CICIG, UN DEBATE QUE APENAS PRINCIPIA

La creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se ha convertido en un tema controversial en nuestra sociedad, y ahora puede resultar en eje importante dentro de la campaña electoral, cuando apenas falta un poco más de un mes para los comicios generales.
El Congreso de la República deberá discutir, esta semana, sobre el dictamen de la comisión correspondiente, antes de que el pleno del Organismo Legislativo deba votar para decidir si cobra vida o no esta comisión, que tendría potestad para investigar en materia penal.
La discusión y el debate han llegado a lo interno de los partidos políticos, ya que no son pocos los que señalan que quienes se oponen a esta comisión internacional favorecen con su postura al crimen organizado, que sería uno de los blancos principales de la Cicig, en caso llegue a existir.
Cabe recordar que Álvaro Colom y la UNE ya han debido pagar una factura política por la postura adoptada por el diputado de ese partido César Fajardo, quien votó en oposición a ese convenio, contrario a lo que el propio candidato presidencial había anticipado como política de partido.
Los ojos del electorado se centrarán ahora en el liderazgo de los candidatos presidenciales sobre sus respectivas bancadas, y éstos harán esfuerzos sobrehumanos para evitar que se repitan en otro partido las escenas de Fajardo con la UNE.
Es comprensible que haya dudas y temores en torno a la Cicig, pero también hay que recordar que hasta ahora nuestro sistema de justicia ha sido incapaz de lograr que termine la impunidad y que se combata con eficacia al crimen organizado.
Esa es una realidad que nadie puede ignorar. Estamos hablando de todo nuestro sistema de justicia y seguridad. No se trata solamente de las fuerzas encargadas de velar por el orden, del Ministerio Público y de los jueces y magistrados, porque incluye a todos estos organismos e instituciones, que han dado muestras claras de estar virtualmente tomados por esas fuerzas ocultas que operan paralelamente con el crimen organizado.
Hay que recordar que la creación de la Cicig ha sido ya largamente debatida, y que en ese camino recorrido se han realizado numerosas modificaciones, siempre buscando que no se vaya a crear un organismo que esté por encima de nuestra soberanía, ni que sustituya a las instituciones guatemaltecas en materia de justicia.
Pero la atención en torno al debate sobre la Cicig se seguirá ahora con más atención, ya que se introduce con fuerza el ingrediente político-electoral. Cabe la posibilidad, incluso, de que se convierta en uno de los factores más influyentes en lo que será la recta final de nuestro proceso electoral.
La parte positiva de esto es que servirá como un termómetro más para conocer de los candidatos, de los partidos y de las personas que los integran. Para los electores, como para los medios de comunicación, es una oportunidad de conocer mejor cuán congruentes son con lo que proponen.