Veintitrés personas más involucradas en desvío de Q82.8 millones

La denuncia que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) entregó el domingo último al Ministerio Público (MP), en la que se vinculó al secretario general del Partido Patriota (PP), Otto Pérez Molina, con el desvío de Q82.8 millones de las arcas del Congreso a una casa de bolsa, incluye otros 23 nombres, reveló ayer el superintendente de Bancos, Édgar Barquín, aunque no quiso darlos a conocer.

Barquín comentó ayer, durante una tensa reunión con diputados del PP, que en la “relación de hechos” que entregó al fiscal general, Juan Luis Florido, incluye información sobre otras 23 transacciones sospechosas, las cuales podrían estar relacionadas con los Q82.8 millones —provenientes de ahorros del Legislativo— que se depositaron, en febrero último, en Mercado de Futuros, S.A. (MDF), pero no las detalló, ya que existe una investigación en curso.

Los legisladores citaron a Barquín, para cuestionarlo, entre gritos y exaltados, sobre por qué se hizo pública la vinculación de Pérez Molina. Además, criticaron que fuera el único nombre que se diera a conocer, entre 24 que incluía la denuncia. “Es evidente que quieren perjudicar al líder de la oposición”, vociferó Roxana Baldetti, jefa de ese bloque. Al final, la diputada le pidió su renuncia al superintendente, por considerar que “solo responde a los intereses del partido oficial”.

Barquín aseguró, sin perder en ningún momento la calma, que ni él ni ningún trabajador de la Superintendencia de Bancos (SB) filtró la información, y ofreció investigar quién lo hizo. Enfatizó que la acusación relacionada con el secretario general del PP “no es por persecución política”. “Yo actué conforme a la ley, e informé al MP sobre el flujo de algunas transacciones, cuyos fondos podrían haber salido de los Q82.8 millones del Congreso”, aseguró.

Omar Contreras, fiscal contra la Corrupción, confirmó ayer que sí existen más personas y sociedades anónimas que recibieron fondos provenientes de la cuenta de MDF en Banco Uno, pero que no se darán a conocer hasta que la investigación concluya.

Baldetti criticó que una transacción “de esa magnitud” no fuera detectada por la SB, y que, en cambio, “un préstamo entre particulares sí se dio a conocer con eficiencia”. Barquín, quien a duras penas lograba exponer sus argumentos, explicó que son los bancos los que deben reportar transacciones que resulten sospechosas, según el perfil de sus clientes.

Recibieron dinero
A Pérez Molina se le vinculó porque MDF depositó en una cuenta a su nombre Q688 mil 500, el 17 de marzo último. De acuerdo con el ex candidato presidencial, se trató de un préstamo —en dólares, convertido a quetzales— otorgado, a título personal, por Raúl Girón, gerente de aquella casa de bolsa —la cual no está autorizada para otorgar créditos a particulares—, para “pagar deudas de la campaña”.

Parte de ese dinero se trasladó después a una cuenta a nombre de Rosa María Leal, esposa de Pérez Molina. También se pagaron Q76 mil 577 a la Compañía de Equipos de Aire Acondicionado y Servicios, S.A.; Q90 mil a una persona identificada como Gabriel Guerra; Q100 mil a Grupo Pixel, S.A. —empresa que se dedica a impresiones y litografía—; y Q52 mil más a Arquitectura 4, S.A. —se dedica al parcelamiento de terrenos rústicos y urbanos, para vivienda—.

Pérez Molina presentó una denuncia contra Barquín, el martes último, por calumnia, abuso de autoridad y difamación, entre otros señalamientos, por haber permitido la publicidad de su vinculación en el caso, pero la jueza Marta Sierra dijo ayer que, antes de darle trámite, el ex presidenciable debe acreditar su calidad de secretario general del PP.

El diputado Rubén Darío Morales, quien presidió el Congreso en el 2007, también es investigado, por haber recibido Q300 mil, provenientes de comisiones que MDF pagó por el depósito de Q16.2 millones del Congreso, ese año.

Byron Sánchez, quien este año fue secretario privado del presidente del Legislativo, Eduardo Meyer, fue quien recibió las comisiones, que luego trasladó a una cuenta de Morales. Este año, Sánchez también había recibido pagos por ese concepto. Actualmente es prófugo de la justicia, y se le investiga por haber firmado los documentos que autorizaron trasladar los Q82.8 millones de una cuenta del Congreso, en Banco Uno, a la de MDF, en la misma entidad bancaria.

José Conde, ex director financiero del Congreso, también firmó esos documentos, y, al igual que Sánchez, se encuentra prófugo.