jueves, 20 de noviembre de 2008

Defensoría Maya califica de propaganda programas asistenciales

Prensa Libre
La Defensoría Maya denunció ayer los programas de solidaridad gubernamental, que calificó de propaganda, además de la remilitarización del país y la necesidad de aprobar una nueva ley de derechos de pueblos indígenas.

El vicepresidente de esa organización, Ricardo Suluguí, afirmó que los programas gubernamentales son asistencialistas y no contribuyen al desarrollo de las comunidades indígenas, sino solo a mejorar la imagen del partido gobernante.

Suluguí consideró que el gobierno utilizó a miembros de los pueblos indígenas en la marcha de apoyo a la aprobación del presupuesto del 2009, el martes recién pasado, por lo que llamó a la población a no prestarse a esos actos.

Beneficio para pocos
El presupuesto del 2009, según la citada defensoría, beneficia a las élites empresariales y fomenta una remilitarización del país, con base en las cantidades propuestas para el Ministerio de Defensa.

Suluguí manifestó la necesidad de una nueva legislación relativa a los pueblos mayas, que recoja la realidad social del país, y contemple derechos como el respeto a los lugares sagrados, educación bilingüe, reconocimiento de las consultas comunitarias, acceso a tierras y reconocimiento del sistema de justicia maya.

Resultados
La citada defensoría hizo un balance de su trabajo, en el que resaltó que de abril a octubre de este año contribuyó a resolver 398 casos a través del sistema de justicia indígena, y asesoró 352 casos en el sistema judicial oficial, en los cuatro departamentos en los que trabaja: Sololá, Baja Verapaz, Huehuetenango y Quiché.

La Defensoría indicó que ofrece a los afectados elegir entre uno de los dos mecanismos de justicia.

Suluguí explicó que uno de los grandes problemas es el desconocimiento existente entre ambos sistemas.

“A veces, personal del sistema jurídico desconoce la existencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce derechos indígenas”, dijo.

Soluguí recriminó que ningún gobierno, hasta ahora, ha reconocido el sistema maya de justicia.

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