Prensa Libre
Los seis acusados, minutos antes de escuchar la sentencia, en el tribunal de Salamá. A la derecha, Cuxum, quien fue absuelto.
Veintiséis años después de que ocurrió la masacre de 177 personas en la comunidad de Río Negro, Baja Verapaz, el Tribunal de Sentencia de Salamá condenó ayer a cinco personas a 780 años de prisión, debido a que las halló culpables de esas muertes; además absolvió a otro de los sindicados.
Los 780 años son resultado de la suma de 30 años, por la muerte de cada una de las únicas 26 víctimas que fueron acreditadas.
Los condenados solo estarán en prisión 30 años, pues el tribunal aplicó la ley vigente en 1969, la cual establecía que esa era la pena máxima por el delito de asesinato.
Las personas sentenciadas son los ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil Macario Alvarado Toj, Pablo Ruiz Alvarado, Francisco Alvarado Lajú, Tomás Dino Alvarado y Lucas Lajú Alvarado.
El tribunal también determinó que deberán pagar Q100 mil a las familias de las 26 víctimas acreditadas en el juicio.
El tribunal no halló pruebas en contra de Bonifacio Cuxum Lajú, por lo que fue absuelto, pues ninguno de los testigos lo señaló. Además, se ordenó la inmediata captura del capitán José Antonio Solares González, quien está prófugo de la justicia, y Ambrosio Pérez Lajú y Domingo Chen, ex patrulleros de la aldea Xocoj.
La sentencia fue dictada bajo estrictas medidas de seguridad, pues en el área fueron desplegados 40 agentes de la Policía, ya que se temía alguna reacción negativa por parte de los familiares de las víctimas o de los sindicados.
Juan de Dios García, uno de los querellantes adhesivos, dijo: “Se hizo justicia; sabemos que esto no nos va a devolver a nuestros seres queridos, pero, al final, después de tanto tiempo, vemos que se resolvió y se escucharon nuestras peticiones”.
Los familiares de las víctimas lamentaron que nunca se haya tratado el tema como genocidio, tortura o masacre, pero, entre aplausos y lágrimas, recordaron a sus parientes.
Otto Ramírez, abogado de los sentenciados, afirmó que no están de acuerdo con el fallo, por lo que apelarán.
La fiscal Rosa Salazar expresó: “Este es un resultado satisfactorio, después de que nos encontramos en tantas batallas legales. Este es un buen resultado, debido a que las personas colaboraron y señalaron a los acusados”.
Los seis acusados, minutos antes de escuchar la sentencia, en el tribunal de Salamá. A la derecha, Cuxum, quien fue absuelto.
Veintiséis años después de que ocurrió la masacre de 177 personas en la comunidad de Río Negro, Baja Verapaz, el Tribunal de Sentencia de Salamá condenó ayer a cinco personas a 780 años de prisión, debido a que las halló culpables de esas muertes; además absolvió a otro de los sindicados.
Los 780 años son resultado de la suma de 30 años, por la muerte de cada una de las únicas 26 víctimas que fueron acreditadas.
Los condenados solo estarán en prisión 30 años, pues el tribunal aplicó la ley vigente en 1969, la cual establecía que esa era la pena máxima por el delito de asesinato.
Las personas sentenciadas son los ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil Macario Alvarado Toj, Pablo Ruiz Alvarado, Francisco Alvarado Lajú, Tomás Dino Alvarado y Lucas Lajú Alvarado.
El tribunal también determinó que deberán pagar Q100 mil a las familias de las 26 víctimas acreditadas en el juicio.
El tribunal no halló pruebas en contra de Bonifacio Cuxum Lajú, por lo que fue absuelto, pues ninguno de los testigos lo señaló. Además, se ordenó la inmediata captura del capitán José Antonio Solares González, quien está prófugo de la justicia, y Ambrosio Pérez Lajú y Domingo Chen, ex patrulleros de la aldea Xocoj.
La sentencia fue dictada bajo estrictas medidas de seguridad, pues en el área fueron desplegados 40 agentes de la Policía, ya que se temía alguna reacción negativa por parte de los familiares de las víctimas o de los sindicados.
Juan de Dios García, uno de los querellantes adhesivos, dijo: “Se hizo justicia; sabemos que esto no nos va a devolver a nuestros seres queridos, pero, al final, después de tanto tiempo, vemos que se resolvió y se escucharon nuestras peticiones”.
Los familiares de las víctimas lamentaron que nunca se haya tratado el tema como genocidio, tortura o masacre, pero, entre aplausos y lágrimas, recordaron a sus parientes.
Otto Ramírez, abogado de los sentenciados, afirmó que no están de acuerdo con el fallo, por lo que apelarán.
La fiscal Rosa Salazar expresó: “Este es un resultado satisfactorio, después de que nos encontramos en tantas batallas legales. Este es un buen resultado, debido a que las personas colaboraron y señalaron a los acusados”.
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