Prensa Libre
LUIS FERNANDEZ
Los conflictos de jurisdicción son utilizados por muchos abogados para obstaculizar las diligencias o acciones de los jueces, sobre todo en los ramos Laboral y Civil, aunque también se usan en el ámbito Penal. Registros del Organismo Judicial señalan que solo 1 por ciento de esas acciones son declaradas con lugar.
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción es el que decide si un proceso debe ser conocido por la administración pública o por un órgano ordinario.
La presentación de ese recurso se ha incrementado este año, ya que entre enero y julio los magistrados recibieron 450 recursos, mientras que durante el 2007 se recibieron 592.
Luis Fernández Molina, integrante de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, expresó que de esos recursos, solo 1 por ciento es hallado con lugar.
“Se hizo un estudio sobre ese recurso, el cual demostró que es usado para entorpecer los procesos, por lo que se redacta una nueva ley que deberá ser conocido por el Legislativo”, expresó.
La intención de detener un proceso judicial o conseguir medidas precautorias emitidas por los jueces es la motivación de los abogados que abusan del recurso de conflicto de jurisdicción.
Abogados penalistas coincidieron en afirmar que cuando un juez no accede a las peticiones en la capital, se busca otro en la provincia, lo cual beneficia a particulares, y no a la justicia.
Aunque no existe plazo para resolver esas peticiones, los magistrados tardan más de dos meses en tomar una decisión.
Jueces deben decidir
José Luis González Dubón, de la Liga pro Patria, expresó: “El recurso no es malo por concepto. No todos los abogados son malos, pero cuando el juez se lava las manos y no decide, hay quienes se aprovechan de esa situación y sacan ventaja de ese recurso”.
Según abogados consultados, la única manera que han encontrado para evitar las acciones arbitrarias de los jueces es recurrir a un conflicto de jurisdicción, pues los procesos se detienen de inmediato.
También señalan que la vía debiera ser el amparo provisional, pero no recurren a esa acción porque la resolución tarda entre cinco días y tres semanas, mientras que con la sola presentación de un conflicto de jurisdicción se detienen de inmediato los procesos. Se quejan de que un amparo es resuelto en definitiva luego de 14 meses.
Respecto de esto último, Fernández señaló que hay un programa piloto, con el que se ha comprobado que sí es posible resolver un amparo en cuatro meses.
Disputa de prestaciones
Otros casos son aquellos en que los patronos son citados por un juzgado de Trabajo para atender una demanda de pago de prestaciones, pero con presentar un conflicto de jurisdicción se evita esa audiencia y se retrasa el proceso en 90 y 180 días.
En los juzgados de Trabajo, 25 de cada cien procesos se ven afectados por los recursos de conflicto de jurisdicción presentados por los patronos.
La mayoría de disputas entre patronos y empleados es por la polémica acerca de si los trabajadores reciben sueldo por contrato o por dependencia.
El Centro para la Defensa de la Constitución señaló que estos recursos se plantean por competencia, y no por problema real de jurisdicción.
Hizo énfasis en que los jueces deberían analizar las peticiones antes de enviarlas al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
Aunque algunos son planteados de forma correcta, otros son usados como dilatorios.
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción es el que decide si un proceso debe ser conocido por la administración pública o por un órgano ordinario.
La presentación de ese recurso se ha incrementado este año, ya que entre enero y julio los magistrados recibieron 450 recursos, mientras que durante el 2007 se recibieron 592.
Luis Fernández Molina, integrante de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, expresó que de esos recursos, solo 1 por ciento es hallado con lugar.
“Se hizo un estudio sobre ese recurso, el cual demostró que es usado para entorpecer los procesos, por lo que se redacta una nueva ley que deberá ser conocido por el Legislativo”, expresó.
La intención de detener un proceso judicial o conseguir medidas precautorias emitidas por los jueces es la motivación de los abogados que abusan del recurso de conflicto de jurisdicción.
Abogados penalistas coincidieron en afirmar que cuando un juez no accede a las peticiones en la capital, se busca otro en la provincia, lo cual beneficia a particulares, y no a la justicia.
Aunque no existe plazo para resolver esas peticiones, los magistrados tardan más de dos meses en tomar una decisión.
Jueces deben decidir
José Luis González Dubón, de la Liga pro Patria, expresó: “El recurso no es malo por concepto. No todos los abogados son malos, pero cuando el juez se lava las manos y no decide, hay quienes se aprovechan de esa situación y sacan ventaja de ese recurso”.
Según abogados consultados, la única manera que han encontrado para evitar las acciones arbitrarias de los jueces es recurrir a un conflicto de jurisdicción, pues los procesos se detienen de inmediato.
También señalan que la vía debiera ser el amparo provisional, pero no recurren a esa acción porque la resolución tarda entre cinco días y tres semanas, mientras que con la sola presentación de un conflicto de jurisdicción se detienen de inmediato los procesos. Se quejan de que un amparo es resuelto en definitiva luego de 14 meses.
Respecto de esto último, Fernández señaló que hay un programa piloto, con el que se ha comprobado que sí es posible resolver un amparo en cuatro meses.
Disputa de prestaciones
Otros casos son aquellos en que los patronos son citados por un juzgado de Trabajo para atender una demanda de pago de prestaciones, pero con presentar un conflicto de jurisdicción se evita esa audiencia y se retrasa el proceso en 90 y 180 días.
En los juzgados de Trabajo, 25 de cada cien procesos se ven afectados por los recursos de conflicto de jurisdicción presentados por los patronos.
La mayoría de disputas entre patronos y empleados es por la polémica acerca de si los trabajadores reciben sueldo por contrato o por dependencia.
El Centro para la Defensa de la Constitución señaló que estos recursos se plantean por competencia, y no por problema real de jurisdicción.
Hizo énfasis en que los jueces deberían analizar las peticiones antes de enviarlas al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
Aunque algunos son planteados de forma correcta, otros son usados como dilatorios.
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