Ley de seguros sigue en polémica tras 22 meses

Prensa Libre

Jacobo Cabassa, de Acordes, y Jeannette de Pellecer, de Agaps.

La propuesta de ley para regular la actividad de seguros en el país aún es motivo de disenso tras 22 meses de conocerse en el pleno del Legislativo el 2 de noviembre del 2006.

Ayer se preveía que el pleno conociera y aprobara la iniciativa por artículos y redacción final; sin embargo, esto no sucedió pues la iniciativa fue retirada de la agenda en tanto las bancadas conocen las enmiendas realizadas ayer por la Superintendencia de Bancos (SIB).

En tanto, afianzadores y agentes aún consideran la propuesta lesiva a los consumidores y que desmotiva la competencia, mientras las compañías aseguradoras y la SIB afirman que se protege al usuario y se mejora la supervisión.

Tres artículos son el motivo de discordia, principalmente el que, de ser aprobada la ley, prohíbe la venta de seguros de compañías extranjeras no establecidas en el país.

La única excepción del artículo 40 en su numeral a) son los seguros vendidos por empresas extranjeras destinados al transporte marítimo y aéreo, y en mercancías internacionales en tránsito.

Jacobo Cabassa, presidente de la Asociación de Corredores de Seguros, propone que a ese artículo se añadan los seguros de vida y gastos médicos.

Los otros dos artículos se refieren a la tipificación como delito por la venta de esa clase de seguros y la venta masiva de seguros, como en el caso de los electrodomésticos.

Manzana de la discordia
Cabassa consideró ayer que no se debe impedir la venta de seguros de compañías en el extranjero.

“Con ello se da al consumidor alternativas con mejores condiciones y a menores precios”, afirmó.

Además explicó que hay productos específicos para personas de la tercera edad, que no están disponibles en compañías nacionales.

Sin embargo, Édgar Barquín, superintendente de Bancos, quien ayer entregó a la Comisión legislativa de Economía una propuesta para enmendar siete artículos de la ley, considera que las empresas extranjeras deben registrarse en el país como las locales.

“Deberán tener capital en el país, y cumplir con las regulaciones locales”, enfatizó.

Mientras tanto, los corredores de seguros proponen el establecimiento de oficinas, en Guatemala, de las compañías extranjeras y el requerimiento de fianza (en lugar de capital) como garantía de los seguros otorgados.

Libertad de elección
Los corredores y agentes de seguros también se oponen al artículo 89 de la iniciativa, que autoriza la venta masiva de seguros, como en la compra de electrodomésticos.

Jeannette de Pellecer, presidenta de la Asociación guatemalteca de Agentes Profesionales del Seguro, argumentó que las empresas que vendan dichos seguros también deberían estar supervisadas por la SIB, y que las pólizas deben ser sencillas y fáciles de entender.

Prisión por incumplimiento
El artículo 92 de la propuesta establece que quienes ofrezcan en Guatemala seguros extranjeros incurrirán en el delito de intermediación financiera, y que se sancionará con cárcel.

“A nuestras compañías, les requieren autorización, entre otros, para vender seguros en otros países. ¿Por qué habríamos de ser nosotros más flexibles?”, justificó Barquín.

Sin embargo los corredores y agentes dijeron: “Consideramos que el artículo debe ser eliminado o en el último de los casos modificado para que se establezca como falta”.

También cuestionan que no se implementen penas para los dirigentes de las aseguradoras.

Para Barquín la reforma y la sanción es necesaria por la prohibición de venta de seguros de empresas no reguladas en el país.

“Si les permitimos funcionar sin pagar impuestos, y sin cumplir con requisitos que las empresas locales tendrán que cumplir, estaríamos permitiendo la competencia desleal, y eso es un delito”.