sábado, 11 de octubre de 2008

Congreso ha pagado Q1 millón en sedes sin uso


Prensa Libre

El Legislativo alquiló este año el edificio que hasta hace poco ocupaba el Ministerio Público.

Casi Q1 millón ha pagado el Congreso este año en trabajos y renta de dos edificios que aún no ocupa, cuya remodelación se ha retrasado debido al desacuerdo entre el Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) y la Dirección del Centro Histórico de la municipalidad.

Representantes del Idaeh y de la Dirección del Centro Histórico visitaron el jueves último las instalaciones que pertenecieron a la Camisería España y del antiguo edificio del Ministerio Público; el primero está situado a la par de la casa Larrazábal, en la 8a. avenida 9-67, y el segundo está entre la 10a. y 11 calles, zona 1.

La diferencia de criterios entre estas instituciones ha retrasado la extensión de los permisos para iniciar la remodelación, se quejó el equipo técnico de la Primera Secretaría del Congreso, durante una evaluación del avance de los trabajos.

“El Centro Histórico nos dice que se pueden botar las paredes y que no hay problema, solo se debe cuidar la fachada y otros aspectos; luego viene el Idaeh y nos prohíbe tocar la infraestructura, con el argumento de que es patrimonio cultural”, relataron los arquitectos a cargo de esas obras.

El diputado Roberto Alejos afirmó que —aunque los dictámenes no se han emitido— trabajan en la construcción de separaciones modulares que serían instaladas al obtener las autorizaciones, y confían en que éstas se obtendrán antes de finalizar este año.

Ambos recintos son alquilados por el Legislativo desde marzo y abril recién pasados, respectivamente, por Q60 mil mensuales cada uno.

Es decir que a la fecha se han gastado Q780 mil, más las estructuras que se construyen, a la espera de que el Idaeh y la Dirección del Centro Histórico se pongan de acuerdo.

Se tenía previsto trasladar hace cuatro meses las oficinas de bancadas y administrativas, pero esos inmuebles permanecen desocupados.

Actualmente, el Congreso eroga más de Q6 millones anuales en alquiler de varios edificios y parqueos aledaños, para vehículos de diputados y personal administrativo.

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