Prensa Libre
La Policía detectó una de las pistas clandestinas más grandes en Laguna del Tigre, San Andrés, Petén; cerca de esa área, se han producido más de cuatro invasiones.
Autoridades han establecido que grupos invasores de áreas protegidas y privadas son auspiciados por narcotraficantes que utilizan a los campesinos para carga y descarga de grandes cantidades de estupefacientes. Además, construyen pistas de aterrizaje clandestinas.
Pedro Tobar, jefe del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA), dijo que quienes se han dedicado a invadir no solo están motivados por ofrecimientos de tierras, sino por el pago que les hacen los narcotraficantes.
“Esas personas son usadas por los narcotraficantes para vigilancia, y como testaferros en las propiedades que adquieren; se vuelven custodios y mano de obra de los cargamentos de droga”, explicó Tobar.
Añadió que se convierten en cómplices y guardaespaldas de los integrantes de carteles de la droga.
Las pesquisas señalan que las áreas con más invasiones son Petén, Izabal y las Verapaces.
Como ejemplo de que el narcotráfico está detrás de los invasores, ecologistas afirmaron que cuando un juzgado ordena un desalojo, el costo de trasladar a agentes es alto; por ello, no se explican cómo “simples campesinos” pueden trasladarse con tanta facilidad.
Incluso, hay evidencia de que los invasores son llevados en camiones y que se les consiguen alimentos, porque en las áreas protegidas que invaden no hay tierras sembradas.
El costo de un desalojo es muy alto: cuando la Policía llegó a Arroyo Macabilero para retirar a los invasores, se invirtieron Q540 mil.
Yuri Melini, del grupo ecologista Centro de Acción Legal Ambiental Social de Guatemala (Calas), expresó que han hallado áreas donde los usurpadores se han apropiado de hasta 965 caballerías, sin mayor problema.
“Este es un tema que involucra el poder paralelo y actividades que están al margen de la ley, basándose en el supuesto movimiento agrario”, explicó Melini.
Autoridades locales y ambientalistas coincidieron en señalar que lo más lamentable es cómo el Ejecutivo, en lugar de cumplir con la ley, negocia con supuestos invasores financiados por el narcotráfico. “La ausencia de justicia fomenta las invasiones”, afirmaron.
Pistas en las cercanías
Pesquisas de la Fiscalía establecen que los pobladores residen a menos de tres kilómetros de donde se localizan las pistas clandestinas.
Solo en Petén se tienen datos de haber localizado más de 15 pistas, especialmente en el área protegida Laguna del Tigre.
En esas pistas, se han detectado alambres con bombillas, maquinaria pesada para preparar las pistas, cabezales con doble compartimento con documentación falsa y repuestos de avionetas, entre otros.
Esos terrenos son codiciables, debido a que los pobladores solo deben retirar la maleza y emplear la maquinaria.
“Esos campesinos cuentan con armas, se apropian de grandes extensiones de tierra, tienen radios de comunicación”, aseveró Melini.
Uno de los reportes de ecologistas determina que en La Florida y en El Picudo, Petén, los pobladores no se tardaron ni una semana para construir pistas, que son usadas por carteles de droga que tienen nexos con los mexicanos.
Según SAIA, pobladores son entrenados para que, cuando las fuerzas de seguridad ingresen en el lugar e intenten apropiarse del cargamento, éstos deben impedirlo, tal como pasó en Chisec, en febrero último.
Con esas actitudes, los campesinos incurren en complicidad, encubrimiento y facilitación de medios; sin embargo, los invasores están protegidos por el manto de la impunidad.
Las pesquisas señalan que quienes usurpan las áreas protegidas de Petén e Izabal no son oriundos de allí, sino de Alta Verapaz, pero que son instados por supuestos líderes comunitarios para invadir, con el argumento de que la tierra les pertenece por legado ancestral.
En varios casos, se ha establecido que esos supuestos dirigentes obtienen beneficios económicos de los campesinos, sin contar con aquellos que les paga el narcotráfico.
La intención de los narcos de apoderase de grandes extensiones de territorio no es nueva, como cuando intentaron apropiarse de 11 fincas en Petén.
Después de varios litigios, se logró que, en papel, éstas regresaran al Estado; el problema es que a la gente que vive allí tampoco se le ha podido desalojar.
La Policía detectó una de las pistas clandestinas más grandes en Laguna del Tigre, San Andrés, Petén; cerca de esa área, se han producido más de cuatro invasiones.
Autoridades han establecido que grupos invasores de áreas protegidas y privadas son auspiciados por narcotraficantes que utilizan a los campesinos para carga y descarga de grandes cantidades de estupefacientes. Además, construyen pistas de aterrizaje clandestinas.
Pedro Tobar, jefe del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA), dijo que quienes se han dedicado a invadir no solo están motivados por ofrecimientos de tierras, sino por el pago que les hacen los narcotraficantes.
“Esas personas son usadas por los narcotraficantes para vigilancia, y como testaferros en las propiedades que adquieren; se vuelven custodios y mano de obra de los cargamentos de droga”, explicó Tobar.
Añadió que se convierten en cómplices y guardaespaldas de los integrantes de carteles de la droga.
Las pesquisas señalan que las áreas con más invasiones son Petén, Izabal y las Verapaces.
Como ejemplo de que el narcotráfico está detrás de los invasores, ecologistas afirmaron que cuando un juzgado ordena un desalojo, el costo de trasladar a agentes es alto; por ello, no se explican cómo “simples campesinos” pueden trasladarse con tanta facilidad.
Incluso, hay evidencia de que los invasores son llevados en camiones y que se les consiguen alimentos, porque en las áreas protegidas que invaden no hay tierras sembradas.
El costo de un desalojo es muy alto: cuando la Policía llegó a Arroyo Macabilero para retirar a los invasores, se invirtieron Q540 mil.
Yuri Melini, del grupo ecologista Centro de Acción Legal Ambiental Social de Guatemala (Calas), expresó que han hallado áreas donde los usurpadores se han apropiado de hasta 965 caballerías, sin mayor problema.
“Este es un tema que involucra el poder paralelo y actividades que están al margen de la ley, basándose en el supuesto movimiento agrario”, explicó Melini.
Autoridades locales y ambientalistas coincidieron en señalar que lo más lamentable es cómo el Ejecutivo, en lugar de cumplir con la ley, negocia con supuestos invasores financiados por el narcotráfico. “La ausencia de justicia fomenta las invasiones”, afirmaron.
Pistas en las cercanías
Pesquisas de la Fiscalía establecen que los pobladores residen a menos de tres kilómetros de donde se localizan las pistas clandestinas.
Solo en Petén se tienen datos de haber localizado más de 15 pistas, especialmente en el área protegida Laguna del Tigre.
En esas pistas, se han detectado alambres con bombillas, maquinaria pesada para preparar las pistas, cabezales con doble compartimento con documentación falsa y repuestos de avionetas, entre otros.
Esos terrenos son codiciables, debido a que los pobladores solo deben retirar la maleza y emplear la maquinaria.
“Esos campesinos cuentan con armas, se apropian de grandes extensiones de tierra, tienen radios de comunicación”, aseveró Melini.
Uno de los reportes de ecologistas determina que en La Florida y en El Picudo, Petén, los pobladores no se tardaron ni una semana para construir pistas, que son usadas por carteles de droga que tienen nexos con los mexicanos.
Según SAIA, pobladores son entrenados para que, cuando las fuerzas de seguridad ingresen en el lugar e intenten apropiarse del cargamento, éstos deben impedirlo, tal como pasó en Chisec, en febrero último.
Con esas actitudes, los campesinos incurren en complicidad, encubrimiento y facilitación de medios; sin embargo, los invasores están protegidos por el manto de la impunidad.
Las pesquisas señalan que quienes usurpan las áreas protegidas de Petén e Izabal no son oriundos de allí, sino de Alta Verapaz, pero que son instados por supuestos líderes comunitarios para invadir, con el argumento de que la tierra les pertenece por legado ancestral.
En varios casos, se ha establecido que esos supuestos dirigentes obtienen beneficios económicos de los campesinos, sin contar con aquellos que les paga el narcotráfico.
La intención de los narcos de apoderase de grandes extensiones de territorio no es nueva, como cuando intentaron apropiarse de 11 fincas en Petén.
Después de varios litigios, se logró que, en papel, éstas regresaran al Estado; el problema es que a la gente que vive allí tampoco se le ha podido desalojar.
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