EL Periodico
Colom y Rafael Espada en la instalación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.
Mañana será un día de expectación para sindicalistas y patronos. Álvaro Colom anunció que se reunirá con sus gabinetes económico y social para dirimir si es viable aumentar el salario mínimo y para comenzar a sentar los lineamientos de la política salarial nacional y del Gobierno.
El mandatario dijo debatirse entre dos injusticias: que los trabajadores no tengan acceso a la canasta básica vital, con un precio que dobla el salario mínimo; o que pierdan sus empleos por el efecto nocivo que pueda tener un incremento en industrias como la maquila, la agrícola, o en las empresas pequeñas o medianas.
Las posiciones de los sindicalistas y de los patronos se concilian solo en un aspecto: se necesita una política nacional laboral. En nada más. El viernes expiró el plazo para que llegaran a un acuerdo en la Comisión Nacional del Salario. Sin éxito.
Quienes abogan por el derecho de los trabajadores esgrimen como argumento principal la legislación nacional y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo: el precio de la canasta básica vital y el salario mínimo deben ser iguales. Por eso, el sindicalista Edgar White habla de “nivelación”, y evita la palabra “aumento”.
Pero tienen otros: se debe reactivar la economía con el consumo interno, y para esto, es necesario poner más dinero en manos de los trabajadores.
Mientras tanto, la patronal responde que la economía nacional no puede depender del consumo interno, sino de la exportación; le recuerda a Colom su promesa de no aumentar el salario en tiempos de crisis, y explican que ese es el único motivo por el que se oponen: se viven momentos bajos.
Rolando Figueroa, de Vestex, se apoya también en la ley: “igual que habla de la necesidad de que se igualen la canasta básica y el salario mínimo, menciona la capacidad económica de las empresas para hacerse cargo de los pagos”. ¿Hay manera de aumentar el salario sin espolear el despido? White responde: “el Estado, después de un análisis de los casos, podría subsidiar algunas empresas”.
El mandatario dijo debatirse entre dos injusticias: que los trabajadores no tengan acceso a la canasta básica vital, con un precio que dobla el salario mínimo; o que pierdan sus empleos por el efecto nocivo que pueda tener un incremento en industrias como la maquila, la agrícola, o en las empresas pequeñas o medianas.
Las posiciones de los sindicalistas y de los patronos se concilian solo en un aspecto: se necesita una política nacional laboral. En nada más. El viernes expiró el plazo para que llegaran a un acuerdo en la Comisión Nacional del Salario. Sin éxito.
Quienes abogan por el derecho de los trabajadores esgrimen como argumento principal la legislación nacional y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo: el precio de la canasta básica vital y el salario mínimo deben ser iguales. Por eso, el sindicalista Edgar White habla de “nivelación”, y evita la palabra “aumento”.
Pero tienen otros: se debe reactivar la economía con el consumo interno, y para esto, es necesario poner más dinero en manos de los trabajadores.
Mientras tanto, la patronal responde que la economía nacional no puede depender del consumo interno, sino de la exportación; le recuerda a Colom su promesa de no aumentar el salario en tiempos de crisis, y explican que ese es el único motivo por el que se oponen: se viven momentos bajos.
Rolando Figueroa, de Vestex, se apoya también en la ley: “igual que habla de la necesidad de que se igualen la canasta básica y el salario mínimo, menciona la capacidad económica de las empresas para hacerse cargo de los pagos”. ¿Hay manera de aumentar el salario sin espolear el despido? White responde: “el Estado, después de un análisis de los casos, podría subsidiar algunas empresas”.
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