticos quieren enfrentar al crimen organizado (...) Nuestro gobierno está preocupado por el retraso”.
Baldetti: No tienen memoria
Parece que no han vivido en el país los últimos 20 años, porque no se han dado cuenta de que las instituciones de seguridad guatemaltecas son incapaces de garantizar protección y justicia.
Colom: Fue una decisión personal
Restó importancia a su responsabilidad como líder de la UNE en el voto de sus diputados. Si los diputados votaron, lo hicieron a título personal, pero ya se retractaron.
F. Mack: Buscan más impunidad
Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Mack, señaló que el dictamen desfavorable es una prueba documental de que el FRG, UNE, PAN, UCN, MR y UD están dispuestos a impedir la vigencia de herramientas contra la impunidad en el país.
FRG: Dictamen es técnico
Zury Ríos, del FRG, aseguró que el dictamen desfavorable que impulsó su partido para la Cicig fue técnico, basado en las ambigüedades de la opinión consultiva emitida por la CC en cuanto a la violación a la soberanía.
Decisivo
1 diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores puede decidir si el dictamen negativo a la Cicig pierde validez. Dos de la UNE ya se retractaron, y el dictamen quedó con 11 firmas, de 21.
Si Luis Velásquez (UCN), Juan José Cabrera (MR), Héctor Pérez (PAN) o Jorge Luis Ortega (UD) se retractan, el documento regresaría a esa sala de trabajo.
UNE: Desobediencia
La falta de disciplina en la bancada de Colom se ha repetido estos cuatro años.
En 2004, cuando la UNE presidió el Congreso, Rolando Morales tomó decisiones opuestas a lo que mandaba Colom. Un ejemplo fue cuando aceptó el pacto fiscal.
En 2006, Colom aseguró que no apoyaría la amnistía para los maestros, pero su jefe de bloque, Roberto Kestler, había pactado su apoyo a la iniciativa del FRG.
Diputados de la UNE han llegado incluso a lanzar botellas al presidente del Congreso, “para que los deje aprobar la Cicig”, y Colom se ha comprometido con la iniciativa, pero su mano derecha en asuntos jurídicos, César Fajardo, firmó en contra.
Tribunal: CC recuerda opinión consultiva
Magistrado explicó documento sobre la Cicig.
El magistrado Roberto Molina Barreto recordó que la Corte de Constitucionalidad (CC) sólo emitió una opinión consultiva sobre si la Cicig reñía con la Constitución, y ésta no es vinculante para el Congreso.
La CC emitió esta opinión por requerimiento del Legislativo, que prefería evitar riesgos de inconstitucionalidades. Fue la misma Comisión de Relaciones Exteriores la que pidió al pleno que enviara el documento a consulta a la CC para hacer un dictamen.
En el documento, el máximo tribunal no objetó el tratado que crea esta Comisión.
Investigar: Qué hará la Comisión
Funcionará con fondos de la cooperación internacional por 2 años postergables.
Investigadores internacionales y guatemaltecos, coordinados por un comisionado nombrado por el secretario general de la ONU, ayudarán al MP a investigar a los cuerpos clandestinos del crimen organizado, para llevarlos a juicio en los tribunales.
Podrá recabar información oficial o privada y tendrá acceso a documentos y colaboración del Estado.
Los investigadores serán extranjeros, para garantizar que no tengan vínculos políticos, familiares o económicos con la mafia, ni sufran intimidaciones.