PREVIENEN PUGNAS EN VEINTISIETE MUNICIPIOS

En marcha plan de Q11 millones con medidas para reducir conflictos interculturales en comicios

Con el objetivo de prevenir y mitigar pugnas durante el proceso electoral, organismos locales e internacionales trabajan en un programa a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 27 municipios, de nueve departamentos, con antecedentes de conflictividad y alto porcentaje de población indígena.

El programa implica una inversión equivalente a Q11 millones, que fueron proporcionados por la Unión Europea, la Cooperación Internacional (Coopi) y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (IMD), previamente a su aplicación se hizo un diagnóstico en cada municipio.

Los municipios están ubicados en Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Petén, Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán.

En cada lugar, los problemas locales han sido discutidos con dirigentes comunitarios, en su mayoría, integrantes de partidos políticos.

Ha habido capacitación a los representantes de la sociedad civil, se han creado asambleas de diálogo, se difunden campañas radiofónicas, se implementaron pactos éticos y se celebró una feria cívica.

En algunos lugares, las barreras idiomáticas y la escasa participación de las mujeres y jóvenes son los retos por superar, a través del diálogo y educación, en aspectos civiles y políticos. Se trata de comunidades en regiones donde predominan otros idiomas.

De acuerdo con Arturo Porro, directivo de Coopi, han fomentado el acercamiento entre dirigentes de partidos políticos, para evitar conflictos que dañen la democracia.

Pacto de no agresión

Algunas áreas con antecedentes de violencia, como Aguacatán, Huehuetenango, fueron motivo de atención, debido a la conflictividad étnica que predomina.

Porro expuso que en este municipio capacitaron a los grupos en conflicto e impulsaron un pacto ético de evitar la agresión.

Sin embargo, en ese lugar no habrá descentralización de las mesas de votación, por disposición de los magistrados del TSE.

Óscar Bolaños, presidente, recordó que en el 2003, no se integraron juntas receptoras de votos, y en esta ocasión, se hizo un esfuerzo por acercarse a los dirigentes de las dos etnias predominantes, pero aún no están las condiciones para acercar las urnas, por lo que seguirán en la cabecera municipal.

Doris Cruz, directora de IMD, comentó que iniciaron el diálogo en cada región de una manera conjunta y con la participación de la mayoría de partidos políticos. Añadió que el plan denominado “Proyecto Participación Democrática” fue diseñado con un estudio de la geografía guatemalteca.

Los criterios base para el estudio fueron la densidad de la población, incidentes y necesidades de las comunidades. El trabajo iniciado no terminará con la realización de las elecciones del 9 de septiembre, se continuará con una fase poselectoral.

Un estudio de la Procuraduría de Derechos Humanos destacó que algunas de las amenazas al proceso electoral son por violencia política, inconformidad de la población por candidatos de dudosa reputación, enfrentamientos entre activistas y conflictos por disputas de poder local, y prevé riesgo y agresiones en el 35 por ciento de los municipios del país.

Mientras que la Policía Nacional Civil tiene un mapa de riesgo, en donde los lugares que corren más riesgos destacan: Guatemala, Jutiapa y Escuintla.

Opinión: Descarta grandes incidentes

El vicepresidente Eduardo Stein descartó ayer que sucedan grandes incidentes el día de las elecciones.

Indicó que aún no está completamente definido el plan de seguridad, porque aún se afinan detalles por algunos acontecimientos: las lluvias, amenazas de sectores, como ex patrulleros civiles y transportistas, que reclaman atención por parte de autoridades.

Otro de los casos que se analiza es el de una persona contra quien existen seis órdenes de captura en Livingston, Izabal, y amenaza con boicotear los comicios, refirió el vicemandatario.