Prensa Libre
Al vicepresidente Rafael Espada le preocupa la postura del sector privado, porque, según dijo, hace seis meses sostienen diálogo.
A tres semanas de la fecha límite para aprobar el presupuesto del Estado del 2009 —el 30 de noviembre—, la creación de nuevos impuestos para financiarlo enfrenta al Gobierno y empresarios. Estos últimos rechazan aquellos tributos y piden privilegiar la transparencia y austeridad, mientras el Ejecutivo los defiende.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) publicó ayer un campo pagado en el que critica la pretensión del Gobierno de financiar con nuevos impuestos el presupuesto del próximo año, con el argumento de que ello “no incentiva la actividad económica en momentos de grave crisis mundial, y es adverso a la necesidad de sostener el empleo”.
Además, pide no incrementar el gasto para el próximo año, sino mantener el monto del presupuesto vigente, con su ampliación —Q43 mil 935 millones—. El Ejecutivo espera contar con Q49 mil 723 millones en el 2009.
“La mejor forma de afrontar la crisis es a través de la austeridad, la calidad y la transparencia”, se expone en la publicación del Cacif.
Pero el vicepresidente Rafael Espada aseguró que mantener el mismo presupuesto significaría “un tremendo retroceso para el progreso del país, ya que ese dinero se destinará a programas de beneficio social”.
El vicegobernante se mostró sorprendido con el planteamiento del Cacif, pues refirió que sostuvieron reuniones constantes con ese sector, al elaborar el proyecto de gastos del 2009. “Dialogamos durante seis meses; creí que estábamos de acuerdo”, expresó ayer, visiblemente molesto.
“No están tomando en cuenta que la inflación es ahora del 14 por ciento; por eso es que necesitamos más recursos”, enfatizó Espada.
Se suman a rechazo
La Asociación de Importadores y Distribuidores de Vehículos Automotores (Aidva) también publicó ayer un campo pagado para rechazar “el aumento desmedido” de tributos para los autos.
En el paquete fiscal propuesto por el Ejecutivo —y que ya tiene dictamen favorable en el Congreso— se crea un impuesto a la primera matrícula de los automóviles, que sustituiría los actuales aranceles a la importación de éstos.
Ese nuevo tributo representaría, no obstante, un incremento respecto de aquellos aranceles, según el sector privado. Eso “aumentará los costos de transporte de personas y mercancías, lo que encarece aún más la difícil situación económica de los guatemaltecos”, sostiene Aidva.
Como ejemplo, cita que actualmente se debe tributar el 20 por ciento del valor de un automóvil, pero con el nuevo impuesto se pagará el 26 por ciento de éste —el Ejecutivo había sugerido una tasa de 30 por ciento, pero la Comisión legislativa de Finanzas acordó rebajarla—.
En reuniones con diputados, el ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, ha solicitado de manera insistente que se apruebe el presupuesto solicitado, ya que solo así se alcanzarán las metas del Gobierno para el próximo año.
La cartera a su cargo prevé que, si no se aprueba ese monto, habrá problemas de gobernabilidad, ya que el Gobierno reducirá su capacidad para atender a los sectores más vulnerables; además, habrá menos posibilidades de dar liquidez a la economía, lo que es de particular importancia en momentos de crisis.
Otros ministros, incluso, han solicitado más fondos de los que se prevé en el proyecto de presupuesto, con el argumento de que no tendrán suficiente dinero para alcanzar sus metas en el 2009.
El Partido Patriota cuestiona que Cohesión Social esté pidiendo para Q2 mil 800 millones el otro año, cuando a la fecha el uso de recursos no sea ha dado en forma transparente.
El Ministerio de Finanzas ha resaltado la necesidad de aprobar el paquete fiscal propuesto, y ha lamentado el acuerdo en la Comisión de Finanzas para reducir las tasas de algunos de los nuevos impuestos.
De no contar con esos ingresos tributarios, el Ejecutivo tendría que recortar el gasto social, o aumentar la deuda, ya sea externa o interna, se ha advertido.
La decisión sobre esos impuestos y el presupuesto del próximo año está en manos del Congreso. La sala de Finanzas ofreció ayer escuchar a diferentes sectores antes de dar dictamen a la iniciativa de presupuesto. Éste debe aprobarse antes del próximo 30 de noviembre, o continuará vigente el de este año.
Para el lunes se prevé una reunión entre empresarios y Gobierno para discutir sobre los tributos.
A tres semanas de la fecha límite para aprobar el presupuesto del Estado del 2009 —el 30 de noviembre—, la creación de nuevos impuestos para financiarlo enfrenta al Gobierno y empresarios. Estos últimos rechazan aquellos tributos y piden privilegiar la transparencia y austeridad, mientras el Ejecutivo los defiende.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) publicó ayer un campo pagado en el que critica la pretensión del Gobierno de financiar con nuevos impuestos el presupuesto del próximo año, con el argumento de que ello “no incentiva la actividad económica en momentos de grave crisis mundial, y es adverso a la necesidad de sostener el empleo”.
Además, pide no incrementar el gasto para el próximo año, sino mantener el monto del presupuesto vigente, con su ampliación —Q43 mil 935 millones—. El Ejecutivo espera contar con Q49 mil 723 millones en el 2009.
“La mejor forma de afrontar la crisis es a través de la austeridad, la calidad y la transparencia”, se expone en la publicación del Cacif.
Pero el vicepresidente Rafael Espada aseguró que mantener el mismo presupuesto significaría “un tremendo retroceso para el progreso del país, ya que ese dinero se destinará a programas de beneficio social”.
El vicegobernante se mostró sorprendido con el planteamiento del Cacif, pues refirió que sostuvieron reuniones constantes con ese sector, al elaborar el proyecto de gastos del 2009. “Dialogamos durante seis meses; creí que estábamos de acuerdo”, expresó ayer, visiblemente molesto.
“No están tomando en cuenta que la inflación es ahora del 14 por ciento; por eso es que necesitamos más recursos”, enfatizó Espada.
Se suman a rechazo
La Asociación de Importadores y Distribuidores de Vehículos Automotores (Aidva) también publicó ayer un campo pagado para rechazar “el aumento desmedido” de tributos para los autos.
En el paquete fiscal propuesto por el Ejecutivo —y que ya tiene dictamen favorable en el Congreso— se crea un impuesto a la primera matrícula de los automóviles, que sustituiría los actuales aranceles a la importación de éstos.
Ese nuevo tributo representaría, no obstante, un incremento respecto de aquellos aranceles, según el sector privado. Eso “aumentará los costos de transporte de personas y mercancías, lo que encarece aún más la difícil situación económica de los guatemaltecos”, sostiene Aidva.
Como ejemplo, cita que actualmente se debe tributar el 20 por ciento del valor de un automóvil, pero con el nuevo impuesto se pagará el 26 por ciento de éste —el Ejecutivo había sugerido una tasa de 30 por ciento, pero la Comisión legislativa de Finanzas acordó rebajarla—.
En reuniones con diputados, el ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, ha solicitado de manera insistente que se apruebe el presupuesto solicitado, ya que solo así se alcanzarán las metas del Gobierno para el próximo año.
La cartera a su cargo prevé que, si no se aprueba ese monto, habrá problemas de gobernabilidad, ya que el Gobierno reducirá su capacidad para atender a los sectores más vulnerables; además, habrá menos posibilidades de dar liquidez a la economía, lo que es de particular importancia en momentos de crisis.
Otros ministros, incluso, han solicitado más fondos de los que se prevé en el proyecto de presupuesto, con el argumento de que no tendrán suficiente dinero para alcanzar sus metas en el 2009.
El Partido Patriota cuestiona que Cohesión Social esté pidiendo para Q2 mil 800 millones el otro año, cuando a la fecha el uso de recursos no sea ha dado en forma transparente.
El Ministerio de Finanzas ha resaltado la necesidad de aprobar el paquete fiscal propuesto, y ha lamentado el acuerdo en la Comisión de Finanzas para reducir las tasas de algunos de los nuevos impuestos.
De no contar con esos ingresos tributarios, el Ejecutivo tendría que recortar el gasto social, o aumentar la deuda, ya sea externa o interna, se ha advertido.
La decisión sobre esos impuestos y el presupuesto del próximo año está en manos del Congreso. La sala de Finanzas ofreció ayer escuchar a diferentes sectores antes de dar dictamen a la iniciativa de presupuesto. Éste debe aprobarse antes del próximo 30 de noviembre, o continuará vigente el de este año.
Para el lunes se prevé una reunión entre empresarios y Gobierno para discutir sobre los tributos.
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