Conflicto de intereses por ley de armas y municiones

La discusión de una nueva ley de armas lleva años en el Congreso, con escasos resultados.

Que se aparte al diputado oficialista Luis Enrique Mendoza de la Comisión de Gobernación se propuso ayer, luego de conocerse que pese a ser propietario de dos empresas que importan y exportan armas, tiene a su cargo la iniciativa que busca regular el uso y tenencia de éstas, la cual ha sido criticada por favorecer el comercio de esos artefactos.

La explicación de los retrocesos señalados en los últimos días a la iniciativa de ley de armas que se redacta en el Congreso, ya que es más permisiva que otros proyectos respecto de cuántas puede portar una persona, parece que se encuentra en el conflicto de interés de Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación y quien posee dos empresas que importan y exportan armas.

“Nombramos a drácula para cuidar el banco de sangre”, ironizó Mario Taracena, jefe del bloque oficial, luego de confirmar una denuncia en que se alertaba de las propiedades que posee aquel diputado.

En el Registro Mercantil se pudo constatar que las empresas Falcon Arms y El Gavilán, ubicadas en Baja Verapaz y Alta Verapaz, pertenecen a Mendoza, quien es militar retirado.

En el expediente de El Gavilán se explica que la empresa se dedica a la “compra, venta, importación y exportación de armas defensivas, nuevas y usadas; accesorios y municiones en general (...)”. Ésta fue creada en el 2002, por Mendoza y Óscar José Asensio Anzueto, y tiene su sede en Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz.

“Ahora entendemos por qué el interés de ese legislador —de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)— en que se apruebe una ley de armas favorable al comercio de éstas; quiere beneficiar al gremio al que pertenece”, lamentó Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack. “No es delito tener una empresa, pero ensombrece el panorama, pues es complicado ser juez y parte”, resaltó.

Fue esa fundación la que le trasladó a Taracena la denuncia de un ciudadano que, por medio de una carta, señaló a Mendoza de poseer ventas de armas. “Nos pareció importante que se investigara y que la población se entere, para que comprenda cómo funcionan las cosas en el Legislativo”, explicó Ibarra.

“Cómo esperar que se fortalezcan los controles sobre las armas y municiones, si a los empresarios que las comercializan lo que les interesa es liberar esos controles”, insistió.

En su oportunidad, la Fundación Mack también alertó de presiones que ejercían algunos funcionarios, entre ellos, Carlos Quintanilla, secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, propietario de empresas de seguridad.

Para Taracena, la nueva iniciativa que se redacta en la Comisión de Gobernación, con el fin de incluir en un solo texto las enmiendas planteadas al proyecto anterior —pendiente de ser aprobado por artículos y redacción final— “es un retroceso”.

Agregó que consultará con el Comité Ejecutivo de la UNE si deben sancionar a Mendoza, por “no haber tenido la ética” de notificar que posee esas empresas antes de aceptar la presidencia de esa sala.