Prensa Libre
Raúl Girón, gerente general de la casa de bolsa MDF.
A pesar de que el Congreso era el mayor inversor en la casa de bolsa Mercado de Futuros, S.A. (MDF), con unos US$10.5 millones (Q82.8 millones), solo recibe 9.5 por ciento de interés, mientras que otro inversionista, con US$75 mil, obtenía 13 por ciento de rendimiento, lo cual genera sospechas sobre un posible margen de ganancia oculto, del dinero depositado por el Legislativo.
A pesar de que Raúl Girón, mayor accionista de MDF, aseguró el fin de semana recién pasado que la tasa de interés que recibía el Congreso era baja, porque quienes hicieron la negociación decidieron no apostar a inversión de alto riesgo, otros inversionistas recibían tasas mayores por menos dinero.
Uno de esos inversionistas es José Amílcar Yong Lobos, quien, por US$75 mil, recibía el 13 por ciento de rendimiento, y cuando disminuyó su capital a US$19 mil, su interés bajó al 9 por ciento anual, automáticamente.
Yong, incluso, informó que los operadores de MDF manejan una tabla, en la cual a mayor inversión se paga mayor interés.
Consultado al respecto, Flavio Montenegro, gerente general del Banco G&T Continental, opinó que por el monto que invirtió el Congreso hubieran obtenido entre 8 y 9 por ciento de intereses en cualquier banco del sistema, con menores riesgos que en una casa de bolsa, ya que las entidades bancarias son supervisadas por órganos superiores, lo que conlleva menor peligro de pérdidas.
El testimonio de Yong se conoció por medio de una llamada a la línea pro transparencia instalada en Acción Ciudadana, la cual generó sospechas entre expertos anticorrupción como Manfredo Marroquín, de esa organización, quien opinó que no puede ser posible que el Congreso tenga una tasa fija similar a la de Yong, si la inversión fue de más de US$10 millones.
“Es evidente que la tasa de interés que negociaron no es la real, porque a un inversionista minoritario le pagan 13 por ciento de interés. La gran interrogante es: ¿dónde está ese dinero y dónde se distribuyó?”, comentó Marroquín, también representante de Transparencia Internacional para Guatemala.
“La responsabilidad de aclarar las dudas la tiene ahora el Legislativo. Es un contrato indignante para la sociedad, sobre el uso de fondos públicos”, agregó.
El contrato firmado por Yong, además establece penalizaciones por retiro anticipado de dinero, y no señala reembolso de los fondos en caso de pérdida del capital.
Pesquisas
El único contrato que tiene el Ministerio Público (MP) por este caso son los tres certificados de inversión que hizo el Congreso en MDF.
El MP considera que José Conde, ex director financiero del Congreso, y Byron Sánchez, ex secretario privado de la presidencia de ese organismo, fueron quienes hicieron la negociación con aquella casa de bolsa, pero que es obvio que no buscaban generar mayores ganancias para el Legislativo, sino personales, por lo que buscaron que se les pagaran más comisiones por haber conseguido la inversión más grande en la historia de MDF.
Tanto Conde como Sánchez tienen orden de captura, y las pesquisas se proponen determinar qué otras personas recibieron similares beneficios, desde MDF o por medio de los sindicados.
Ayer, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal resolvió agregar a la orden de captura de Sánchez los delitos de lavado de dinero y concusión.
Sánchez se encuentra en EE. UU., adonde huyó un día antes de que el presidente del Congreso, Eduardo Meyer, hiciera la denuncia en su contra.
Según Marroquín, el Legislativo no está informando todo. “Por eso se debe aprobar cuanto antes la ley de acceso a la información, aunque es obvio que los diputados que se oponen temen transparentar el caso”, enfatizó.
A pesar de que el Congreso era el mayor inversor en la casa de bolsa Mercado de Futuros, S.A. (MDF), con unos US$10.5 millones (Q82.8 millones), solo recibe 9.5 por ciento de interés, mientras que otro inversionista, con US$75 mil, obtenía 13 por ciento de rendimiento, lo cual genera sospechas sobre un posible margen de ganancia oculto, del dinero depositado por el Legislativo.
A pesar de que Raúl Girón, mayor accionista de MDF, aseguró el fin de semana recién pasado que la tasa de interés que recibía el Congreso era baja, porque quienes hicieron la negociación decidieron no apostar a inversión de alto riesgo, otros inversionistas recibían tasas mayores por menos dinero.
Uno de esos inversionistas es José Amílcar Yong Lobos, quien, por US$75 mil, recibía el 13 por ciento de rendimiento, y cuando disminuyó su capital a US$19 mil, su interés bajó al 9 por ciento anual, automáticamente.
Yong, incluso, informó que los operadores de MDF manejan una tabla, en la cual a mayor inversión se paga mayor interés.
Consultado al respecto, Flavio Montenegro, gerente general del Banco G&T Continental, opinó que por el monto que invirtió el Congreso hubieran obtenido entre 8 y 9 por ciento de intereses en cualquier banco del sistema, con menores riesgos que en una casa de bolsa, ya que las entidades bancarias son supervisadas por órganos superiores, lo que conlleva menor peligro de pérdidas.
El testimonio de Yong se conoció por medio de una llamada a la línea pro transparencia instalada en Acción Ciudadana, la cual generó sospechas entre expertos anticorrupción como Manfredo Marroquín, de esa organización, quien opinó que no puede ser posible que el Congreso tenga una tasa fija similar a la de Yong, si la inversión fue de más de US$10 millones.
“Es evidente que la tasa de interés que negociaron no es la real, porque a un inversionista minoritario le pagan 13 por ciento de interés. La gran interrogante es: ¿dónde está ese dinero y dónde se distribuyó?”, comentó Marroquín, también representante de Transparencia Internacional para Guatemala.
“La responsabilidad de aclarar las dudas la tiene ahora el Legislativo. Es un contrato indignante para la sociedad, sobre el uso de fondos públicos”, agregó.
El contrato firmado por Yong, además establece penalizaciones por retiro anticipado de dinero, y no señala reembolso de los fondos en caso de pérdida del capital.
Pesquisas
El único contrato que tiene el Ministerio Público (MP) por este caso son los tres certificados de inversión que hizo el Congreso en MDF.
El MP considera que José Conde, ex director financiero del Congreso, y Byron Sánchez, ex secretario privado de la presidencia de ese organismo, fueron quienes hicieron la negociación con aquella casa de bolsa, pero que es obvio que no buscaban generar mayores ganancias para el Legislativo, sino personales, por lo que buscaron que se les pagaran más comisiones por haber conseguido la inversión más grande en la historia de MDF.
Tanto Conde como Sánchez tienen orden de captura, y las pesquisas se proponen determinar qué otras personas recibieron similares beneficios, desde MDF o por medio de los sindicados.
Ayer, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal resolvió agregar a la orden de captura de Sánchez los delitos de lavado de dinero y concusión.
Sánchez se encuentra en EE. UU., adonde huyó un día antes de que el presidente del Congreso, Eduardo Meyer, hiciera la denuncia en su contra.
Según Marroquín, el Legislativo no está informando todo. “Por eso se debe aprobar cuanto antes la ley de acceso a la información, aunque es obvio que los diputados que se oponen temen transparentar el caso”, enfatizó.
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